Los socios de Sánchez no se conforman con Telefónica: «Hay que nacionalizar las empresas estratégicas»

La decisión del Gobierno de comprar hasta un 10% del capital de Telefónica, convirtiéndose así en el mayor accionista, ha animado las exigencias de los socios de Pedro Sánchez -empezando por Sumar- para que ese movimiento de control del Ejecutivo se extienda a otras «empresas estratégicas». A esa petición se han sumado ya el resto de los principales socios de izquierdas de Sánchez, a saber, Bildu, ERC y Podemos.

«Emprendemos de nuevo un camino que nunca debimos abandonar cuando en los 90 se privatizaron nuestras grandes empresas», ha celebrado la vicepresidenta Yolanda Díaz tras conocerse la noticia. En su objetivo de nacionalización de las compañías estatales, Díaz ha advertido a Sánchez que «el Estado debe estar presente en las empresas estratégicas de nuestro país».

«Control»

Desde su partido también alientan que la decisión en Telefónica es «un paso en la necesaria recuperación de capital público español» en una empresa estratégica y no ocultan su intención de «que el Estado recupere participaciones de control» en otras similares, por ejemplo, en el sector energético. Ese movimiento de injerencia empresarial lo enmarcan en la «autonomía estratégica» española.

En su documento programático, el partido aboga abiertamente por la creación de una «empresa pública de energía que incluya la gestión de las centrales hidroeléctricas, propiedad del Estado, según vayan finalizando las concesiones». Sumar propone, asimismo, establecer «los mecanismos adecuados que permitan a las zonas afectadas por la instalación de estas centrales un mayor beneficio económico», como «fórmula de compensación» por la «servidumbre soportada durante décadas».

«Telefónica es una compañía líder en el ámbito de las telecomunicaciones tanto en España como en el plano internacional. Desarrolla un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos». Así han justificado desde el Gobierno que el Consejo de Ministros haya ordenado este martes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la adquisición de hasta un 10% del capital social de la compañía.

El Ejecutivo argumenta que la decisión responde al objetivo de «proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas».

El movimiento del Gobierno tiene lugar apenas tres meses y medio después de que la empresa de telecomunicaciones saudí STC -controlada en un 64% por el Gobierno de Arabia Saudita a través del fondo soberano PIF (Public Investment Fund)- irrumpiese en el accionariado de Telefónica al comprar un 9,9% del capital social de la compañía. Una operación que consistió en la adquisición de un 4,9% de acciones de forma directa y de un 5% mediante derivados financieros.

En octubre, la SEPI ya confirmó a la CNMV que estaba valorando comprar una participación en Telefónica, aunque sin concretar el porcentaje.

Bankia, Endesa…

Los socios separatistas de Sánchez también han aplaudido este control empresarial por parte del Gobierno. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha instado al Ejecutivo a nacionalizar Telefónica para que no esté «al servicio del mercado, en el peor sentido posible».

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha compartido en las redes sociales un mensaje del ex portavoz del partido en el Congreso, Pablo Echenique: «Si puedes comprar el 10% de Telefónica para que no la controlen los saudíes, también puedes recuperar Bankia y la titularidad estatal de Endesa que regalaste a los italianos, así como crear una farmacéutica y un supermercado públicos. Si no lo haces, es porque no quieres».

Podemos defiende la constitución de una gran empresa pública en cada uno de los sectores estratégicos (banca, energía, telecomunicaciones, producción de medicamentos, distribución de alimentos, entre otros).

De hecho, Belarra lleva meses reclamando a Pedro Sánchez la compra del 10% de Telefónica. «El control público de empresas estratégicas es una urgencia desde el punto de vista democrático y de la seguridad», ha considerado la líder de Podemos. Echenique ha apostado igualmente por esa vía, considerando que la entrada de Arabia Saudí, que define como una «teocracia asesina», en Telefónica es una de las «consecuencias que tiene el haber malvendido empresas públicas en sectores estratégicos», pues además supone en «riesgo» la seguridad nacional.

«Pues ya que han arrancado no debieran pararse. Podrían hacer algo parecido en Repsol, Endesa, Iberdrola y otras tantas…», ha compartido, por su parte, el diputado de Bildu Oskar Matute.

«Populismo»

Desde el Partido Popular han criticado la decisión del Gobierno y consideran que no hay «motivo justificado» para la entrada de la SEPI en la empresa. Los populares han calificado este movimiento de «populismo» que amenaza con «romper» el mercado.

El coordinador del área de economía del PP, Juan Bravo, ha señalado que el Gobierno ha hecho esta operación «porque quiere» y «sin motivo justificado». Sobre todo porque el Gobierno dispone de la llamada acción de oro, que le permite ejercer el poder de veto sobre determinadas decisiones de la compañía.

Por ello, desde el PP destacan que la compra por parte del Gobierno implica un acto de «intervención». «Ahora parece que el siguiente paso es la intervención, la ocupación y la colocación dentro del ámbito del sector privado», señalan, recordando a su vez que la operación de Telefónica no es el primer ejemplo de esta «intervención» porque el Gobierno de Pedro Sánchez ya lo hizo con Indra cuando SEPI compró un paquete de acciones para convertirse en el primer accionista de la empresa.