Sánchez se apoya en Bildu para su «acuerdo de país» contra los «discursos de odio»

El Gobierno ha lanzado en los últimos días una campaña contra los supuestos «discursos de odio» que circulan por las redes sociales, un argumento que el Ejecutivo utiliza en su ofensiva contra la «ultraderecha». En definitiva, una excusa para tratar de justificar el plan contra la prensa libre que Pedro Sánchez diseña con la colaboración de sus socios habituales de legislatura. El PSOE, además, propuso hace sólo unos meses en el Congreso una propuesta de «acuerdo de país» contra lo que considera «discursos de odio», que contó con el apoyo de Bildu y los partidos separatistas, Junts y ERC. Esos son los aliados preferentes con los que Sánchez prepara su plan contra los medios.

En ese plan, se enuncia que la «trayectoria intachable» de nuestro país «en el avance continuo de conquista de derechos de las personas racializadas, migrantes, LGTBI y demás colectivos y minorías vulnerables, se ha visto frenada y gravemente amenazada por las políticas desplegadas por determinadas administraciones autonómicas y locales, especialmente tras los cambios en algunos ejecutivos que tuvieron lugar en mayo de 2023».

«Desde que la ultraderecha irrumpió en las instituciones públicas, los discursos de odio se han expandido y las agresiones contra el colectivo han ido en aumento», exponen los socialistas, que alegan que «el aumento de los discursos de odio dirigidos hacia diversos colectivos y minorías (…) representa una seria amenaza para la convivencia pacífica y los derechos humanos en nuestra sociedad»: «Estos discursos no sólo generan división y promueven la discriminación, sino que también pueden derivar en actos de violencia física y emocional».

El partido de Pedro Sánchez trata de construir un relato para justificar su ofensiva contra los medios que publican informaciones críticas, a los que el propio presidente socialista tacha de «pseudomedios».

«Estas manifestaciones son un mal que envenena nuestra convivencia y destruye nuestra capacidad de construir una sociedad mejor y más cohesionada. Y nos interpela a no ser indiferentes contra la injusticia y a actuar decididamente contra quienes atacan los derechos humanos y la diversidad», dicen los socialistas en su iniciativa, apoyada por Bildu, partido que nunca ha condenado los asesinatos de la banda terrorista ETA.

Así, finalmente, el PSOE y sus aliados se perfilan como abanderados de la protección de «las víctimas y las personas vulnerables» frente a «los discursos de odio».

Plan

El plan que proponen los socialistas abarca distintos ámbitos, como el educativo, donde pretenden promover medidas para «eliminar los prejuicios y estereotipos que alimentan los discursos de odio, así como que el alumnado adquiera las competencias necesarias que les permitan desarrollarse y vivir en el respeto a la diversidad y la promoción de la inclusión de las minorías y colectivos históricamente discriminados para el cumplido desarrollo de los currículos educativos».

Igualmente, se contemplan «campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad en general, a fin de concienciar sobre las consecuencias negativas de los discursos de odio y de promover el respeto a la diversidad». Y regar con subvenciones a asociaciones afines: «Impulsar el tejido asociativo que promueve el respeto a la diversidad y las redes de apoyo para las víctimas de los discursos de odio».

Igualmente, se dedicarán a «análisis estadísticos» sobre los «discursos de odio» y «un estudio anual que evalúe su impacto». También se formará a funcionarios públicos, como las Fuerzas de Seguridad del Estado y profesionales sanitarios.

En los últimos días, el Gobierno ha aprovechado el crimen del pequeño Mateo en la localidad de Mocejón (Toledo) para lanzar una ofensiva contra los medios y oposición, a quienes responsabilizan de la difusión de «discursos de odio».

En este contexto, el Ejecutivo se ha mostrado partidario de introducir medidas de control de las redes sociales.

Medidas que ha concretado ya el fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, quien considera que es necesario prohibir el acceso a redes sociales a quienes cometan delitos de odio «en los casos más graves», así como que los usuarios estén «debidamente identificados». La Fiscalía investiga supuestos mensajes de «odio» difundidos en las redes sociales contra inmigrantes, a los que se les acusaba del asesinato del pequeño de Mocejón.