Sánchez ofrece a Torra una nueva ley policial que aumente las competencias de los Mossos

El Gobierno de Pedro Sánchez estudia un modelo policial en Cataluña que supere el actual reparto de competencias que rige el trabajo de la Policía y los Mossos d’Esquadra, y que refuerce a la policía autonómica, entre otros, en la lucha contra el terrorismo.

El plan socialista para Cataluña defiende -a instancias de Miquel Iceta- un sistema de seguridad pública «integrado» y «adaptado a las necesidades y demandas del ciudadano», en el que se potenciará la «transversalidad de actuación de todos los actores en materia de seguridad». Para ello, se añade, se establecerán protocolos de actuación coordinados, que permitan la optimización de recursos y la mejora de los servicios en materia de seguridad.

Ley del sistema policial de Cataluña

El punto central de ese proyecto es la confección de una ley -‘Ley del sistema policial de Cataluña’- que supere el actual modelo de separación de competencias y que recoja la «intervención integral» de los policías dentro del territorio de Cataluña. En este sentido, los socialistas prevén «priorizar los aspectos de unificación necesarios para una gestión eficiente del sistema».

El Gobierno quiere avanzar en el reconocimiento de los Mossos en la lucha terrorista, una histórica reclamación independentista

El punto más sensible, sin duda, es el relativo a las competencias de la policía autonómica en la lucha contra el terrorismo. Una atribución de la Policía Nacional que, si bien en los últimos años ha dado pasos a la descentralización, continúa siendo una de las grandes reclamaciones del independentismo.

Acceso a Europol

Las competencias de los Mossos están recogidas en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que establece como sus principales funciones: «Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma, la vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus servicios, la inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita y el uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia Comunidad Autónoma».

Además, habrán de «velar por el cumplimiento de las Leyes y demás disposiciones del Estado y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, participar en las funciones de Policía Judicial y vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas».

Más recursos

El Gobierno socialista estudiará además un incremento de los recursos a los Mossos, mediante una ampliación de plantilla -los independentistas cifran las necesidades en unos 500 efectivos- en base a un estudio sobre las necesidades de despliegue para asegurar la seguridad en todo el territorio.

El trato a la policía autonómica es una de las cuestiones clave en las relaciones entre el Gobierno central y el catalán. Y el avance en una mayor atribución de competencias prefigura el terreno para el acuerdo.

Así, en el pacto firmado en su día por Junts per Catalunya y ERC para la investidura de Jordi Sànchez se recogía ya la necesidad de crear una gran policía catalana que, junto a los Mossos d’Esquadra y las policías locales, permitiese a Cataluña dotarse de «un modelo de seguridad» propio e independiente, ajeno al Estado. Esta gran policía catalana permitiría al Govern hacer desaparecer la supeditación de los Mossos y los policías locales a la Constitución.

Armas largas

En lo que sí ha avanzado el Gobierno es en la petición de los independentistas para dotar a la policía catalana de armas largas. El ministro del Interior se comprometió esta semana a valorar la petición de que los Mossos puedan adquirir armas largas para responder «al nivel de alerta antiterrorista». En respuesta a Guillaumes, en la citada comisión, Grande-Marlaska prometió estudiarlo en colaboración con el ministerio de Defensa.

El Gobierno de Mariano Rajoy frenó la compra de este material -armas de guerra, en definitiva- bajo la sospecha de que fuese destinado a un futuro Ejército de la República catalana bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo.