Sánchez se pliega ante ERC: confirma que reformará el delito de sedición si hay mayoría

Pedro Sánchez da pasos para satisfacer a sus socios separatistas. El presidente del Gobierno ha afirmado este lunes que si hubiera una mayoría favorable plantearía la reforma del delito de sedición «como no puede ser de otra manera». Sánchez asegura que, hoy por hoy, no ve la mayoría parlamentaria necesaria, si bien la mayor parte de sus aliados sí son partidarios.

Así lo ha traslado en declaraciones a los medios desde Tirana (Albania), al ser preguntado acerca de los compromisos del Ejecutivo para acabar con la  «judicialización de la política», según trasladó a la Generalitat en la última mesa de negociación, celebrada la pasada semana.

«He sido claro, yo soy favorable a reformar el Código Penal en esos delitos», ha asegurado. En caso de tener esa mayoría, ha avanzado, «el Gobierno planteará esa reforma, como no puede ser de otra manera».

Así, ha aseverado que no se trata de una cuestión «de opinión política», sino que España tiene que «homologarse» en ese tipo de delitos a otros países como democracia «consolidada que es». Por último, ha recalcado que la mayor parte de los penalistas afirman que hay una «necesidad» de reformar el Código Penal en estos delitos.

El pasado miércoles, el Gobierno central y catalán acordaron impulsar reformas legislativas para «superar la judicialización» del «conflicto político» en Cataluña y también sus «efectos».

El documento suscrito tras la reunión entre estas delegaciones -encabezadas por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrá- compromete a ambas partes a «avanzar en el diálogo y la negociación superando y poniendo fin a la dinámica y los efectos de la judicialización de los últimos años», una situación que, según afirman, «ha contribuido a agudizar el conflicto político» y a «polarizar las posiciones políticas y sociales».

El Ejecutivo ha asumido por completo el lenguaje del independentismo, suscribiendo que se debe «garantizar el proceso de diálogo y negociación equilibrado y con garantías» y reforzar la «apuesta por soluciones políticas, siempre «en el marco de la seguridad jurídica y de la atención a las demandas democráticas avaladas por una mayoría social amplia y transversal según los principios del y el ordenamiento democrático».