Sánchez quiere anular el mecanismo de sostenibilidad de las pensiones y negociarlo con los sindicatos

El presidente del Gobierno planea reformar la actual regulación del factor de sostenibilidad de los prestaciones por jubilación y rediseñarlo de la mano de los “interlocutores sociales”.

Pedro Sánchez
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la presentación de las 110 principales medidas del programa electoral con el que los socialistas concurren a las elecciones del 28A
Carlos Cuesta

Pedro Sánchez está dispuesto a desmontar el esquema de sostenibilidad de las pensiones a cambio de apoyos, en este caso, de los votantes jubilados y de los sindicatos. Con ese propósito, el presidente del Gobierno planea reformar la actual regulación del factor de sostenibilidad de las prestaciones por jubilación y rediseñarlo de la mano de los “interlocutores sociales”: entre ellos, los sindicatos y organizaciones sociales creadas para exigir un aumento de las pensiones.

El factor de sostenibilidad -creado por el PP y más tarde paralizado temporalmente para sacar adelante los últimos Presupuestos de Rajoy de la mano del PNV- es el mecanismo que obliga a garantizar que los pagos presentes de las pensiones no arruinan la caja de la Seguridad Social de cara al momento en el que los actuales cotizantes lleguen a cobrar como pensionistas.

Se trata de un sistema que tiene en cuenta la esperanza de vida, de forma que va moderando el pago a medida que esa esperanza crece como factor medio, de forma que no quiebre la caja de las pensiones y se mantenga el pacto intergeneracional que implica un sistema de reparto en las prestaciones por jubilación.

Y eso es justo lo que Sánchez quiere bombardear, de forma que se pueda elevar el pago actual de pensiones -con el que él capta voto- a cambio de dejar sin fondos el pago a los futuros jubilados -los que ahora trabajan y cotizan para dotar las pensiones de sus mayores-.

Además, Sánchez pretende realizar un doble gesto: por un lado al voto pensionista actual; y por otro lado, a los sindicatos y organizaciones -muchas de ellas impulsadas desde Podemos- con los que pretende negociar un rediseño de las pensiones. Un nuevo diseño que, evidentemente, consistirá en subirlas ahora sin mirar quién se queda sin cobrar en el futuro.

El presidente del Gobierno dejó ayer mismo claro que su propósito es “blindar en la Constitución española el Pacto de Toledo” y garantizar la “dignidad” de las pensiones. Lo que no ha explicado es cómo piensa pagarlo.

“Que no se convierta en mercancía lo que es un derecho, la clave de bóveda del Estado del bienestar”, aseguró Sánchez en un mitin en Tarragona. El mismo foro en el que manipuló unas declaraciones de Daniel Lacalle (PP) para asegurar que el PP quiere bajar las pensiones.

Hay que recordar que en los últimos años, la Seguridad Social ha cerrado con déficits, el último, el de 2018, de 18.286 millones de euros. Un déficit estructural que el Banco de España ha señalado ya como uno de los puntos de alta tensión económica en España.

Y es que el Banco de España ha recordado en diversas ocasiones a los políticos lo necesario que sería alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. No para dinamitar los mecanismos para ello.

En uno de sus últimos informes trimestrales sobre la economía española, la institución que preside Pablo Hernández de Cos se centró, de hecho, en los efectos de la decisión que se adoptó en el marco de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado 2018 de volver a vincular la evolución de las pensiones al IPC. Según sus cálculos, el impacto de esta medida -en un escenario en el que el llamado factor de sostenibilidad entrase en vigor en 2023- sería de un aumento del gasto en pensiones equivalente al 1,9% del PIB en 2030. Esto es, de unos 22.160 millones de euros en poco más de una década.

De seguir así, ese aumento de gasto iría creciendo hasta representar otro 3,4% del PIB en 2050, es decir, cerca de 40.000 millones de euros al año.
Y todo ello en un entorno en el que la decisión de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de golpe en más de un 22% dejará su huella con menor creación de empleo -y de cotizantes- ya en este 2019.

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