Sánchez acelera los trámites para que Estrasburgo permita a los golpistas eludir la sentencia del 1-O

Supremo
Joaquim Forn y Oriol Junqueras.

El Gobierno dará prioridad absoluta al Tribunal de Estrasburgo para que los golpistas puedan alterar la sentencia del 1-O. Se trata de uno de los objetivos de Pedro Sánchez y de una de las ofertas que ya ha trasladado a los partidos separatistas. Porque lo cierto es que, pese a la exigencias de los golpistas y los compromisos alcanzados por el PSOE y Sánchez en primera persona a la hora de negociar apoyos para la moción de censura que cambió el Gobierno de España, ni jueces, ni fiscales parecen estar por la labor de relajar la acción de la Justicia en el 1-O.

Por ello, la única salida eficaz que observa Sánchez es la de que los golpistas acudan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos -el Tribunal de Estrasburgo- tras una sentencia de Tribunal Supremo que está cantada: de una fuerte condena, ya sea por rebelión o por sedición, pero con prolongadas penas de prisión de más de diez años.

De este modo, y para que los golpistas puedan librarse de esa más que previsible sentencia, los propios equipos jurídicos de los procesados hablan ya abiertamente del recurso al Tribunal de Estrasburgo. Y, en caso de que logren allí un fallo distinto al de la Justicia Española, será el propio Legislativo socialista el que se habrá encargado por el camino de dar prioridad legal a las resoluciones de esta sala para poder tumbar de ese modo el fallo del Tribunal Supremo.

Ese es el plan de los socialistas y el objetivo que Sánchez ha trasladado ya en sus reuniones con Quim Torra y con los partidos separatistas.

Hay que recordar en esta línea que el Tribunal de Estrasburgo no es una sala judicial dentro del orden jurisdiccional español, pese a los acuerdos internacionales firmados por España. Pero, pese a ello, fue el propio PP el que le dio prioridad en el caso de la descalificación de la doctrina Parot -la que defendía una cuestión tan de puro sentido común como que alguien que hubiese asesinado a dos personas no podía tener la misma pena efectiva que alguien que hubiese asesinado a veinte-.

El plan concreto del PSOE pasa por incluir una referencia expresa al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y a la necesidad de adecuar la interpretación del Título I de la Constitución Española a la jurisprudencia del TEDH y del TJUE. De esa forma la predominancia del Tribunal de Estrasburgo estará garantizada.

El problema de todo ello, es que el PSOE necesita de una reforma constitucional para poder realizar semejantes cambios. Y hoy por hoy, los socialistas no parecen contar con los apoyos suficientes como para sacar adelante esa transformación constitucional.

Por ello, mientras que acumulan -si es que lo logran- los apoyos necesarios para ese cambio, el plan B del PSOE consiste en ir abonando el terreno para dejar claro que harán caso del Tribunal de Estrasburgo en vez del Tribunal Supremo en el caso del 1-O. Y para ello, el paso decisivo será el bombardeo mediático para ir preparando a la población para comprender esa decisión.

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