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Sánchez montó en 2019 un comité con el CNI para rastrear el vínculo de líderes separatistas con radicales

Sánchez montó en 2019 un comité con el CNI para rastrear el vínculo de líderes separatistas con radicales
Protestas en Barcelona en 2019 tras la sentencia del procés. (Foto: EFE)

En octubre de 2019, Pedro Sánchez constituyó un «comité de coordinación», del que formó parte el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para rastrear al detalle la grave crisis en Cataluña protagonizada por la plataforma autodenominada Tsunami Democràtic. Tras conocerse la sentencia del procés, los radicales estaban agitando las calles con una oleada de violencia inédita, llamando incluso a colapsar el aeropuerto de El Prat. Su capacidad de coordinación y su músculo económico levantó de inmediato las sospechas en el Gobierno acerca de una financiación con dinero público y se apuntó a su conexión con líderes independentistas. Desentrañar ese enlace se convirtió para el Ejecutivo en objetivo prioritario.

El gabinete de Moncloa estaba integrado por varios ministerios clave como Defensa o Interior, el Departamento de Seguridad Nacional y  también el CNI. Todos ellos, encargados de asesorar a Sánchez en la grave crisis que incendiaba Cataluña. Contrariamente, los servicios secretos están ahora en el disparadero del presidente socialista por, precisamente, investigar la situación en Cataluña en aquel momento y los vínculos con los dirigentes separatistas. Un hecho que ha derivado en la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban.

La presencia de la Inteligencia española se convirtió en fundamental en el grupo de crisis para rastrear quién estaba detrás de la plataforma Tsunami. De los violentos sorprendía especialmente al Ejecutivo su enorme poder de convocatoria, sobre todo a través de las redes sociales, y su capacidad organizativa y financiera. Pere Aragonés, por entonces vicepresidente catalán y uno de los espiados por el CNI -con mandato judicial- llegó a animar públicamente a «no aflojar» en las movilizaciones para forzar una negociación con el Gobierno. Aragonés, que también era conseller de Economía, resultó clave en las conversaciones para la investidura de Sánchez, que tendría lugar sólo tres meses después.

«Tenemos información»

Precisamente, tras una de las reuniones de ese comité, el 16 de octubre de 2019, Sánchez compareció en Moncloa para dar detalles sobre el trabajo del Ejecutivo ante la violencia en Cataluña. En el turno para la prensa se le preguntó sobre si contaba con información que permitiese «vincular al presidente Torra con los grupos violentos». En una reveladora respuesta, no rebatió ese extremo y ensalzó el trabajo del CNI en las investigaciones: «En el comité de coordinación en el que venimos trabajando desde hace varias semanas, con Seguridad Nacional, el CNI y el Ministerio del Interior estamos investigando esa plataforma. Tenemos información, empezamos a saber exactamente quién está detrás de esta plataforma, pero me permitirá que no diga nada más sobre este asunto para poder actuar».

Según aseguró, el grupo de crisis se mantenía «en alerta permanente» con la finalidad de «trabajar de forma integral» para «tomar las mejores decisiones»: «Prevención pero también acción», se jactó el socialista.

Días después, el 27 de ese mismo mes, volvió a insistir en la investigación a los líderes del separatismo.

En una entrevista en Telecinco, fue preguntado sobre quién estaba detrás de Tsunami Democràtic. «Se ha dicho incluso que Puigdemont», apuntó Pedro Piqueras, presentador del informativo de la cadena.

El presidente del Gobierno desveló que existían «distintas líneas de investigación» y una de ellas era precisamente comprobar si existían  «vínculos entre responsables políticos y algunas plataformas» que llamaban «a la agitación y la violencia».

«Le puedo garantizar que los servicios de Inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están detrás de esta cuestión y vamos a llegar hasta el final», proclamó, admitiendo así que los servicios secretos intentaban desentrañar esas conexiones.

Pese a ello, el Gobierno niega ahora conocer la investigación a dirigentes separatistas cuyas comunicaciones fueron interceptadas con respaldo judicial, según admitió la ex jefa de los servicios de Inteligencia en la Comisión de Secretos Oficiales.

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