Sánchez rechaza gastar 2,6 millones más en exhumaciones en pleno autobombo guerracivilista

En plena campaña de propaganda por la llamada Ley de «Memoria Democrática», el Gobierno acaba de vetar una batería de enmiendas -del Grupo Parlamentario Popular- en las que se pedía recortar los recursos destinados a altos cargos, asesores o subvenciones para destinarlos, precisamente, a las exhumaciones. En total, las enmiendas suman más de 2,6 millones de euros.

La circunstancia refleja la doble cara del Ejecutivo en sus políticas guerracivilistas. Esta misma semana, PSOE y Podemos han acordado dejar sin efecto parte de la Ley de Amnistía de 1977 para que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura que se cometieron durante el franquismo no gocen del amparo de la normativa de amnistía promulgada en 1977. Además, extenderán hasta 1982 las víctimas del franquismo y retirarán hasta 33 títulos nobiliarios de cargos del régimen como Calvo Sotelo o Primo de Rivera.

Plan de exhumaciones

Sin embargo, mientras discuten los futuros cambios en la ley y presumen de sus medidas en favor de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, los socios de Gobierno han vetado en la negociación de los Presupuestos Generales varias medidas económicas para reforzar el plan de exhumaciones.

En las propuestas, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, el Partido Popular pedía que se destinasen 141.360 euros del presupuesto para los altos cargos del Ministerio de la Presidencia a la «dotación del plan de exhumación de las víctimas, eliminando gastos en propaganda partidista no asociados a la localización, recuperación y entrega a sus familias». Para el mismo fin se solicitaban 245.120 euros ahora destinados a asesores, otros 224.000 previstos para «sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y otras entidades del sector público», 263.500 de subvenciones a universidades y 600.000 de ayudas a ONGs, además de 1,2 millones que figuran en las cuentas públicas como «inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios del Ministerio».

Pese al autobombo sobre las políticas de «memoria», todas estas propuestas han corrido la misma suerte que otros centenares bajo el rodillo del Gobierno de PSOE y Podemos.

El partido de Pablo Casado considera en sus enmiendas que el programa presupuestario destinado a la «sectarista» Memoria Democrática no sirve precisamente a lo que debería ser su objetivo: la localización, exhumación y entrega de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura a sus familias, bien al contrario».

«Dividir a los españoles»

Con esa excusa, señalan, el Gobierno mantiene una Secretaría de Estado -con una Dirección General- «y el correspondiente abultado cupo de personal de confianza y funcionarios para llevar a cabo lo que, hasta 2018, se venía haciendo desde una unidad administrativa dentro de la División de derechos de gracia y otros derechos en el Ministerio de Justicia».

«Ideología de izquierdas financiada con los impuestos de los españoles, despreciando el espíritu de concordia y reconciliación de la Transición y de la Constitución Española para dividir a los españoles», siguen desde el PP. Destacan, asimismo, que de los 11,8 millones destinados al programa, únicamente 4,75 se destinan a las exhumaciones.

Por ello, «nos encontramos ante una partida que no piensa ni en los familiares de las víctimas, ni en las personas más vulnerables, sino en la creación y mantenimiento de estructuras que se han mostrado del todo ineficaces y que no demanda la sociedad, preocupada por si podrá pagar el recibo de la luz, abrir su negocio al día siguiente, si mantendrá su empleo, si podrá pagar la hipoteca o el alquiler de su vivienda y si podrá contar con lo necesario para su subsistencia, y no de los hechos ya superados de hace ochenta y dos años», reprochan desde el partido de Pablo Casado.

Defensa de la Transición

Como informó OKDIARIO, el PP ha presentado también sus enmiendas parciales al proyecto de ley de Memoria Democrática salido del propio Ejecutivo socialcomunista el pasado julio. Entre ellas, exigirán al Gobierno de PSOE y Podemos una condena a los regímenes comunistas y estalinistas y sus «genocidios y crímenes terribles».

El PP también propone una nueva redacción de la «exposición de motivos» de la norma para proteger el legado de la Transición.

«La Transición española demostró que para que puedan convivir las distintas visiones de nuestro pasado, versiones distintas de su significado político, debe desterrarse cualquier intento de monopolizar la visión de la Historia. Pero eso no equivale a relativizarla o a mirar con indiferencia los intentos de manipularla al servicio de fines partidistas», advierten desde el PP.

Señalan que «esa profunda convicción fue decisiva para la instauración de nuestra democracia» donde «ningún extremismo prevaleció» pues «se apostó por la reforma y no por la ruptura».