Independentismo en Cataluña

Sánchez pidió acabar con el indulto en casos de malversación y ahora quiere aplicarlo a los golpistas

Los socialistas plantearon en 2016 una reforma de esta medida de gracia para no concederla en casos de corrupción

El Supremo señala que los condenados desviaron 1,9 millones de las arcas públicas al procés

El jefe del Ejecutivo sobre el indulto a los golpistas: "Este Gobierno apuesta por el reencuentro"

Junqueras da por hecha la amnistía y exige la autodeterminación a cambio del apoyo a Sánchez
Pedro Sánchez y Oriol Junqueras.
Segundo Sanz

El PSOE de Pedro Sánchez quiso reformar en 2016 la Ley de Indulto para que esta medida de gracia no pudiera ser otorgada por el Gobierno en delitos relacionados con la corrupción y la violencia de género. Sin embargo, cinco años después y ya en el poder, el presidente socialista está dispuesto a otorgar el indulto a los presos del procés que fueron condenados no sólo por sedición sino también por malversación.

Sánchez olvida ahora que estos separatistas no sólo son golpistas, sino también corruptos. Por malversación fueron condenados Oriol Junqueras, ex vicepresidente y responsable de Economía y Hacienda, y los consellers Raúl Romeva (Asuntos Exteriores), Jordi Turull (Presidencia) y Dolors Bassa (Trabajo).

En concreto, la proposición de ley que los socialistas registraron el 1 de agosto de aquel año no llegó a ver la luz en la legislatura de 2016-2019, entre otras razones porque ellos mismos se encargaron de ralentizar su tramitación parlamentaria. Aquel texto, que quedó en papel mojado, planteaba una nueva redacción del artículo 3 de la Ley de 18 de junio de 1870 de Reglas para el ejercicio de la gracia del indulto. «No procederá la concesión de indulto, total o parcial, cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero». En este caso, ese tercero fue la Generalitat del golpe como persona jurídica, que fue dotada de amplios fondos públicos (recursos económicos, humanos, materiales y tecnológicos) para la realización del referéndum ilegal.

Tampoco procederá el indulto cuando la condena sea por delito relacionado con la violencia de género», añadía el nuevo precepto que los socialistas querían introducir.

Como delito de corrupción para la confección de dicha iniciativa, los socialistas contemplaban el de malversación de caudales públicos. Era la época en que el PSOE practicaba una oposición de acoso y derribo contra el PP de Mariano Rajoy y presumía de estar limpio de corrupción en sus filas, pese al fraude millonario de los ERE. En esta línea, en la exposición de motivos, los de Pedro Sánchez sostenían que «no está justificado que este recurso excepcional (por el indulto) se aplique a los supuestos de delitos relacionados con la corrupción cometidos por autoridades o cargos públicos ni a los vinculados con la violencia de género».

La sentencia del Tribunal Supremo señala que los condenados por malversación desviaron en total 1,9 millones de euros de las arcas públicas catalanas al procés. Los jueces del Alto Tribunal afirman que los ex dirigentes de la Generalitat realización una «consciente y voluntaria desviación de destino de los fondos públicos. Supusieron gastos ajenos a cualquier fin público lícito y se ordenaron careciendo de cobertura presupuestaria», precisa el fallo.

«Conciencia de ilicitud»

«Eran plenamente conscientes de la prohibición emanada del Tribunal Constitucional para la disposición de esos fondos públicos. Su actitud de rechazo a todos los requerimientos que le fueron notificados personalmente es bien expresiva de la clara conciencia de ilicitud que filtraba su actuación», recoge la sentencia. «Además, captaban el carácter público de los fondos y la desleal administración que implicaba su aplicación a un referéndum proscrito por el Tribunal Constitucional por su oposición a las bases constitucionales de nuestro sistema jurídico», añade.

«También se deduce con nitidez de la continua actitud de ocultación mantenida con las autoridades estatales de fiscalización del gasto público», indica el Supremo.

«Reencuentro»

Ahora, sin embargo, el Gobierno se abre a otorgar el indulto a los condenados por el referéndum ilegal del 1-O, que lo fueron por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición y malversación. El propio jefe del Ejecutivo, apeló el pasado miércoles en su balance del año al «reencuentro» y a la «reconciliación» al referirse a la situación de Cataluña. Sánchez subrayó que el suyo es «un Gobierno que apuesta por el reencuentro, por la reconciliación y por la convivencia para superar episodios aciagos que nos sonrojan al conjunto del país», enfatizó el líder socialista.

Además, señaló en otro gesto hacia los secesionistas que «nadie está libre de culpa» y que «todos hemos cometido errores». El propio Pedro Sánchez apoyó al Gobierno de Mariano Rajoy cuando estaba en la oposición la aplicación del artículo 155 en Cataluña tras la consulta ilegal de octubre de 2017 y el bochornoso espectáculo del Parlament y las leyes de desconexión.

«Tenemos que aprender y mirar hacia adelante, a un espacio en el que nos podamos reencontrar. Y eso es lo que hará la sociedad catalana en las próximas elecciones» catalanas del 14 de febrero, agregó Sánchez en su comparecencia en Moncloa el día 30 de diciembre. Además, remarcó que su Gobierno «no ha ocultado sus intenciones desde el principio», reiterando su «clara puesta» por la «reconciliación en Cataluña».

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