Sánchez recibió informes del CNI alertando de la injerencia rusa en Cataluña nada más llegar a Moncloa

La alerta sobre la conexión entre el independentismo y Rusia, un asunto ahora judicializado, no es nueva. En mayo de 2018, sólo unos días antes de que Pedro Sánchez llegase a La Moncloa, el Centro Criptológico Nacional, organismo del CNI encargado de la protección frente a ciberataques, alertaba por primera vez sobre la injerencia rusa en Cataluña.

En un apunte en su informe sobre «ciberamenazas y tendencias», el centro avisaba: «Parece demostrada la presencia de activistas patrocinados por instituciones rusas en la expresión mediática del conflicto derivado de la situación creada en Cataluña durante 2017, como consecuencia del alejamiento de la legalidad constitucional vigente de ciertas instituciones autonómicas catalanas».

«Activistas patrocinados»

El informe del CNI sobre la injerencia de Rusia en Cataluña se conoció apenas 10 días antes de que Pedro Sánchez llegase a La Moncloa, a través de la moción de censura contra el Gobierno del PP. La nota del Centro Criptológico tenía suficiente relevancia en la medida en que, por primera vez, se apuntaba a la participación de «activistas patrocinados por instituciones rusas» en el proceso separatista catalán. El objetivo general de esos ataques por parte de «actores estatales» sería «desestabilizar a otros Estados y polarizar a la población civil» .

«El año 2017 ha sido testigo de la explotación que se ha hecho de información obtenida a través de ataques de este tipo con el objeto de influir en la opinión pública o de las perturbaciones que los agentes de las amenazas (en muchas ocasiones, patrocinados por Estados) han realizado sobre procesos electorales o al socaire de situaciones de conflicto», apuntaba el CNI.

Esto supone que, nada más llegar a La Moncloa, en 2018, Pedro Sánchez estaba advertido por el CNI de esa injerencia en Cataluña, que se ha materializado en la investigación sobre la trama rusa vinculada al procés.

En 2022, el propio presidente socialista admitió en una comparecencia en el Congreso esa supuesta conexión. Aunque sin hacer referencia al independentismo, Sánchez señaló que «a lo largo de sus años de presidencia, Putin ha tratado de dividir a Europa de todas las maneras posibles, con fake news, con desinformación, con ciberataques, con espionaje, acercándose a actores políticos y también a actores económicos en nuestro país». 

Ello no evitó, en cambio, que el PSOE afianzase su relación con Junts, cuyos votos son ahora determinantes para la supervivencia de Sánchez en La Moncloa.

Trama rusa

La investigación sobre la trama rusa del procés ha recibido este lunes un nuevo impulso al acordar el juez una prórroga del conocido como caso Volhov, en el que se apunta a estrechos colaboradores de Carles Puigdemont, entre ellos, su jefe de gabinete Josep Lluís Alay.

El magistrado Joaquín Aguirre asegura que ha encontrado «datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana», alguno de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos y tenían relaciones con los servicios secretos rusos.

Según el juez, el interés de los investigados era establecer vínculos de «influencia política y económica para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, consecuencias entre las cuales se podría producir la salida de España de la UE por causa de la independencia unilateral de Cataluña apoyada por el Gobierno ruso».

En el auto, el juez incluso alude a la posibilidad de que los investigados tendrían conocimiento de los planes para iniciar «una guerra entre la Unión Europea y Rusia», así como «la invasión de Ucrania» y «la consecuente limitación del suministro de gas a Europa».

Eso sería «el primer paso importante de la estrategia política del Gobierno ruso y su presidente para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea».

La investigación, que se remonta a octubre de 2020, indaga en los supuestos vínculos del entorno independentista con el Kremlin, con el objetivo de impulsar el referéndum ilegal del 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

«Si los contactos con el Kremlin existieron antes y después de octubre de 2017, puede extraerse la deducción de que había alguna persona común a Terradellas y Alay, por encima de ellos, que permitía tales contactos entre dirigentes de Convergència, ahora Junts, y el Kremlin», destaca el juez.

Los emisarios rusos habrían llegado a ofrecer ayuda económica y militar a los dirigentes separatistas con vistas a la independencia. En concreto, hacerse cargo de parte de la deuda y aportar 10.000 soldados.