El Supremo incluye como actos violentos propios de la rebelión el acoso a Levy y otros políticos

El Tribunal Supremo que juzga a los golpistas del 1-O considera que los actos de acoso a políticos, como el sufrido por Andrea Levy, entran dentro de la violencia desatada en Cataluña con motivo del 1-O, lo que justifica la imputación por rebelión de los 12 altos cargos del Govern que se sientan en el banquillo de los acusados.

Estos actos no de acoso violento a Levy y a otros políticos constitucionalistas no fueron meros casos de libertad de expresión como defendían los separatistas. Informes judiciales y de la Guardia Civil los incluyeron como comportamientos violentos que justifican el delito de rebelión en el golpe separatista del 1-O y en sus actos preparatorios. Y el Supremo los ha incorporado como tales.

Esa violencia es, de hecho, ya parte de la justificación que soporta el paso del delito de sedición al de rebelión, junto con el asedio a la Departamento de Economía de la Generalitat, el destrozo de los coches de la Guardia Civil o los ataques a agentes de la Policía el día del referéndum ilegal.

Andrea Levy vivió en sus carnes la violencia independentista. Todo sucedió el 10 de diciembre del 2017. La vicesecretaria del PP fue el blanco de la ira de los separatistas en Sant Fost de Campsentelles (Barcelona). El acto oficial era simplemente la inauguración de un Belén viviente. Pero el evento se convirtió en la disculpa de los golpistas para rodear de forma sistemática a Levy y que un grupo de personas con lazos amarillos en sus móviles fuese siguiendo y empujando a la Popular durante todo el recorrido por el municipio.

El paseo no fue precisamente agradable para la política, a la que insultaron durante todo el trayecto, empujaron, intimidaron e impidieron cualquier actividad política.

Tras librarse de sus perseguidores, Levy denunció públicamente los hechos y señaló que se había sentido «acosada» por los golpistas que la rodearon «permanentemente» e intentaron «coaccionarme e intimidarme”, personas “que han imposibilitado» el desarrollo «con normalidad» de un acto de «campaña democrática». «No me han dejado casi andar, pasear, queriéndome violentar y hacer que me fuera», aseguró la política catalana.

La ‘popular’ escribió en aquel momento en Twitter: “Hoy han intentado intimidarme un grupo de independentistas mientras paseaba por Sant Fost de Campsentelles. Y digo que lo han intentado, no conseguido. No hay acoso que pueda con mi libertad ni la valentía de todos los catalanes que queremos convivencia!”.

Hoy han intentado intimidarme un grupo de independentistas mientras paseaba por Sant Fost de Campsentelles. Y digo que lo han intentado, no conseguido. No hay acoso que pueda con mi libertad ni la valentía de todos los catalanes que queremos convivencia! pic.twitter.com/THRAg6Mebs

— Andrea Levy (@ALevySoler) December 10, 2017

Desde entonces Levy lleva escolta cuando acude a las poblaciones catalanas. Y, de hecho, uno de los escoltas conocedores de lo ocurrido aquellos días y con experiencia en el País Vasco no dudo en confesarle que “no había visto un grado de acoso y persecución así desde hace mucho tiempo. Ni siquiera en el País Vasco”.

Pero lo cierto es que, pese a los mensajes de los separatistas desvirtuando la existencia de violencia, el informe de la Guardia Civil del 28 de febrero enviado ya en su momento al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena corroboró la existencia del delito de rebelión en el golpe separatista e incluyó 404 actos violentos: 95 contra agentes o instalaciones de la Guardia Civil; 99, contra la Policía Nacional; otros 17, contra los propios Mossos; 193 consistentes en ataques o cortes de carreteras y vías ferroviarias con motivo de las huelgas de los días 3 de octubre y 8 de noviembre.

Y otro informe posterior, de la asociación Catalunya Somos Todos, recogió todo un nuevo listado de casos hasta el 30 de noviembre con un centenar de actos de acoso violento en Cataluña: entre ellos retiradas de banderas por la fuerza, amenazas, insultos a la judicatura o ataques a líderes políticos como la celebración de la muerte de la concejal del PP en Tarragona Marbel Neguerela o el citado acoso a Andrea Levy. Y todo ello figura ya entre la documentación que evalúa el Supremo.