Sánchez declara la guerra a la educación diferenciada por sexos: la prohibirá en la próxima legislatura

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno @Getty
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno @Getty

La próxima legislatura será la de la declaración de guerra de Pedro Sánchez a una parte de la educación privada: la diferenciada o segregada por sexos. El PSOE se prepara ya para anular este tipo de colegios, mantenidos en determinadas escuelas normalmente católicas.

Con este fin, el PSOE prepara una nueva Ley de Educación en la que regulará distintos planteamientos que justificarán la prohibición de este tipo de educación separada para niños y niñas.

En esa reforma, los socialistas quieren incluir una determinada interpretación de la inclusión y, consecuentemente, la eliminación expresa de la segregación escolar por las condiciones de “origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo”.

Para ello, Sánchez se pretende apoyar en las reuniones mantenidas durante el mes de agosto con los colectivos educativos. Pero, claro, es que durante esos encuentros, el presidente en funciones no ha tenido en cuenta a la educación concertada ni para lo más mínimo. Sánchez planteó esos contactos con el fin de contraprogramar a Podemos y convocó al sector educativo, sin la concertada. Ni los sindicatos (FSIE y USO), ni los padres (Concapa), ni los titulares de centros (EC y CECE) fueron invitados a la series de reuniones.

Obvia a la educación concertada

Fruto de esos encuentros con sólo una parte del sector educativo, el PSOE decidió preparar una reforma en la que se apoye única y exclusivamente a la enseñanza pública. Y, todo ello, pese a que la Ley Reguladora del Derecho a la Educación de 1985 y la Ley Orgániza de Educación (de 2006) -ambas del PSOE- destacan la necesaria complementariedad de la educación pública y la concertada en la prestación del servicio público de la educación.

Fuentes de la educación concertada no han tardado en percatarse de que uno de los mayores golpes de esa norma será contra los centros de educación diferenciada. Y ello, pese a que los Tratados Internacionales vigentes y el resto de normas establecen actualmente que la educación diferenciada no es discriminatoria.

El plan de los socialistas, de hecho, pasa por cargar contra este tipo de centros también en lo que se refiere a los alumnos con especial vulnerabilidad. Y es que plantea reducir la concentración en ciertas escuelas del alumnado en circunstancias de vulnerabilidad. Traducido: mantiene que estos alumnos no pueden ser rechazados de determinados centros concertados por el hecho de ser centros de educación diferenciada por sexo y que, por lo tanto, deben acoger los alumnos vulnerables asignados independientemente de su sexo. Y eso, evidentemente, hace saltar su condición de educación diferenciada.

No se trata de la primera batalla de los socialistas contra este tipo de colegios. Ya en los primeros meses de legislatura de Pedro Sánchez surgió la polémica por este tipo de educación segregada o diferenciada. Y es que los socialistas siempre han mostrado su recelo por la educación concertada y su rechazo por la que mantiene aulas para niños y para niñas de forma diferenciada.

La propuesta del PSOE, por otra parte, choca con la decisión, de hace poco más de un año, del Pleno del Tribunal Constitucional (TC), que concluyó que los centros privados de educación diferenciada por sexos pueden acceder "al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de centros educativos", al considerar que este modelo educativo "no causa discriminación" y "es respetuoso con la Constitución".

Con estos argumentos, de hecho, el Pleno del TC desestimó el 10 de abril de 2018, por mayoría de ocho votos, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en 2014 por el Grupo Parlamentario Socialista contra algunos preceptos de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) como los conciertos a la educación diferenciada.

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