El Supremo activa la defensa contra la amnistía: recurrirá a la UE «más pronto que tarde»

La maquinaria empieza a funcionar en el Tribunal Supremo ante la inminente aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Amnistía que permitió la investidura de Pedro Sánchez gracias a Junts, ERC, Bildu y otros partidos. Tal como ha confirmado OKDIARIO, los magistrados ya tienen decidido abrir en una providencia un plazo de 10 días a los independentistas para que se posicionen sobre cómo habría que aplicar la ley a sus casos diversos.

Tras ello, los jueces se reunirán para deliberar qué hacer. Una de las opciones que tiene más peso, si lo respalda la mayoría de la Sala, es dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para ver si la ley aprobada cumple con los requisitos del derecho comunitario.

El Congreso, si no hay sorpresas de última hora, dará el visto bueno a la Ley de Amnistía este jueves, tras seis meses de tramitación parlamentaria. El Rey tiene 15 días de plazo para sancionarla. A continuación, aparecerá en el BOE, donde se fijará el día de entrada en vigor. Podría ser la misma fecha de su publicación. En todo caso, las voces pulsadas apuntan a que no se agotarán los tiempos. Este mismo viernes o a principios de la semana que viene podría estar la ley en vigor.

Inmediatamente después llega su aplicación. Los condenados y fugados alegarán previsiblemente, si no inician recursos singulares, que se les borre toda responsabilidad penal, administrativa y contable. Ahí, el Supremo marcará la pauta. Deberá decidir si consulta la legalidad de la norma a Europa. «Se hará más pronto que tarde. Nos gustaría antes de verano aclarar las dudas que puedan surgir, pero no se puede aventurar lo que puede pasar, paso a paso», apuntan varias fuentes del Alto Tribunal.

Decidirán 11 jueces (los seis que dictaron la sentencia del procés, tres que están en la Sala de Apelación y otros dos dedicados a instrucción). En todo caso, se da por hecho que los jueces no tardarán en tomar esa medida de acudir a Luxemburgo. En caso contrario, no aplicar la Ley y a la vez no plantear sus dudas jurídicas, les podrían enfrentar a acusaciones de incumplir una ley plenamente en vigor.

Una vez que se resuelva acudir o no a Luxemburgo y si, en efecto, se trasladan las dudas del encaje de esa ley que perdona delitos de todo tipo a cambio de una investidura, las causas judiciales entran en suspensión. Tal como previsiblemente los jueces indicarán al TJUE en su escrito, la cuestión prejudicial congelará los procedimientos ligados a ese asunto.

Regreso de Puigdemont

En ese contexto, surge la duda de si se levantan las medidas cautelares o no, es decir, la orden de detención a Carles Puigdemont y otros fugados que les impide regresar a España. Como ha publicado varias veces OKDIARIO, el plan del Supremo es levantar esas órdenes. Teniendo en cuenta que, a la postre, la Ley de Amnistía puede considerarse, al menos parcialmente, constitucional y ajustada al derecho de la UE, no se puede perjudicar más de la cuenta a los afectados. Aunque el juez podría dentro de sus competencias mantener las cautelares, las fuentes dan por hecho que se levantarán.

El TJUE tardará meses en pronunciarse. Antes, podría resolver alguna duda urgente del Supremo. En todo caso, durante esos meses las condenas –por ejemplo, la inhabilitación de Oriol Junqueras para ser candidato a las elecciones– seguirán plenamente vigentes.

Reuniones clave

En este marco de la luz verde a la Ley de Amnistía, el Supremo ya ha realizado reuniones clave. Los expertos en cuestiones prejudiciales en la judicatura española están en marcha para resolver cualquier duda de última hora. Llega los instantes de la verdad y la cuestión clave de la legislatura actual depende de los pasos que se den desde la élite de la Justicia española.

En paralelo, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional tienen previsto, inicialmente, realizar sendas cuestiones prejudiciales. Por otra parte, los juzgados de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana con casos relativos al procés –del orden de 600 personas potencialmente a verse beneficiadas– deberán esperar a la respuesta al Supremo para luego no tener que corregir, si bien todo está por ver. También podrían preguntar al TJUE o borrar motu propio las condenas que impusieron en la última década a nacionalistas catalanes.

Los magistrados del Supremo que estudian cómo aplicar la amnistía que saldrá del Congreso tienen tres melones abiertos: la condena a los dirigentes del procés que no se fugaron y que fueron parcialmente indultados por Sánchez, las diligencias contra Carles Puigdemont y otros fugados que esquivaron el juicio del Alto Tribunal –donde Pablo Llarena ejerce de juez instructor– y la causa contra Puigdemont y el diputado Rubén Wagensberg por impulsar al grupo violento Tsunami –donde la responsable es la magistrada Susana Polo–.

La ley impulsada por el PSOE pretende borrar los delitos ejecutados en el contexto del independentismo entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. Los expertos jurídicos dudan de si es legal olvidar delitos de malversación de caudales públicos –sobre todo si se trata de fondos de la UE– y los de terrorismo –haya o no condena en firme–.

La amnistía ampara, si no lo impide ahora el Supremo, el terrorismo indiciariamente atribuido al procés, «siempre y cuando» no se haya actuado «de forma manifiesta y con intención directa» de causar «violaciones graves de Derechos Humanos», como matar y torturar. Exonera los actos tipificados como tortura cuando «no superen un umbral mínimo de gravedad» y también olvida presuntos casos de traición cuando no se haya producido una «amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial» como fija la ONU.

Con la amnistía en el BOE, los jueces del Supremo y de otros órdenes serán los encargados de aplicarla «con carácter preferente y urgente» en «plazo máximo de dos meses». En todo caso, una cuestión al Tribunal Constitucional o al TJUE, como se ha publicado, suspende ese plazo. En cualquier caso, todo pende de un hilo. «Entramos en un territorio legal inexplorado», resumen.