Sánchez usa el CIS para sondear medidas «más exigentes» a punto de expirar el estado de alarma

A pocos días de que expire el estado de alarma, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sondea la aprobación de medidas «más exigentes» contra el coronavirus.

La última encuesta de José Félix Tezanos recoge -además de la intención de voto- diversas cuestiones relacionadas con la pandemia. Entre ellas, se pregunta por ejemplo: «Tal como está evolucionando la situación del coronavirus en España, ¿cree usted que es necesario que se tomen medidas de control y aislamiento más exigentes, como se ha hecho, o que se puede continuar como se está?».

Un 44,6% de los encuestados opina que habría que «tomar medidas más exigentes», frente a un 32,5% que considera lo contrario. Además, para un 2,2% es  necesario tomar «medidas dependiendo de cada zona», «otras medidas anticipatorias más eficaces y mejor planteadas» (2%), «cumplimiento de las medidas, más control y penalizaciones» (2,8%) o «mejor gestión y coordinación política» (0,8%).

Aval a Sánchez

Por otro lado, el CIS también busca el aval a la imposición de las medidas por parte del Gobierno. La encuesta pregunta: «Quién le gustaría a usted que se hiciera cargo de la lucha contra la pandemia primordialmente: el Gobierno de España, el Gobierno de las comunidades autónomas o ambos en colaboración».

Para una mayoría, el 67,8%, deberían ser «ambos en colaboración», mientras que un 16,2% apoyaría que fuese Pedro Sánchez quien se ocupase y un 8,1% los gobiernos de las comunidades autónomas.

Sánchez ha anunciado que su intención es no prorrogar el actual estado de alarma, que finaliza el próximo 9 de mayo. Una medida excepcional que el Gobierno impuso el pasado 25 de octubre, con una duración inédita -seis meses- y sin control alguno por parte del Congreso de los Diputados.

Pese al anuncio, de claro tinte electoralista por la proximidad de las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, no se descarta por completo que, una vez pasados los comicios, se vuelva a aprobar la medida.

De hecho, varios socios del Ejecutivo, como el Partido Nacionalista Vasco, y distintas comunidades autónomas han expresado su rechazo por el fin del estado de alarma y sus dudas sobre cómo controlar la pandemia.

Lo que trata de evitar Moncloa es, precisamente, afrontar una votación fallida en el Congreso, en plena campaña madrileña. Por ello, sólo acudirá al Congreso con los apoyos atados. De hecho, Sánchez siempre se ha guardado en la manga la posibilidad de volver al estado de alarma, si las regiones se lo suplican. Una reserva de poder excepcional de la que el socialista no quiere prescindir.

Ello explica, por ejemplo, su continuo rechazo a aprobar el plan B al que el propio Gobierno se comprometió en mayo del año pasado. Una reforma del actual marco legal sanitario para dotar a las comunidades autónomas de herramientas jurídicas suficientes.

El pasado 13 de mayo, la propia vicepresidenta Carmen Calvo admitió en una comparecencia en el Senado que ese paraguas jurídico estaba anticuado. 

«Una pandemia de esta naturaleza no está contemplada en nuestra legislación ordinaria de cara a adoptar las medidas precisas. Nuestra principal ley estatal tiene más de 30 años. En aquel entonces el legislador no pudo contemplar una situación como esta, porque era inimaginable», aseveró Calvo, prometiendo una reforma legislativa.

Sin embargo, la misma vicepresidenta insiste ahora en que, con la Ley  vigente, las comunidades pueden hacer «casi todo», a excepción de «inmovilizar a los ciudadanos en sus casas», por ejemplo a través de los toques de queda. Asimismo, señala que el Consejo Interterritorial «mediante una acción coordinada» puede aprobar el cierre de algunos territorios cuando estén «en situación de particular incidencia».

La pasada semana, el Partido Popular registró en el Congreso su alternativa jurídica a la alarma, la modificación de la Ley de Salud Pública, de 1986, que permitiría adoptar algunas medidas contra el Covid.

Así, la Ley facultaría a las autoridades sanitarias de las distintas administraciones públicas «realizar las acciones preventivas generales» y  «adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato», como «sometimiento a cuarentena o sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud pública».

También daría cobertura para «controlar o limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona», lo cual, se explica, «podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como al derecho de reunión que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados como en el número de personas». Por último, se faculta a adoptar todas las medidas «que consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».

Consejo de Estado

Cabe recordar que el propio Consejo de Estado ya advirtió a Pedro Sánchez en uno de sus dictámenes de las insuficiencias de la actual legislación en el contexto de lucha contra la pandemia.

Según el órgano consultivo «la Ley Orgánica 3/1986 contiene una regulación en extremo genérica de las medidas especiales en materia de salud pública limitativas de derechos fundamentales y libertades públicas y no efectúa remisión alguna al legislador autonómico».

Y añadía que: «Debe tenerse en cuenta, en todo caso, que se trata de una ley aprobada hace casi cuarenta años que no contiene una regulación acabada de su núcleo orgánico (…) por lo que podría resultar insuficiente para hacer frente, de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia administrativa y seguridad jurídica, a las necesidades a las que se enfrentan las autoridades sanitarias competentes».