El Tribunal de Cuentas requerirá a Uxue Barkos la documentación fiscal que se niega a entregar

Uxue-Barkos
Uxue Barkos, presidenta de Navarra. (Foto: AFP)

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, se dirigirá personalmente a la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, para requerirle la documentación necesaria para un informe de fiscalización y que hasta la fecha no ha sido entregada.

Así lo ha aprobado el pleno del órgano fiscalizador en su reunión de hoy. Durante la sesión se ha analizado la negativa del Gobierno foral de Navarra a enviar los documentos contables que previamente le había solicitado el Departamento de Fiscalización del Tribunal.

Es una documentación, relativa a los planes de ajuste llevados a cabo en 2012, no sólo fundamental para la fiscalización de Navarra, sino para completar el informe de fiscalización de todas las comunidades y ciudades autónomas.

El informe se centra en los planes de ajuste que tuvieron que acometer los gobiernos autonómicos en 2012 en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La decisión adoptada hoy por el pleno consiste en que ya no será ese Departamento de Fiscalización el que se dirija al Gobierno de Navarra, sino que será el propio presidente el que se pondrá en contacto con Barkos para requerir los documentos.

El Gobierno de Navarra, una vez recibida la instancia de Álvarez de Miranda, dispondrá de un plazo de 15 días para efectuar el envío. En el caso de persistir el incumplimiento, el pleno del Tribunal de Cuentas podría emprender otras medidas previstas en la Ley, que podrían llegar, si se aprecia falta de colaboración, a la imposición de una multa, según la normativa.

La propia Uxue Barkos ha defendido que es la Cámara de Comptos, y no el Tribunal de Cuentas, la institución «competente» en la fiscalización de las cuentas forales.

«Está bien acreditado, tanto en la LORAFNA como en la ley de la Cámara de Comptos, como en la Constitución, que las cuentas de las instituciones navarras son auditadas por la Cámara de Comptos», ha afirmado.

«Es una polémica ya antigua que ha enfrentado, en más de una ocasión, al Gobierno de Navarra con el propio Tribunal de Cuentas, en una interpretación que entendemos no se ajusta a la normativa vigente», ha indicado Barkos, que ha mantenido que la posición del Ejecutivo «va a ser firme en el cumplimiento estricto de la ley».

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