Sánchez da a Bildu datos para su ofensiva contra policías, guardias civiles y prisiones

El Gobierno, a través de distintas respuestas por escrito en el Congreso de los Diputados, ha revelado a Bildu información para alimentar sus campañas contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o las prisiones, dos símbolos del Estado que la formación proetarra combate con ataques y descalificativos.

Así, en sucesivas contestaciones, el Ejecutivo desvela datos acerca de «presuntas torturas» en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, denuncias de los presos por supuesto maltrato en las cárceles o, incluso, miembros de las Fuerzas Armadas de baja por motivos psiquiátricos o maniobras realizadas por el Ejército.

Torturas

En una pregunta reciente, el diputado de la Bildu Jon Iñarritu, requirió por ejemplo información al Ejecutivo sobre «cada una de las denuncias presentadas por torturas» en los centros penitenciarios de Castellón II, Huelva, Madrid VII, Puerto III y Sevilla II. Cárceles que, recogía Iñarritu, «destacan por el gran número de denuncias de torturas y malos tratos presentadas por parte de los internos». El diputado se interesaba además por «el relato de los hechos de cada una de ellas» y el resultado.

Interior ofrece una pormenorizada respuesta, indicando los hechos relatados por los internos en cada una de las denuncias -«torturas, porrazos, puñetazos, reducción a golpes, asfixia», «malos tratos por protestar porque una cabina de teléfono estaba estropeada», «malos tratos porque tenía una cuchilla de afeitar en su poder»-, el lugar en el que se producen los hechos denunciados, la instancia judicial que se ocupa del caso y el resultado de la investigación interna.

El Gobierno informa de que «todas y cada una de las denuncias por malos tratos son investigadas y, como resultado de la investigación, ningún funcionario de esos centros ha sido sancionado en vía administrativa ni condenado judicialmente por las denuncias presentadas» y aclara que «el Ministerio del Interior no tolera este tipo de conductas, siendo perseguidas tanto penal como administrativamente».

El Ejecutivo también resuelve sobre una pregunta relativa «a los expedientes por denuncias de supuestas torturas en los ámbitos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil» o «el número de agentes de la Policía y la Guardia Civil que han estado de baja médica por motivos psicológicos o psiquiátricos en los últimos 20 años», así como el número de consultas realizadas por miembros de las Fuerzas Armadas a este tipo de servicios. También se informa del número de agentes que se han suicidado.

Beneficios a etarras

El Gobierno, en cambio, se muestra más ‘cauteloso’ en los asuntos relativos a ETA y sus víctimas. Así, el Ministerio del Interior oculta al Congreso de los Diputados los expedientes administrativos tramitados por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para decidir los acercamientos y beneficios penitenciarios a presos de la banda, así como los criterios aplicados para autorizarlos.

Vox remitió más de 50 preguntas interesándose, uno a uno, por medio centenar de terroristas beneficiados por el Gobierno de Sánchez, mediante traslados o progresiones de grado. En dichas preguntas, la formación de Santiago Abascal requería al Ejecutivo información, por ejemplo, sobre la petición de «perdón expreso a las víctimas», por parte del recluso, el reconocimiento del daño causado o la colaboración con la Justicia.

Sin embargo, el Gobierno responde con una contestación predeterminada, remitiéndose a una intervención del ministro, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso, el pasado 24 de junio, en la que se limitó a defender la «aplicación de la Ley General Penitenciaria» que, dijo, «prevé la necesidad de progresar, determinar y clasificar en grados al conjunto de los internos y siempre de forma individual, que es lo que hacen las juntas de tratamiento y bajo control judicial».

«La dispersión fue un instrumento importante que se utilizó para luchar contra la organización terrorista ETA» pero, consideró Marlaska, «la organización terrorista ETA fue vencida en el entorno del Estado de derecho» y, por ello, «estamos en otro momento histórico».

Desde Vox se reprochó la intención de «poner fin a la actual política de dispersión penitenciaria» y se denunció un «proceso de negociación indirecta con los presos a través de Bildu» para una «excarcelación encubierta generalizada». 

Archivos de la Guardia Civil

Bildu ha planteado en las últimas semanas más cuestiones acerca de las Fuerzas de Seguridad, que esperan aún respuesta. El partido de Otegi reclama información, por ejemplo, sobre «el nombre de cada uno de los archivos, sistemas o bases de datos que tiene la Guardia Civil» y «los tipos de datos que se archivan en cada uno de ellos», además de las «unidades que tienen acceso» a los mismos.

También han requerido información sobre «personas que hayan tenido lesiones permanentes como resultado de actuaciones policiales».