Nuevo Gobierno en España

Sánchez prometió ilegalizar la Fundación Francisco Franco a las asociaciones de memoria histórica

Pazo de Meirás
Pazo de Meirás

Pedro Sánchez promoverá la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. Así se lo confirmó el presidente del Gobierno, nada más ser investido, a varios representantes de las asociaciones y colectivos de Memoria Histórica presentes en el Congreso de los Diputados.

El líder socialista llega a la Moncloa con el firme compromiso de reforzar Memoria Histórica y reparar en su totalidad a las víctimas del bando vencido, actualizar la legislación vigente, resolver los flecos pendientes desde la Guerra Civil española y superar el franquismo. Entre las medidas más radicales, ilegalizar la Fundación Francisco Franco.

El socialista, según confirman a este diario desde la Secretaría del Grupo Federal para la Memoria Histórica del PSOE, se ha comprometido a impulsar la Proposición de Ley para la reforma integral de la norma actual de 2007 y desbloquear cueste lo que cueste el veto que PP y Ciudadanos mantenían sobre la misma.

Sánchez se propone retomar de forma inmediata el plan estratégico que su partido ha confeccionado para impulsar y materializar los objetivos acordados, entre otros «con los colectivos y asociaciones». Así se lo confirmaba a algunos de sus representantes la semana pasada a pie de pasillo en el Congreso, finalizada la moción de censura, en conversación informal e improvisada.

Sánchez da por descontado el apoyo de Podemos y los independentistas vascos y catalanes

Pendiente del alcance definitivo de las medidas a adoptar, condicionadas por la aprobación y partidas que será necesario modificar dentro de los Presupuestos Generales del Estado, fuentes de la Fundación Pablo Iglesias aseguran a OKDIARIO que habrá «gestos muy importantes» por parte del Presidente Sánchez.

Proposición de ley

El grupo parlamentario socialista registraba el 14 de diciembre 2017 la  proposición de ley (BOCG 22 diciembre) para la reforma de la Ley 52/2007 «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura» título de la norma.

El empeño personal de Sánchez será impulsarla bajo su mandato, convencido de que en el actual escenario y con el apoyo de Podemos, los nacionalistas vascos y los catalanes, tendría prácticamente asegurada su aprobación.

El PSOE se ha comprometido a exhumar los restos de Franco y José Antonio

La reforma pretende que el Estado asuma la obligación de localizar y exhumar las fosas comunes donde continúan enterradas las víctimas y que estás sean de titularidad pública. Correspondiendo a los Ayuntamientos la  obligación de informar sobre sus ubicaciones.

También contempla la creación de una «comisión de la verdad» de naturaleza extrajudicial, cuya misión sería contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido en relación a las violaciones de los derechos humanos; la creación de un banco de datos de ADN de las víctimasla retirada de todas las calles del país de nombres y simbologías franquistas y plantear la fundación de un Consejo de la Memoria de España.

Ya entonces, el PSOE avanzaba que si llegaban al Gobierno impulsarían las exhumaciones de restos humanos en el Valle de los Caídos – incluyendo las del propio Franco y Primo de Rivera, no exentas de polémica- y proponían convertirlo en un Centro Nacional de Estudios orientado a la Memoria.

Para los socialistas, el enclave actualmente gestionado por Patrimonio Nacional debía dejar de ser «un lugar de memoria franquista y reconvertirse en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura».

Consecuencias penales

La propuesta legislativa, además, consideraba la posibilidad de incrustar un artículo 320 bis en el Código Penal  que recogiese «la pena de prisión de un año y seis meses a cuatro años e inhabilitación para el desarrollo de empleo o cargo público de 9 a 15 años» para las autoridades o funcionarios público que resolviesen o votasen en sentido negativo a las medidas recogidas en la ley, que la incumplan o que, en el ejercicio de su libertad de conciencia, se negasen a aplicarla. 

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