Sánchez se niega ante la Justicia a dar datos de muertes y contagios por Covid de la primera ola

Las cifras del INE avalan una mortalidad real por el Covid en España de más de 82.000 personas a cierre del pasado año, pero Pedro Sánchez se niega a reconocer los datos y sólo admite poco más de 53.000 fallecimientos hasta la actualidad. La rocambolesca escena se ha convertido en el día a día de una manipulación de datos que ha llegado hasta los tribunales. La Justicia ha reclamado los datos oficiales de muertes y contagios por comunidades autónomas al Gobierno -en concreto los de la Comunidad Valenciana- y la respuesta ofrecida en sede judicial por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es la siguiente: “Le comunicamos que la competencia en aportar dicha información corresponde a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunidad Valenciana”. Punto final. Sánchez se niega a admitir los datos. El asunto resulta difícil de explicar en un país que cuenta con una Ley de Transparencia.

Y es que el asunto había llegado hasta la mismísima Audiencia Nacional, precisamente por la ocultación de las cifras desde el Gobierno de la Comunidad Valenciana. El Partido Popular de esta región (PPCV) recurrió ante la Audiencia Nacional el «apagón informativo» del vicepresidente segundo Pablo Iglesias y el ministro Salvador Illa sobre la situación de las residencias de mayores valencianas en la primera oleada de Covid. Era la época en la que el control de la sanidad y las residencias estaba bajo el mando único y, por lo tanto, bajo control del Gobierno central. La época en la que el ocultismo llegó al punto de no conocer ni el número de muertos en los centros de mayores en plena ola de letalidad.

Pero la acción judicial del PP venía ya de rebote, y es que se basaba, igualmente, en la falta de transparencia y reiterada ocultación de información por parte de la vicepresidenta del Consell de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra.

El PPCV había presentado, además, meses atrás en las Cortes valencianas numerosas peticiones para acceder a los datos relacionados con el Covid en las residencias de la Comunidad Valenciana. La ausencia de transparencia y respuesta llevó al Partido Popular de la Comunidad Valenciana a recurrir al Gobierno de España y presentar el 3 de septiembre dos escritos dirigidos al ministro de Sanidad y al vicepresidente social para que facilitaran al PP la información que Oltra niega desde hace meses.

«Silencio y opacidad»

Sin embargo, «el silencio y la opacidad del Gobierno llevó al PPCV a tener que recurrir a la Audiencia Nacional para poder acceder a unos datos que la sociedad tiene derecho a conocer», señalan desde esta formación.

Así, el PP decidió presentar un escrito para defender el derecho democrático de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El sistema de información que se determinó como obligatorio a través de la Orden SND/275/2020 de 23 de marzo, exigía a las comunidades autónomas el suministro de los datos relacionados con la evolución de la epidemia en las residencias. Por este motivo, el Gobierno de España tiene la información solicitada porque «Oltra estaba obligada a facilitarla», señalan desde el PP.

Pero la respuesta del Gobierno tras exigir esta información vía Audiencia Nacional no ha variado ni un milímetro. En una nota a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ministerio de Sanidad señala que “con fecha 19 de agosto de 2020 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Sanidad su solicitud de Derecho de Acceso a la Información Pública, al amparo de la Ley 1912013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. La nota reconoce que “la información que usted solicitaba en su instancia se refería a datos de contagios y defunciones por COVID-19 acaecidos en la Comunitat Valenciana”. Pues bien, “si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante”, señala el Gobierno por medio del Ministerio de Sanidad. Y, en consecuencia, añade que “una vez que hemos analizado la información que solicita, le comunicamos que la competencia en aportar dicha información corresponde a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunidad Valenciana; por tanto, en esta misma fecha damos traslado de su solicitud a dicho organismo, para que valore sobre la resolución de la misma”. Punto final.

La letalidad se ceba con los mayores

Lo cierto es que tiene lógica que quieren esconder estos datos. Y es que son tétricos. OKDIARIO acaba de publicar las cifras que reflejan lo ocurrido en el periodo que va de febrero a noviembre de 2020, y lo ha hecho medido por medio del número de personas que se dieron de baja como perceptores de pensiones de jubilación y viudedad, más que presumiblemente por los estragos causados por el Covid en la población de mayores de todo el país. Y la cifra refleja nada menos que 67.837 personas. Y hay que recordar que la causa para dar de baja este tipo de prestaciones es, básicamente, una: el fallecimiento.

La cifra todavía podría ser mayor ya que no está contabilizado el mes de diciembre. Y al ritmo de los últimos datos, eso supondría sumar unas 2.000 muertes a ese cómputo macabro y que dejaría la cifra en 70.000 pensionistas fallecidos. Esta cifra corresponde con el exceso de bajas detectado con respecto a 2019.

Profundizando más en los datos, la estadística muestra otro hecho dantesco ante esta cifra de bajas: 44.549 muertes corresponden a pensionistas en concepto de jubilación y 23.288 son pensiones por viudedad.

Los números son los que son, por mucho que Pedro Sánchez, Salvador Illa y Fernando Simón se empeñen en ocultarlos o manipularlos. Las cifras, además, encajan con las aportadas ya por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos de este organismo hasta ese mes de noviembre mostraban igualmente un exceso de mortalidad con respecto al año 2019 de 67.102 mayores de 65 años.