Sánchez borra la reforma de la ley para multar los homenajes a etarras de su agenda legislativa

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado en repetidas ocasiones que trabaja en una reforma de la ley de víctimas del terrorismo para sancionar los homenajes a etarras, los llamados ongi etorri. Esa supuesta reforma lleva meses encallada en los planes del ministro, mientras en las calles vascas y navarras se suceden los recibimientos a miembros de ETA. De hecho, se trata de una promesa que Marlaska trasladó a las propias víctimas al poco tiempo de llegar al cargo y que, hoy por hoy, tiene un futuro más que incierto. En los planes legislativos del Gobierno para 2022 no figura la reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, ni ningún reglamento al respecto.

En septiembre, Grande-Marlaska aseguró en el Senado que el nuevo régimen sancionador contra los homenajes a presos y dirigentes de ETA estaba «realmente avanzado», aunque dijo estar a la espera de la evaluación de la Comisión Europea respecto al delito de enaltecimiento dentro de la directiva 2017/541 sobre terrorismo. Desde el Partido Popular se le reprochó al ministro la lentitud en un momento especialmente polémico por la convocatoria de un homenaje al sanguinario Henri Parot.

El Gobierno sí incluía esa reforma en el Plan Anual Normativo de 2020, en el que se proponía «profundizar en la mejora de los derechos de las víctimas el terrorismo, como referente ético de nuestro sistema democrático, incorporando medidas como la ampliación del ámbito subjetivo de la Ley, o equiparar determinados derechos de las víctimas». Un año después, sin embargo, no había rastro de esa reforma, como tampoco lo hay en el plan aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros.

«Derecho de reunión»

En este tiempo, el PSOE ha rechazado en diversas ocasiones prohibir los homenajes a etarras. Los socialistas han llegado a asegurar que estos actos, que suponen un claro desprecio hacia las víctimas, han sido avalados por los tribunales en virtud del derecho de reunión.

En diciembre de 2018, el Parlamento Europeo ya requirió a los estados miembros que prohibiesen los homenajes «a las personas declaradas culpables de llevar a cabo actividades terroristas mediante sentencia firme». El Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, nunca ha actuado para evitarlos, pese a que la ley actual ya le faculta para hacerlo.

En noviembre, el autodenominado Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK) aseguró en un comunicado que renunciaba a los homenajes públicos a los etarras. Ello no implicaba el fin de esos actos de humillación, sino que pasarían a celebrarse forma «discreta» y privada. «Construir puentes y no trincheras es una condición indispensable para la convivencia democrática», celebró entonces Arnaldo Otegi.

Poco duró esa promesa, pues en diciembre se conocieron varios actos de homenaje e incluso se anunció otro por el etarra Parot, finalmente sustituido por una concentración de apoyo a los presos. Precisamente, es en esa fórmula en la que se esconden los proetarras para convocar este tipo de actos. Hace unos días, sin ir más lejos, se celebraron casi 200 movilizaciones en el País Vasco y Navarra para reclamar el traslado de reclusos y la concesión de permisos. Las marchas contaron con la adhesión de Podemos, partido socio de Pedro Sánchez. El Ejecutivo mantiene su política de acercamientos y de beneficios a los etarras y ya ha permitido que más de la mitad de los presos terroristas cumplan su condena en cárceles vascas o navarras.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, criticó «la impunidad» ante la celebración de 200 actos en favor de los presos etarras. El partido trató de impedirlo acudiendo, sin éxito, ante la Fiscalía General del Estado.