La Unión de Abogados Penalistas llaman a respetar la sentencia del ‘procés’
Los abogados penalistas de España defienden que se cumpla la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre el 'procés'.
La asociación ‘Unión Española de Abogados Penalistas’ llama a respetar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre el ‘procés’ y recuperar la convivencia en Cataluña que, según manifiestan, «no se puede centrar machaconamente en lo que los tribunales han decidido».
Los abogados especializados en Derecho penal aseguran que la sentencia refleja un juicio en el que se han valorado hechos y no se han enjuiciado simples ideas, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.
También han recordado la independencia de la Sala de lo Penal que no ha admitido el planteamiento acusatorio dictado por el Ministerio Fiscal que en su escrito de conclusiones definitivas solicitaba una condena por rebelión consumada con malversación. Por otro lado, tampoco se impuesto las penas solicitadas por la Abogacía del Estado y decidieron ampliar la condena de Oriol Junqueras a 13 años de prisión con respecto a los 12 solicitados por la acusación ejercida por Abogacía.
Recursos legales
Los abogados entienden que las sentencias puedan criticarse y, de hecho, recuerdan que el propio ordenamiento jurídico establece vías para recurrir las sentencias dando oportunidad a las partes para que se alcen contra una decisión judicial y conseguir que la resolución sea revocada pero desde los cauces legales.
Los abogados penalistas explican que «las críticas a las resoluciones judiciales son legítimas, expresadas individual o colectivamente, siempre que se hagan en el marco de los derechos fundamentales, que son ampliamente reconocidos y amparados por la doctrina de nuestro tribunal Constitucional, sea mediante la libertad de expresión, sea en el ejercicio del derecho de manifestación que transcurra por cauces pacíficos».
Finalmente, la Unión Española de Abogados Penalistas hace un llamamiento para que se respete «en toda su esencia» el sistema democrático que conlleva la separación de poderes y, por tanto, libertad para que el poder judicial pueda dictar las sentencias que considere siguiendo las estrictas reglas del juicio previo y salvaguardando todas las garantías procesales.