La Seguridad Social confirma un recorte de más de 200 euros al mes en las pensiones de 2.000 funcionarios

El Gobierno acaba de recortar la pensión a más de 2.000 funcionarios y lo ha hecho por medio de un cambio de criterio en el reconocimiento de las cotizaciones. OKDIARIO ha accedido a los correos de algunos de los afectados en el área de Justicia que han solicitado la confirmación de la rebaja a la Seguridad Social. Y este organismo, efectivamente, ha remitido la simulación del recorte a los funcionarios perjudicados: una rebaja de más de 200 euros al mes en pensiones bajas. La cuantía, evidentemente, crece en pensiones superiores y puede llegar al 20% de la prestación.

El correo electrónico al que ha tenido acceso este diario y que hoy publica explica la situación con el siguiente texto: “Hemos realizado 4 cálculos, los dos primeros sin tener en cuenta el periodo contenido entre el 24/11/1986 y 16/08/1990, ya que no figuran en su vida laboral cotizados a la Seguridad Social y con el certificado facilitado, no se tiene la certeza de que se cotizaran a clases pasivas”.

Efectivamente, y como ya ha publicado este diario, el cambio se ha producido gracias al traspaso a la Seguridad Social de la gestión de las prestaciones de los funcionarios inmersos en las denominadas clases pasivas. Una decisión decretada por Pedro Sánchez en plena pandemia y que el sindicato CSIF ya alertó de que traería duras consecuencias negativas para los funcionarios afectados.

La clave del nuevo golpe a las jubilaciones realizado por la Seguridad Social se basa en que este organismo ha cambiado el criterio y no ha computado, a efectos de cotización, los años de ocupación interina de los puestos de trabajo de la Administración de Justicia.

El cálculo de la Seguridad Social remitido a una de las funcionarias afectadas es rotundo y severo: más de 200 euros. El cálculo se realiza con dos fechas potenciales de jubilación: el 1/04/2021: 1.253,54 € de pensión mensual; y con jubilación al 1/04/2022: 1.320,04 € de pensión mensual.

Pero la Seguridad Social ha incorporado el cálculo con los años de cotización que el recorte de Sánchez ha negado, con lo que se puede observar a la perfección la magnitud del golpe a los funcionarios afectados: con las mismas fechas de jubilación, las cuantías mensuales de la pensión se elevan hasta los 1.464,23 € y 1.544,60 €. Traducido: el recorte supone en el primer caso que los perjudicados pierden más de 200 euros al mes en pensiones nada elevadas. En concreto, y en el caso al que ha tenido acceso OKDIARIO, la pérdida es de 210,69 euros al mes o de 224,56 € al mes, dependiendo de la fecha de jubilación.

La pérdida puede llegar al 20% de la prestación, tal y como explican fuentes conocedoras del recorte

El sindicato CSIF ha exigido ya una reunión urgente a los ministros de Seguridad Social y Justicia para anular la decisión y devolver las prestaciones a la situación debida y pactada en el año 2015. Una situación que se había respetado hasta este momento, y hasta el cambio de órgano gestor de las prestaciones decretado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en plena pandemia.

El recorte afecta, de forma generalizada, a todos los cuerpos de la Administración de Justicia que hayan pasado por esta fase de interinidad: jueces, fiscales, letrados de la Administración, cuerpos generales y especiales. Los cálculos de los propios funcionarios apuntan a que el colectivo de interinos de la Administración de Justicia se puede situar entre las 2.000 y 3.000 personas. De ellos, parte habrá accedido ya a la jubilación. Pero la opacidad oficial en esta materia “hace difícil saber exactamente a cuántos empleados públicos puede afectar”, señalan esas mismas fuentes. La interinidad, además, es una situación totalmente habitual en la Administración.

Efectos en la pensión

Con todos ellos se ha abierto la puerta de los recortes a los funcionarios: su pensión, a partir de este momento, puede ser rebajada como consecuencia de ese cambio de criterio en el reconocimiento de las cotizaciones por parte de la Seguridad Social.

Desde CSIF explican que “antes del año 1990 los funcionarios interinos de Justicia carecían de un sistema de cotización para su jubilación. Esta situación irregular fue denunciada y sancionada por los Tribunales de tal manera que en ese año 90, la Administración se vio obligada a regularizar su situación. No obstante, con el paso del tiempo, ese personal, al acercarse su jubilación, ha ido comprobando que esos periodos anteriores al año 1990 no se han computado a efectos de jubilación”.

Por este motivo, CSIF exigió al Ministerio “que estableciera un mecanismo de regularización y ese compromiso se recogió en el acuerdo firmado en diciembre de 2015”. Desde el sindicato puntualizan que “la situación se resolvió para aquéllos que, con posterioridad, aprobaron su oposición y se integraron en el régimen de clases pasivas. Pero distinta suerte, están corriendo quienes no lo hicieron y llegan a la edad de jubilación en el régimen general de la Seguridad Social”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Justicia, ha empezado ya a recibir quejas de personas que, tras el cambio en la gestión de pensiones de clases pasivas de Hacienda a Seguridad Social, se ha percatado de que se le han computado años trabajados a la hora de acceder a la jubilación.

Para CSIF, “este cambio de interpretación, es el primer efecto del cambio de gestión del régimen de clases pasivas que, desde el 6 de octubre, ha pasado del Ministerio de Hacienda a depender de la Seguridad Social a nivel competencial. CSIF ya avisó de las posibles consecuencias de este traspaso y se ha dirigido a los diferentes grupos parlamentarios para blindar el régimen de las pensiones del colectivo de funcionarios en el marco del Pacto de Toledo. Sin embargo, como nos temíamos, han acabado llegando”.