Fundación Nacional Francisco Franco

Sánchez ‘resucita’ a Franco: la Fundación que cuida de su legado abre 28 delegaciones en España

En plena ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez para la exhumación de Franco, la Fundación que defiende el legado del dictador exhibe su músculo: cuenta con 28 delegaciones en toda España y ha logrado implantación en Cataluña.

Francisco Franco y Pedro Sánchez.
Francisco Franco y Pedro Sánchez.

La polémica por la exhumación de Francisco Franco, lejos de disuadir a sus defensores, ha provocado el efecto contrario. A la Fundación Franco han llegado en los últimos meses solicitudes de toda España, interesadas en abrir ‘franquicias’ de la organización y difundir el legado del dictador. Hoy, son ya 28 las delegaciones, y con previsión de aumentar, incluso a nivel internacional. Fuentes de la Fundación confirman aseguran que, en los próximos meses, contarán con una ‘franquicia’ en Austin (Texas). En la expansión se ha logrado además un objetivo estratégico: la implantación en Cataluña. 

El pasado octubre, la Fundación lanzaba un llamamiento «a todas aquellas personas que quieran implicarse en defensa de la verdad histórica». El objetivo, decía, era «restablecer/instalar Delegaciones en provincias» en unos momentos en que «la figura del Generalísimo y lo que representó su obra para España han sido y son desfigurados de forma permanente».

Por entonces, la ofensiva del Gobierno para exhumar al dictador ya estaba en marcha, aunque con retraso sobre la previsión inicial de Sánchez, que llegó a fijar la fecha del desentierro en verano. Unas semanas antes, el Congreso había convalidado también el decreto ley para la exhumación, con la abstención del PP y Ciudadanos.

La expansión resultaba especialmente estratégica para la Fundación, porque les permite tener un contacto directo con los asociados -aproximadamente un millar- de toda España, más allá de la sede histórica de Madrid. Los Franco apenas ponen requisitos a quienes quieran formar parte de la organización e impulsarla por las distintas provincias. Sólo ese interés en trabajar para evitar, como informó entonces, que la figura de Franco no sea «desfigurada de forma permanente» como, consideran, hace el Gobierno socialista.

Los objetivos de estas ‘franquicias’ están claros: «Difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos», «difundir y promover el estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre los años 1936 y 1977», «el fomento y desarrollo de la educación, la investigación científica y técnica y cualesquiera de otras actividades culturales» y «la defensa de los fines anteriores tanto ante los medios de comunicación como ante las administraciones públicas o instando la tutela efectiva ante la jurisdicción correspondiente».

Esta implantación es, así, estratégica para los intereses judiciales de la Fundación, con vistas a interponer futuros recursos sobre Memoria Histórica. Los entes estarán coordinados en todo momento por la sede central.

El éxito en Cataluña

La Fundación cuenta con representación en todas las comunidades, a excepción del País Vasco y Navarra y dispone, entre otras, de sede en ciudades como Sevilla o Valencia. En Cataluña, se encuentra ya en Lérida y Tarragona. Y también está en Almería, Ávila, Ceuta y Melilla, La Coruña, etc. La previsión es favorable y trabajan en nuevas aperturas.

El éxito en Cataluña es especialmente relevante. En noviembre, la Fundación reveló su intención de instalarse allí, lo que provocó la reacción de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y sus afines.

La regidora solicitó a los servicios jurídicos del Ayuntamiento un informe sobre cómo actuar para impedir lo que, consideraron, una «provocación». Concejales de Barcelona en Comú, PDeCAT, ERC, PSC y la CUP impulsaron asimismo una moción para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez la ilegalización de la organización.

El Gobierno admitió que, por sí solo, no puede proceder a esa ilegalización. Es decir, el Ejecutivo socialista lo fía a una reforma «integral» de la Ley de Memoria Histórica donde se incluyan «modificaciones legales oportunas» para ello, según afirmó en una respuesta por escrito al portavoz adjunto de En Comú en el Congreso, Josep Vendrell.

En la respuesta, el Ejecutivo vincula las medidas contra la Fundación Franco con la reforma integral de la ley, que no ha llegado a votarse en el Congreso por la disolución anticipada de las Cortes.

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