Secretos Oficiales

La UE afea a Sánchez la opacidad de la ley franquista que le permite ocultar sus viajes en Falcon

Sánchez Falcon
Pedro Sánchez y el Falcon del Ejército del Aire.
Segundo Sanz

La Comisión Europea ha afeado al Gobierno de Pedro Sánchez la opacidad de la ley de Secretos Oficiales, que data de 1968 y bajo la que se ha parapetado para ocultar datos de sus viajes en Falcon, avión de las Fuerzas Armadas españolas. Una información que tanto los partidos de la oposición como la ciudadanía ha exigido al presidente en pro de la transparencia pública.

Bruselas publicó este miércoles su informe anual 2022 sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea, incluyendo por primera vez recomendaciones por país, en concreto, seis en el caso de España. Una de ellas insta a «trabajar par reforzar el acceso a la información, en particular a través de la revisión de la Ley de Secretos Oficiales», según recoge el informe firmado por el Ejecutivo comunitario, que confía en que la nueva ley facilite el acceso «a los periodistas y el público en general» en situaciones actuales en las que no ocurre así. Como, por ejemplo, en relación a sus desplazamientos en aeronaves del Ejército.

En concreto, el documento de la Comisión relata que una comisión ministerial creada en 2021 e integrada por los departamentos de Presidencia, Interior, Defensa y Asuntos Exteriores para revisar la Ley de Secretos Oficiales ha continuado su trabajo «con el objetivo de revisar la ley franquista para finales de 2022». Un plazo que, en principio, el Ejecutivo quiere cumplir a tenor del anuncio que realizó este miércoles el presidente del Gobierno en el transcurso del Debate del Estado de la Nación.

Sánchez afirmó desde la tribuna de oradores del Parlamento que el Consejo de Ministros tiene intención de aprobar antes de que acabe el mes de julio el anteproyecto de la nueva ley de Secretos Oficiales. «El compromiso del Gobierno es aprobar el anteproyecto de ley este mes de julio. Se encuentra en la última fase de elaboración», trasladó Sánchez durante su turno de réplica al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

Un proyecto de ley tarda unos cinco meses desde que el Consejo de Ministros lo envía al Parlamento hasta que, aprobado definitivamente por el Congreso, sancionado y promulgado por el Rey y publicado en el BOE, se convierte en Ley. De ahí que el Ejecutivo esté todavía en condiciones de cumplir el plazo trasladado por el Ministerio de la Presidencia, que dirige Félix Bolaños, a la Comisión Europa en una visita de las autoridades comunitarias a España.

Además, el informe de 2022 sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea subraya que «se espera que la ley actualizada haga el acceso a la información oficial más fácil para los periodistas y el público en general». Y es que en la actualidad, de ahí que Bruselas afee esta opacidad al Ejecutivo, hay un déficit en transparencia por parte del Gobierno debido a su refugio en la ley franquista de Secretos Oficiales.

Actos del PSOE

Uno de estos asuntos es, por ejemplo, el abuso del Falcon, avión de las Fuerzas Armadas, incluso para acudir a multitud de actos del PSOE ajenos a su gestión gubernamental, lo que ha inspirado decenas de preguntas de la oposición en el Congreso y de ciudadanos vía Portal de Transparencia sobre horas de vuelo, coste de las mismas o impacto medioambiental. Ante tales iniciativas, Moncloa siempre se ha escudado en la norma de 1968.

Esta ley señala que «tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma, y en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección».

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