Juicio del 'procés'

El Supremo cree a Trapero: el mayor de los Mossos advirtió al Govern de la violencia del 1-O

La Sala de lo Penal no duda de la versión de los hechos que dio Trapero durante su declaración como testigo. Algo que, sin prejuzgar, podría suavizar la calificación jurídica de la Fiscalía ante el futuro juicio al mayor de los Mossos en la Audiencia Nacional.

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Josep Lluís Trapero y Joaquim Forn

El tribunal presidido por el juez Manuel Marchena entiende que queda "acreditado por la testifical del Mayor de los Mossos", José Luis Trapero -y el resto de mandos del Cuerpo policial autonómico- "que el acusado Oriol Junqueras, en su condición de vicepresidente del Govern", fue informado del "importante riesgo para la seguridad que podía derivarse de la constatada presencia de colectivos radicales y de la movilización de una cifra de personas próxima a los dos millones" de ciudadanos, durante el referéndum ilegal del 1-O.

El entonces máximo responsable jerárquico de los Mossos advirtió a los responsables políticos del Ejecutivo catalán de "la alta probabilidad de enfrentamientos con las fuerzas policiales encargadas de cumplir el mandato judicial", escenario que "hacía aconsejable", a su juicio, "la suspensión de la votación prevista para el día 1 de octubre", recoge la sentencia del ‘procés‘, en la página 386 y siguientes.

Pese a ello, los miembros del Govern de Puigdemont presentes en dicha reunión -el propio presidente de la Generalitat, el vicepresidente Junqueras y el consejero de Interior, Joaquim Forn- "fue la de seguir adelante con el referéndum". Tal es así, que al término de dicho encuentro, Puigdemont "manifestó a todos los presentes que si el día 1 de octubre se desataba la violencia declararía la independencia", reconoce la Sala Segunda de lo Penal en sus fundamentos jurídicos.

"La Sala no duda de la realidad de ese encuentro y del mensaje transmitido por los responsables de Mossos" a los máximos dirigentes del Govern. Si bien no da ningún tipo de credibilidad a la versión del acusado Junqueras que -en el marco de su "voluntad sedicente"- desoyó las advertencias de los responsables policiales e ignoró el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que prohibía la realización del referéndum del 1-O y ordenaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local- que incautaran el material, cerraran los colegios e impidieran la votación ilegal.

Escenario de Violencia

Para el tribunal las respuestas de Junqueras a las cuestiones relacionadas con la reunión mantenida con Trapero -más allá de ser comprensibles como "estrategia defensiva"- no tuvieron "la fuerza de convicción necesaria para neutralizar el valor probatorio de la declaración de los altos mandos policiales", cuyos testimonio fueron consistentes y coherentes "en lo esencial".

Junqueras "no puede disimular el mensaje reiterado y conscientemente enviado a la ciudadanía" desde su posición de vicepresidente de la Generalitat: "defender el referéndum, defender las urnas, resistencia y oposición a los requerimientos policiales".

El papel de los Mossos

Tal y como avanzó OKDIARIO, los magistrados del Alto Tribunal han focalizado su resolución en la estrategia definida, desde las instituciones catalanas, para el cuerpo policial autonómico durante el aciago otoño de 2018. Y por tanto, la sentencia del ‘procés’ se ha limitado a determinar la responsabilidad política de quienes, liderando la ‘hoja de ruta’ separatista, quisieron utilizar a los Mossos para lograr su objetivo último: obligar al Estado español a negociar una consulta pactada para Cataluña.

No ha habido reproche en la sentencia del ‘procés‘ para la actuación de los Mossos como tales, ni de sus mandos policiales. Si bien, el Supremo da pleno crédito a la versión de los hechos manifestada por Trapero durante su declaración como testigo en la causa. De las consecuencias penales de su actuación, se ocupará la Audiencia Nacional en el juicio fijado, a partir del 20 de enero.

Será el tribunal especial el encargado de determinar si los agentes catalanes -y sus mandos- incurrieron, por acción u omisión, en conductas delictivas durante el transcurso de las protestas convocadas el 20-S y las votaciones del 1-O.

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