Sánchez veta ayudas a los agricultores por 790 millones mientras perdona 15.000 al separatismo

El Gobierno de Pedro Sánchez ha recurrido a su poder de veto para negar al PP la posibilidad de debatir una proposición de ley dirigida a establecer medidas para ayudar al sector primario, esto es, agricultores, ganadores y pescadores, dotándoles de la categorización de «sector estratégico».

El Ejecutivo ha esgrimido para justificar dicho veto que esta medida podría llegar a costar más de 790 millones de euros al erario. Sin embargo, al tiempo que ha inadmitido esta proposición, sí se ha comprometido a perdonar 15.000 millones de deuda a los independentistas catalanes, tal y como consta en el acuerdo que incluye también la Ley de Amnistía. De hecho, el mismo día 6 de marzo en que PSOE, Junts y ERC anunciaron un acuerdo sobre esta cesión al separatismo, el Gobierno negó la citada ayuda a los agricultores.

En concreto, según el escrito -al que ha tenido acceso OKDIARIO- remitido por el Ejecutivo al Congreso de los Diputados, el PP solicitó la tramitación de una proposición de ley de «apoyo al sistema alimentario español como sector estratégico esencial de la economía» para dar estabilidad al mismo con una serie de herramientas a implementar en caso de crisis. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha vetado esta iniciativa en otro desaire a los agricultores, alegando que tendría un coste de hasta 796,5 millones de euros, exactamente. Moncloa calcula que ésta es la cuantía estimada que sería necesaria para bajar los costes de producción y con ello equilibrar la cadena alimentaria sin subirle los precios de los alimentos a los ciudadanos y sin tener que cerrar explotaciones.

De este modo, el escrito del Ejecutivo de PSOE-Sumar considera que la aprobación de esta proposición de ley es susceptible de producir en los Presupuestos Generales del Estado «una disminución de los ingresos y un aumento de los créditos presupuestarios». Por ello, el Gobierno ha rechazado prestar la conformidad para su tramitación «en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución». De esta manera, esta iniciativa del PP ni siquiera podrá debatirse en el Pleno del Congreso.

En relación con ello, fuentes del Grupo Popular, con el portavoz Miguel Tellado al frente, subrayan que «conocíamos de la falta de sensibilidad del Gobierno con este sector, pero negar que se pueda contar, en un caso extremo en que la crisis afecta a la disponibilidad de alimentos, con las ayudas de minimis que regula la Unión Europea, o que se reduzca el IVA de los insumos, que son los motivos por los que lo ha vetado, demuestra que el Gobierno o no tiene escrúpulos o no ha entendido nada».

«Desde luego el Gobierno de Sánchez no ha escuchado los problemas de agricultores, ganadores y pescadores que llevan años en las calles, y meses con los tractores intentando que alguien se haga eco de sus problemas y puedan seguir manteniendo el tejido productivo español y que todos podamos comprar alimentos de calidad a precios razonables», enfatizan las fuentes del PP en alusión a las protestas del sector primarios en las tractoradas.

«Problemas sanitarios»

En la exposición de motivos de esta proposición de ley, el PP señala que «la globalización de los mercados agrarios y la apertura del mercado europeo, si no se realizan con las debidas precauciones y con los oportunos controles sobre las producciones importadas, puede suponer un riesgo para la sostenibilidad de zonas de cultivo tradicionales, no sólo por las favorables condiciones de acceso al mercado que hace más competitivas las producciones de países terceros, sino también por los problemas sanitarios que en ocasiones acompañan a las producciones importadas».

«Se hace, por tanto, necesario -destaca el partido de Alberto Núñez Feijóo- disponer de un eficaz sistema de seguimiento integral de los mercados y de las condiciones de los intercambios comerciales, que permita identificar las amenazas a las que los productores están sometidos, facilitar la adopción de las medidas correctoras oportunas y evaluar el impacto de los riesgos», recoge el texto.

Asimismo, el PP defiende reducir de «forma temporal» la cuantía del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que soportan todos los agentes del sistema y que impacta «directamente en el precio de los alimentos, como la energía y los combustibles, o las materias primas e insumos necesarios para la actividad agraria que han registrado importantes incrementos de precio para agricultores y ganaderos», precisan los populares.

Otra tractorada el 17-M

Entre tanto, y mientras las protestas del sector primario se suceden en distintos puntos del país desde hace semanas, los agricultores convocados por la organización Unión de Uniones volverán a concentrarse contra el Gobierno de Sánchez en una tractorada en Madrid prevista para este domingo 17 de marzo.

«El Ministerio de Agricultura ha hecho oídos sordos a las bocinas de los tractores durante estas semanas y ha echado balones fuera como si fuera Bruselas la gran responsable y él no formara parte de la toma de decisiones. No vamos a parar hasta que nos den soluciones concretas», ha manifestado Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones.