Sánchez se erige en líder contra los «delitos de odio» mientras gasta 14 millones menos en combatirlos

El Ministerio de Seguridad Social y Migraciones ha convocado las subvenciones para el desarrollo de actuaciones en materia de extranjería, destinadas a la defensa de los derechos humanos de las personas extranjeras. Pese a que el Gobierno se ha manifestado en los últimos días contra los mensajes «racistas» en redes sociales, lo cierto es que el presupuesto de esta subvención para iniciativas contra los delitos de odio ha ido menguando considerablemente en los últimos años. Concretamente, desde 2022, esta partida se ha reducido en 14 millones, 8 en 2023 y 6 en la convocatoria de este año.

Varios ministros del Gobierno de Pedro Sánchez han iniciado en los últimos días una cruzada contra los mensajes de odio en redes sociales, a raíz de las publicaciones donde se cuestionaba la nacionalidad del asesino de Mateo -el niño de 11 años apuñalado en Mocejón-. Uno de ellos fue el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que planteó una «reflexión» sobre lo que considera «un asunto con el que nos jugamos mucho como sociedad y como democracia: combatir los bulos y el acoso en redes». A raíz de estos mensajes racistas, la Fiscalía ha hecho una serie de recomendaciones en las que se justifica el control de los mensajes en redes sociales.

Sin embargo, y pese a que el racismo es el eje central del argumentario del Gobierno para poner coto a los medios de comunicación y a las redes sociales, lo cierto es que el gasto que el propio Ejecutivo contempla para proyectos que defiendan los derechos de los inmigrantes y extranjeros ha ido menguando en los últimos dos años. En 2022, el organismo encabezado por Elma Saiz -y, anteriormente, por José Luis Escrivá- presupuestó 29,3 millones para empresas y entidades que presentasen proyectos «para prevenir y combatir los delitos de odio y el discurso de odio».

Esta convocatoria, de carácter anual, se repitió en 2023, aunque con un presupuesto mucho menor: el pasado año, el Gobierno destinó poco más de 22 millones a esta causa. Una cifra que ha aumentado ligeramente en la convocatoria de este año, hasta los 24,8 millones. Así, en las últimas dos convocatorias, el Gobierno ha recortado las subvenciones y ayudas para paliar los discursos de odio en casi 14 millones de euros.

Intervención de las redes sociales

A pesar de este recorte en el gasto para la lucha contra los mensajes de odio, el Gobierno se ha lanzado a abrir el debate sobre el uso de las redes sociales tras el crimen del pequeño Mateo en Mocejón. Y en ese debate ya se incluye la idea de que es necesario actuar ante unas «redes sociales sin controlar» y para preservar el «acceso a la información veraz». El Fiscal contra los Delitos de Odio ha planteado prohibir el acceso a redes sociales a quienes cometan delitos de odio «en los casos más graves» y que los usuarios estén «debidamente identificados».

Miguel Ángel Aguilar recomendó introducir mejoras legales para que por parte del Ministerio Público y los tribunales «se pueda interesar la prohibición de acudir a entornos digitales». «Con las herramientas que tenemos ahora podemos trabajar, pero indudablemente que algunos perfeccionamientos técnicos sí que precisaremos», afirmó, preguntado por una posible reforma del Código Penal para regular este tema.

Así, considera que «sería una pena proporcionada y necesaria» cerrar el acceso a «aquellas personas que se han servido de utilizar Internet o redes sociales para la comisión de un delito», «en los casos más graves y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto». Igualmente, el fiscal apuesta por analizar que los usuarios de redes sociales «estén debidamente identificados»: «Y que, sobre todo, cuando la requiera la autoridad judicial, se facilite la identidad de las mismas».

«Porque yo si cojo un coche o una moto estoy plenamente identificado, quiero decir. Entonces, yo creo que sería interesante porque muchas veces nos encontramos con la dificultad de que la investigación no puede prosperar porque desconocemos quién es el autor», argumentaba. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad están recopilando datos y analizando mensajes difundidos en redes sobre el caso del niño asesinado. Una vez estén elaborados los informes policiales y sean remitidos a la Fiscalía o a juzgados de instrucción, ahí será cuando se hará la valoración jurídico-penal.