Condena al Ministerio del Interior

Revés judicial a Marlaska: anuladas las medallas pensionadas a los policías afines jubilados en 2022

La Audiencia Nacional condena al Ministerio del Interior a pagar 4.000 euros en costas

La Justicia ya anuló en otras dos ocasiones estas concesiones de Fernando Grande-Marlaska

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La Audiencia Nacional ha asestado un nuevo varapalo a Fernando Grande-Marlaska. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1 ha anulado la concesión por parte del Ministerio del Interior de las medallas de plata a siete mandos de la Policía Nacional jubilados. Una magistrada considera que hay que revocar la resolución por «no es conforme a derecho». «Se aprecia la causa de nulidad de pleno por haberse prescindido totalmente del procedimiento establecido, al obviar la intervención de las organizaciones sindicales con el trámite de audiencia que la propia demanda les ha reconocido, vulnerando el artículo 28 de la Constitución», indica la sentencia consultada por OKDIARIO.

Se trata del tercer pronunciamiento similar de la Audiencia Nacional en contra de Interior. En esta ocasión la juez anula la resolución publicada en la Orden General Extraordinaria 16/09/2022. Condena a Interior a pagar la cuantía de 4.000 euros en concepto de costas judiciales.

La sentencia, fechada este 20 de mayo, tumba estas medallas que acarrean una pensión. En los últimos años Interior las otorga a dedo a policías de la cuerda ideológica de la actual cúpula ministerial. Esta vez se anulan condecoraciones a cuatro ex jefes superiores, un ex comisario general, un ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos y un ex responsable de Extranjería en Madrid. Se dieron sin consultar siquiera a los sindicatos y, por tanto, la Audiencia Nacional considera que no se han otorgado correctamente.

La sentencia recuerda que la ley de 1964, que regula estas condecoraciones, «delimita la concesión de la medalla de plata a supuestos tasados e individualizados», por lo que atendiendo a la trayectoria profesional de los mandos «sólo procedería la cruz al mérito policial con distintivo blanco», esto es, sin ser pensionada, a diferencia de la medalla de plata que sí supone un incremento del 15% del sueldo.

La magistrada no acepta los argumentos de la Abogacía del Estado para retrotraer las actuaciones. «No procede», esgrime, porque «no estamos ante un simple defecto de forma que pueda subsanarse».

Quejas sindicales

Para los sindicatos que han interpuesto sendas demandas contra esa resolución es todo un triunfo. Así lo trasladan desde la UFP, es decir, la Unión Federal de Policía. «Es un logro sindical y que de alguna manera sirve para hacer justicia y evitar un mal uso del dinero público en beneficio de escalas superiores de la Policía Nacional. Debemos ser y dar ejemplo, es una lástima que tengamos que recurrir a la Justicia», indica a OKDIARIO su portavoz, Serafín Giraldo.

También el sindicato CEP apunta a que este «nuevo revés deja en evidencia» al ministro Fernando Grande-Marlaska y también al Director Adjunto Operativo (DAO) y a la Dirección General, en sus casos por «tramitar y no oponerse en ningún momento a este despropósito».

Ese sindicato rechazó en octubre de 2022 que el Ministerio del Interior volviera a conceder un año después las medallas a mandos policiales pese a ser anuladas por la Audiencia Nacional alegando falta de motivación en los expedientes y carencias en el proceso de alegación, regulado por una ley franquista de 1964, motivo por el que el sindicato viene impugnando las convocatorias de estos premios. Consideran que se tienen que explicar qué actuaciones meritorias justifican esas pensiones extra.

De esta forma, los sindicatos afean que se usen las medallas honoríficas como «premio de final de carrera» y alertan que volverán a denunciar si se producen concesiones similares. En este sentido, tachan de «vergonzoso» que las condecoraciones se sigan regulando con una norma franquista, de 1964, «sin que ni PSOE ni PP hayan tenido el valor de cambiarla».

«Necesitamos una norma transparente, objetiva y con mecanismos de control», resaltan desde CEP, que ha recordado que esta es una de las razones por las que no asisten a las reuniones que convoca la Dirección General de la Policía en señal de rechazo a la gestión del Ministerio del Interior.

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