Los ‘okupas’ tendrán preferencia para acceder a un piso social si gobierna el PSC

Las medidas del PSC para combatir la ‘okupación’ puede acabar generando precisamente el efecto contrario, que ocupar viviendas salga gratis y que se ‘premie’ a los ‘okupas’ dándoles ventaja en el acceso a la vivienda social.

El partido de Miquel Iceta apuesta, en su programa para el 21 de diciembre, por la aprobación de una «estrategia interdepartamental» de abordaje de la ‘okupación’ con varias soluciones. Entre ellas, resolver la ‘okupación’ de viviendas de «grandes tenedores» propiciando que los propietarios cedan esa vivienda a la Generalitat y se regularice la situación del inquilino ilegal mediante un contrato de alquiler barato.

La propuesta del PSC establece algunos requisitos a los ‘okupas’, como que se encuentren «en situación de vulnerabilidad», que «acrediten arraigo en el municipio» y que «no haya problemas de convivencia» con el vecindario. En ese caso, se beneficiará de «un programa de inserción laboral y residencial personalizado» en el que «se podrá regularizar su situación habitacional mediante un contrato de alquiler social».

La situación podría provocar que quien ocupe ilegalmente una propiedad se vea favorecido frente a aquellos otros que, sin delinquir, deben guardar turno de espera en una lista para acceder a vivienda protegida.

Los socialistas persisten además en la polémica Ley 14/2015, que establece impuestos a las viviendas vacías, y apuesta por mejorar «la gestión tributaria» derivada de ese gravamen, que permitió a la Generalitat recaudar el año pasado 18,5 millones de euros. 

La ley está recurrida por el Gobierno, porque ese hecho imponible ya está gravado en el actual sistema de financiación de las haciendas locales, que prevé recargos de hasta el 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El TC levantó el año pasado la suspensión cautelar, al estar próximo a expirar el plazo estipulado para el levantamiento.

El PSC distingue con claridad entre si la ‘okupación’ genera o no conflictos de convivencia, siendo en este último supuesto mucho más permisivo. Así se recoge en otras medidas de programa, como la que propone fortalecer la actuación de los Mossos, añade, en casos de «ocupaciones generadoras de conflicto convivencial, delictivas o mafiosas».

Además, se creará la figura del «piso en custodia», un registro gestionado por los Mossos al que podrán recurrir aquellos propietarios que se vean obligados a dejar el piso vacío durante un máximo de un año y medio. De esta forma, existirá un «mecanismo de prueba en casos de ocupaciones no consentidas de la vivienda».

La gravedad de la ‘okupación’ en Cataluña

La ocupación ilegal es uno de los asuntos más acuciantes en la política de vivienda en Cataluña. La pasividad del gobierno independentista llegó a provocar que la propia Generalitat admitiese la existencia de pisos con ‘okupas’ campando a sus anchas durante más de tres años.

Se considera que hasta un 30 por ciento de las viviendas que gestiona la Agencia de la Vivienda de Cataluña-procedentes en su mayor parte del stock  de los bancos para ponerlos a disposición de familias vulnerables- tienen inquilinos ilegales.

Todo ello favorecido por la política de sus socios, la CUP, abiertamente partidarios de la ‘okupación’. Arran, sección de la formación antisistema, cuenta incluso con un manual en el que se incita a la violación del domicilio, se dan consejos para burlar a la Policía y se ofrece un listado de 13 páginas web de inmobiliarias de los bancos, para elegir el más adecuado.

La situación es especialmente preocupante en Barcelona. Según datos del Ayuntamiento, en 2016 había 1.065 pisos ocupados de forma ilegal, un 60% más que en el año anterior. La mayoría, concentrados en el distrito de Nou Barris. Aunque las cifras podrían quedarse cortas.  Lejos de atajar el problema, en marzo, el Consistorio dictó un protocolo sobre cómo debe actuar la Guardia Urbana ante desalojos de okupas entre particulares por vía extrajudicial, y que prevé que en esos casos se impida su desalojo. En el procedimiento, se ordena que se evite «cualquier tipo de desalojo, cierre de puertas y cambio de cerrojo».

De la magnitud de esta problemática da buena cuenta un ejemplo, conocido hace solo unos meses: un bloque de protección oficial, en la Ciudad de la Justicia de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con 25 de sus 64 pisos ocupados de forma ilegal.