Sánchez corrige a Marlaska: España devolverá a los menores a Marruecos según marca la ley

La  incómoda situación del ministro de Interior, Fernando Marlaska, por su plan de entrega de los menores a Marruecos desde Ceuta que un juez ha rechazado por incumplir el Reglamento de la Ley de Extranjería, quedó ayer más que patente.

Tras la reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el Gobierno ha escenificado toda una rectificación a Marlaska para dar cumplimiento al auto judicial que impidió la entrega de menores a Marruecos desde Ceuta. Tal traslado se produciría, según la decisión del Ministerio de Interior, en virtud de un convenio firmado entre España y Marruecos de 2007 en el que se había fundamentado la repatriación de los menores por parte de Interior y Ceuta.

Pero la Justicia negó que tal uso para la repatriación de los nueve menores que puso en marcha Interior se ajustase a la Ley de Extranjería, lo que ha obligado a Sánchez a dar un golpe de mano, desautorizar a Marlaska y asegurar que los cerca de 700 menores serán devueltos con todas las garantías jurídicas. Fuentes socialistas no dudan en asegurar que el ministro de Interior queda señalado, indudablemente.

El mismo Juan Jesús  Vivas ha asegurado este miércoles a su salida del encuentro con Sánchez en Moncloa que siguiendo «la interpretación» que la juez de Ceuta hizo cuando dejó por escrito que la legislación hay que cumplirla y no caben excepciones. Habrá expedientes, proceso individualizado y resoluciones, es decir, se va a «cumplir el Reglamento de la Ley de Extranjería», ha señalado.

Según ha informado el Gobierno en una nota, Sánchez ha anunciado a Vivas, en la reunión de alrededor de una hora que han mantenido este miércoles en la Moncloa, un «triple refuerzo para un regreso seguro y ordenado de los menores», con «tres ejes: el de las capacidades, el administrativo y el diplomático».

El Ejecutivo, sin entrar a valorar la actitud de Marlaska, se ha limitado a asegurar que «ambos presidentes han coincidido en la necesidad de favorecer este regreso seguro y ordenado de los menores a su país de origen, especialmente con ocasión del comienzo del curso escolar, ya que su permanencia en Ceuta puede perjudicar enormemente su desarrollo educativo y aumentar su desarraigo familiar».

En este sentido, ha añadido, «el interés de los menores aconseja poner fin a una situación extraordinaria que tuvo como origen una crisis diplomática ya resuelta, pero que sigue suponiendo un desafío a los servicios públicos de la ciudad y al bienestar de los menores afectados, lo cual obliga a las administraciones públicas a encontrar una solución efectiva».

El presidente de Ceuta, por su parte, ha entonado también su mea culpa y ha reiterado que los «retornos» actualmente paralizados por la Justicia se habían llevado a cabo «de manera conjunta y coordinada entre los dos gobiernos», cada uno tomando sus respectivas decisiones «en su propio ámbito» y pensando que se estaba «actuando de manera correcta», aplicando el acuerdo suscrito en su día con Marruecos a estos efectos.

Sin embargo, ahora, tras el auto de ayer del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Ceuta que ratificó la paralización de los nueve traslados de menores a Marruecos, se van a tramitar de acuerdo al Reglamento de la Ley de Extranjería, porque «las decisiones judiciales se acatan se respetan y se aplican», ha subrayado Vivas.

Para el presidente ceutí, el auto ha provocado la paralización de los retornos «en las condiciones en que se estaban produciendo», pero «no ha dicho que los retornos no sean posibles».

Por su parte  fuentes de Podemos han insistido, en la línea de la carta que la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, envió al titular de Interior, que «es necesario definir adecuadamente un protocolo que proteja a los menores» y establezca que los que deseen volver con sus familias puedan hacerlo «en condiciones de seguridad» y que los que no deseen regresar «se queden en España en condiciones de acogida dignas».

Para los socios de Gobierno de Sánchez, los menores no acompañados que entran en España «deben ser protegidos tal y como establece la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia, lo que dice nuestra ley de infancia y adolescencia y lo que dice la legalidad que debemos cumplir», además de que «el acuerdo con Marruecos, un país que vulnera sistemáticamente los derechos humanos, no está por encima de los derechos de la infancia y así lo confirma el auto».