Sánchez oculta los actos de enaltecimiento terrorista para proteger el apoyo de los bilduetarras a su investidura

El pacto entre Pedro Sánchez y EH Bildu es cada vez más obvio. Al margen del apoyo de los proetarras al Partido Socialista en Navarra y de la entrega de la Alcaldía de la localidad de Huarte a Bildu, el presidente del Gobierno en funciones se acaba de negar por escrito a dar información sobre la respuesta que están dando las Delegaciones de Gobierno a los actos de enaltecimiento del terrorismo.

La causa de este secretismo no es otra que la evidente inacción y falta de respuesta frente a los actos promovidos por los proetarras. Un permisivismo que fue exigido por Bildu.

Sánchez acaba de afirmar por escrito, tal y como demuestra un documento en poder de OKDIARIO, que ignora cuántas veces ha actuado su Gobierno frente a quienes enaltecen el terrorismo y celebran homenajes a ETA.

OKDIARIO ha pedido a través de la Ley de Transparencia que Moncloa aporte una relación de las actuaciones instadas por el Gobierno de Sánchez desde que este ocupó la Presidencia, bien de oficio o como consecuencia de las denuncias que se hubieran formulado en aplicación de la Ley
29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo.

La respuesta ofrecida es rotunda: deniega todo acceso a la documentación pública solicitada, bajo el pretexto de que se trata de una información que no está centralizada, motivo por el que desestima la pregunta.

El Gobierno de Sánchez afirma no saber siquiera las veces que han instado estas actuaciones el propio presidente, su ministro del Interior o sus delegados del Gobierno, quienes dependen de él orgánicamente, y son propuestos por él de manera personal, según recoge el artículo 72 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Y todo ello pese a que la Ley de Protección y Reconocimiento de las Víctimas les impone de manera obligatoria y en ningún momento de modo discrecional, la prohibición y paralización de esos actos. Esa Ley reclama del Gobierno “el apoyo integral” a las víctimas porque “representa el esfuerzo compartido de reparación que las víctimas y sus familias merecen, inspirado por los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad”, combatiendo la “deslegitimación social del terrorismo”.

“El recuerdo es así un acto de justicia y a la vez un instrumento civilizador, de educación en valores y de erradicación definitiva, a través de su deslegitimación social, del uso de la violencia para imponer ideas políticas”, añade la norma en su preámbulo.

Por ello, el Artículo 61 (“Defensa del honor y la dignidad de las víctimas” señala que: “El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas”.

Mientras que en su apartado 3, establece que “asimismo prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas
o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas”.

Pese a ello, el Gobierno de Sánchez se niega a dar datos o explicar por qué en tales supuestos no actúa por medio de sus delegaciones de Gobierno ni solicita una batería de medidas de legalidad ordinaria administrativa como, por ejemplo, la suspensión de las autorizaciones administrativas concedidas por el Ayuntamiento para que esos actos se celebren justamente del modo que la ley prohíbe.