El Tribunal de Cuentas investiga al fugado Puigdemont por desviar fondos para el 1-O

Las pesquisas tienen su origen en un escrito presentado esta misma semana ante el órgano fiscalizador por el jefe del Ministerio Público ante dicho órgano, Miguel Ángel Torres, al que se suma el interpuesto por Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución.

La responsabilidad contable se exige por la Fiscalía al ex president, a la interventora de la Generalitat Rosa Vidal y respecto de otras 17 personas, entre los que se encuentran ex miembros del Govern en el momento de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) como Oriol Junqueras y también los que dimitieron en julio de 2017.

El documento fiscal, de 38 páginas, no fija una cantidad concreta de gastos a reclamar ni incluye un listado de los mismos como tal, ya que según fuentes consultadas en este momento se activa una fase preliminar de la investigación contable, en espera de información que aún debe remitir el Tribunal Supremo y el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. La cantidad a reclamar se conocerá cuando tras finalizar la instrucción se redacte el acta de liquidación provisional.

El documento del fiscal Torres cita entre otras facturas de gasto por los locales de votación -900.906.70 euros-, gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.6661,96 en papeletas y 38.431,20 en cartelería. Por lo que se refiere a la acción exterior, el documento destaca la «acción de la presidencia catalana» en el exterior que absorbió 2,3 millones de euros, a lo que se añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.

En este escrito, lo que se solicita expresamente es que se inicie un expediente de responsabilidad contable por daños causados a los fondos públicos de la Generalitat de Cataluña contra un total de 19 personas y considera que «se ha constatado la asignación y disposición de fondos y recursos públicos para financiar las actividades relacionadas con la preparación y la ejecución del referéndum ilegal de autodeterminación del 1-O».

El escrito de la Fiscalía se conoce un día después de que Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución presentaran su propia denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el ex president Catalán y sus ex consejeros por los mismos hechos, si bien en el caso de estas organizaciones el dinero irregularmente gastado sería de 1,97 millones de euros de fondos públicos.

La rendición de cuentas, según el fiscal, ha de entenderse «referida al deber genérico que pesa sobre cualquier gestor de fondos públicos de justificar el empleo que haya dado a los mismos (*) que debe considerarse existente para todos los sujetos que tengan capacidad de decisión en materia de gasto público, estén o no obligados a presentar periódicamente rendiciones de cuentas formales».

Afectados

La Fiscalía dirige su denuncia contra 19 personas que tenían algún cargo en la Generalitat en el tiempo analizado. Así, además de a Puigdemont, acusa de haber utilizado fondos públicos para el 1- al vicepresidente Oriol Junqueras, los ex consejeros Raül Romeva (Exteriores), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior), Carles Mundó (Justicia), Santiago Vila (Cultura), Dolors Bassa (Trabajo), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), Jordi Turull (Presidencia), todos ellos a punto de ser juzgados en el Tribunal Supremo por el ‘procés’ independentista.

También a Meritxell Serret (Agricultura), Antoni Comín (Salud), Lluís Puig (Cultura) y Clara Ponsatí (Enseñanza), procesados por los mismos hechos que los anteriores, pero que se encuentran huidos de la Justicia española junto al expresidente. Asimismo, denuncia a los exconsejeros Neus Munté (Presidencia), Jordi Jané (Interior), Jordi Baiget (Empresa), Meritxell Ruiz (Enseñanza), que dimitieron en julio de 2017 tras la remodelación que emprendió Carles Puigedmont en su equipo de gobierno para reafirmar el compromiso del Gobierno catalán con la celebración del referéndum; y a la interventora general, Rosa Vidal.

Los pagos vinculados a la preparación y celebración del referéndum del 1-O, según el escrito «infringen por tanto la normativa presupuestaria y contable, pues esta normativa no autoriza ningún gasto cuyo destino sea financiar actividades ajenas a las competencias de la entidad pública y contrarias al ordenamiento jurídico».

En este caso, incide la fiscalía en que, «nos encontramos en presencia de gastos desconectados de cualquier finalidad pública que lícitamente pudiera perseguir la Generalidad de Cataluña. Serían «equiparables a los pagos sin contraprestación, dado que el bien o servicio que se retribuye en este caso no redunda en provecho ni sirve a los fines de la entidad pública con cuyos fondos se paga, por lo que ésta, en realidad, nada recibe a cambio de pago que realiza».