El Gobierno y sus socios impiden que el Congreso apruebe una ley contra la corrupción

A los partidos que conforman el pacto de investidura les produce alergia todo lo que huela a corrupción, pero a la lucha contra ella. Porque, absolutamente todos han votado hoy en el Congreso en contra de tramitar una ley para enfrentarla.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles tramitar la proposición de ley de Medidas de Lucha contra la Corrupción presentada por Ciudadanos, que, sin embargo, sí ha recibido el apoyo del Partido Popular, Vox y Más País. Más polarización no puede haber.

La iniciativa de Ciudadanos, que ha recibido 159 votos a favor, 178 en contra y 11 abstenciones, ha sido rechazada por el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), entre otros.

Curiosamente, son todos los partidos de izquierda y nacionalistas que vapulearon al PP de Mariano Rajoy, hostigándole contra la corrupción por varias tramas. De hecho, Pedro Sánchez alcanzó la Moncloa por primera vez tras la moción de censura que echó al gallego de la Presidencia de España tras la sentencia de la primera época de la trama Gürtel. Como se recordará, el fallo condenó al PP como partícipe a título lucrativo en dicha trama en un texto condenatorio de extrema dureza contra el PP y su ‘caja B’.

El texto rechazado ayer en  el Congreso de los Diputados incluía medidas y reformas para proteger a los denunciantes de corrupción, tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, suprimir los plazos máximos de instrucción de las causas penales, prohibir los indultos a personas condenadas por corrupción, establecer la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos y otras organizaciones.

También proponía crear la Autoridad Independiente de Integridad Pública (AIIP), que podría imponer sanciones económicas y disciplinarias a los infractores y juzgaría la idoneidad de los candidatos a ocupar altos cargos públicos, entre otras funciones.

Tramas de corrupción

Al defender la proposición de ley, con un texto similar al que Ciudadanos registró en anteriores legislaturas, el portavoz adjunto del grupo, Edmundo Bal, ha invitado a los diputados a votar a favor de su admisión a trámite para «decir no a la corrupción».

Durante su intervención ha señalado que, en los últimos 40 años, ha habido en España más de 200 tramas de corrupción que han afectado a partidos como el PP, el PSOE, Izquierda Unida, Convergència i Unió o el PNV, y ha añadido que para acabar con este tipo de prácticas solo hace falta voluntad política.

Muchos de los diputados que han rechazado la iniciativa de Ciudadanos han argumentado que la consideran insuficiente, por ejemplo, por no tener en cuenta la corrupción en el ámbito privado o por quedarse corta en las medidas de protección de los denunciantes.

Asimismo, varios han reprochado a la formación naranja que proponga crear un nuevo órgano, la AAIP, que consideran que asumiría funciones que ya realizan otras instituciones.

La directiva europea

Pero, sobre todo, han coincidido en calificarla de poco oportuna en este momento, al recordar que el pasado diciembre entró en vigor la directiva europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Como ha indicado la diputada socialista Rafaela Crespín, el Gobierno ya trabaja en un proyecto de ley para trasponer esta directiva al ordenamiento jurídico español y, a su juicio, muchos aspectos de la iniciativa de Cs «obvian» el contenido de esa norma europea o «entran en contradicción» con ella.

Estas objeciones han hecho que, en esta ocasión, la proposición de ley de Ciudadanos contra la corrupción no haya recabado en el Pleno los apoyos que sí consiguió en febrero de 2017.

En aquel momento, la Cámara Baja aceptó tramitar la iniciativa y a final de año terminaron de presentarse las enmiendas, pero después se quedó parada en la Comisión Constitucional, sin que se reuniera la ponencia para empezar a debatir las aportaciones de los grupos. El partido naranja volvió a registrarla el pasado diciembre, con el inicio de la nueva legislatura.