Sánchez y la ministra de Industria ocultan al Congreso en qué empresas tienen sus acciones

Pedro Sánchez y la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, no detallan en su declaración de bienes del Congreso las empresas y sociedades en las que poseen sus acciones. El resto de ministros, en cambio, sí revelan dicha información, importante a la hora de determinar si existe un posible conflicto de intereses en las decisiones del Ejecutivo.

En su declaración registrada en la Cámara Baja -y publicada recientemente- Sánchez afirma tener 5.856 euros en ‘acciones cotizadas en Bolsa’ (a fecha 22 de abril de 2018). El socialista tampoco aporta el dato en la última declaración de bienes que ofrece el PSOE.

No obstante, en 2014, tras ser elegido secretario general de los socialistas, el partido sí detalló esta información. Sánchez poseía por entonces 177 acciones en Repsol por un valor de 3.309,9 euros y otras 235 en Red Eléctrica, por 15.834,3 euros. Se daba la circunstancia de que Sánchez, durante su etapa como diputado, ejerció además como portavoz de Cambio Climático en el Grupo Parlamentario del PSOE y fue ponente en el Proyecto de Ley del sector eléctrico, además de portavoz de la comisión de Estudio de Cambio Climático.

Al conocerse el dato, Pedro Sánchez afirmó que no se planteaba vender las acciones en la petrolera y defendió que se trataba de la participación de un «pequeñísimo accionista».

El socialista respondió así en un encuentro con militantes, en Madrid, en el que una joven le preguntó por sus valores en Repsol y Red Eléctrica, y cuestionó la conveniencia de que un diputado fuese accionista de una empresa privada. Además, le recordó que los socialistas criticaron las acciones de Miguel Arias Cañete cuando se le propuso como comisario europeo. El socialista defendió que su caso no tenía «nada que ver» con el de Cañete «propietario de una compañía petrolífera» y resolvió el incómodo momento convencido de que había hecho un «striptease integral» de su situación patrimonial, de bienes e intereses.

Maroto: 3.103,35 euros

Por su parte, Reyes Maroto, ministra de Industria en funciones, tampoco llega al fondo de la información y simplemente declara 3.103,35 euros en acciones y participación en sociedades cotizadas en Bolsa.

Otros ministros sí informan de las empresas en las que disponen de dichas acciones. Por ejemplo, la portavoz Isabel Celaá tiene acciones en BBVA, Naturgy, Santander, Telefónica, Sacyr y Bankia. En total, casi 50.000 euros.

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, por ejemplo, también informa de que posee acciones en Telefónica (7.346,44 euros) y BBVA (1887,15).

Lo cierto es que es un dato que muchos diputados no aportan y que resulta relevante a la hora de determinar si existe un posible conflicto de intereses en sus decisiones políticas. En el caso de los miembros del Consejo de Ministros plantea además una dudosa ética, en tanto sus intereses privados podrían influir en la acción de Gobierno.

Cabe recordar, por ejemplo, que el aún titular de Exteriores, Josep Borrell, fue multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por una «infracción muy grave» al usar información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa de una persona de su entorno. Se trataba de 10.000 acciones de la compañía, por un importe de 9.030 euros. Justo después de la venta, la compañía solicitó el preconcurso de acreedores, con una deuda neta de 6.300 millones de euros y bruta de 8.9000 millones, y consiguió evitar la quiebra con un acuerdo con los acreedores mediante la inyección de 1.170 millones de euros a cambio de ceder el 90% del capital a fondos, banca y bonistas.

La CNMV consideró que Borrell conocía “información relevante que no había sido publicada” gracias a su cargo de consejero en la compañía.

El ministro reconoció que la venta “no fue adecuada” por el momento en que se hizo, ni por “la apariencia de irregularidad” que pudo generar, pero lo calificó de “un problema de menor cuantía” que no afecta a su “idoneidad para ejercer la función ministerial”, para responder así a quienes reclamaron su dimisión como ministro.

El Congreso apunta que «en bienes y derechos negociados en mercados organizados debe reflejarse el valor de cotización en cualquier día hábil de los sesenta días anteriores a la fecha de la declaración, así como la fecha elegida».

En el caso de los bienes no cotizados en mercados organizados «debe indicarse el nombre de la sociedad o entidad y el valor de las acciones o participaciones según el balance anual anterior a la fecha de la declaración».