Sánchez gasta 26 millones de euros en sus asesores elegidos a dedo con la inflación en récord

Pedro Sánchez ha batido todos los récords habidos y por haber en cuanto a la contratación de asesores. Pero las cifras de su mastodóntico Gobierno adquieren además un especial significado en plena crisis económica. Con la inflación en el 10,2% -el nivel más alto de los últimos 37 años- el líder socialista no deja de acumular gasto en personal eventual y sus datos le sitúan a distancia de los que se registraban en la etapa del Partido Popular. Por poner un ejemplo, en lo que va de año, Sánchez lleva gastados ya 26.036.000 euros para pagar a sus asesores elegidos a dedo. En este mismo periodo de 2018 -los últimos meses de Mariano Rajoy en La Moncloa- la cifra era de 15.801.000 euros.

El gasto aumenta todavía más si a ella se suma el desembolso en altos cargos que, en los cinco primeros meses del año, ya asciende a 34.363.000 euros. Cuatro años atrás, la misma partida era de 29.590.000.

Al tiempo que Sánchez refuerza su gasto en personal «de confianza», la inflación no deja de crecer. La tendencia lleva meses en línea ascendente -en enero, por ejemplo, se situaba en el 6,1%, en fuerte subida- pero ese factor no disuade al Gobierno socialcomunista de aligerar en las nóminas de los altos cargos y asesores.

803 asesores

El Ejecutivo cuenta actualmente con 803 asesores, según la última actualización del registro de personal de la Administración General del Estado. De ellos, el grueso se los lleva el Ministerio de la Presidencia, que dirige Félix Bolaños y se encarga de los asuntos del presidente del Gobierno, con 383.

Estos empleados, cabe recordar, son elegidos libremente por el responsable del departamento en cuestión, sin que se exija una capacitación determinada. De hecho, muchos no tienen estudios superiores. A preguntas de OKDIARIO, la mayoría de ministerios aseguraron desconocer incluso los currículos de este personal.

El Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, admitió por ejemplo, que «no es exigible una cualificación académica determinada» para ser nombrado asesor de la ministra y, por tanto, no cabía informar sobre sus estudios. En otra ocasión, la ministra Irene Montero señaló que las funciones de sus asesores no podían «ser especificadas» por tratarse de «funciones de asesoramiento en diversas materias propias del departamento».

Recientemente, como informó este periódico, el Consejo de Estado requirió al Gobierno una ley para determinar qué organismos pueden disponer de personal eventual.

«La reforma de la legislación estatal de función pública en este ámbito constituye una necesidad perentoria por razones organizativas y presupuestarias», advertía este órgano en uno de sus últimos dictámenes.

El Gobierno ha ofrecido distintas respuestas para justificar su elevado número de asesores, como que su «prioridad» es «dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía en su conjunto en el contexto actual, con grandes retos que afrontar».