Rajoy traslada a su Gobierno que quiere la reforma de la financiación autonómica este año
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha trasladado internamente a su Gobierno que quiere la reforma de la financiación autonómica este año. Rajoy quiere dar impulso a la legislatura. Y sabe que si saca adelante un triple paquete con Ley de Presupuestos, de Financiación Autonómica y propuesta de reforma de las pensiones en el Pacto de Toledo -cuyo impacto se trasladaría a los Presupuestos-, lo cierto es que el año estará salvado desde el punto de vista de reformas y actividad legislativa.
Y la financiación autonómica puede ser la clave para todo ello. Porque las autonomías socialistas necesitan mejorar sus ingresos, y su presión puede provocar que el PSOE acceda a desbloquear unos Presupuestos que serán aprobados en Consejo de Ministros el próximo 27 de marzo y, a partir de ahí, dependerán precisamente de las alianzas políticas para ver definitivamente la luz.
Las conversaciones entre los líderes del PP y del PSOE ya han comenzado. Y el presidente del Gobierno ha comunicado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, su propósito de alcanzar acuerdos en materia económica de la mano del PSOE. Y, según fuentes conocedoras de esas conversaciones, Sánchez ha aceptado el guante para, al menos, hablar sobre ello. Y es que la posición del secretario general tampoco es excesivamente cómoda con unas autonomías que saben que la única forma que tienen de mejorar su financiación es pasando por un acuerdo que permite impulsar una nueva ley de financiación. Unas autonomías que han multiplicado por cuatro su deuda desde el inicio de la crisis.
De hecho, dentro de los “diez acuerdos de país” que citó Sánchez el pasado 9 de enero incluyó ya dos puntos que entran en este panorama: pensiones y financiación autonómica y local.
Las condiciones iniciales de las que parte el PSOE para avanzar hacia un acuerdo en materia de financiación pasan por aumentar el gasto en sanidad hasta un 5% del PIB, en educación hasta un 7%, y en dependencia y servicios sociales hasta un 2% del PIB. Todo ello, además de eliminar la regla de gasto de los ayuntamientos.
Pero todo eso es, efectivamente, el PSOE. O, dicho de otra forma, Ferraz -Pedro Sánchez-. Porque lo cierto es que las comunidades socialistas necesitan actualizar su cifra de ingresos con los nuevos datos de crecimiento y necesitan buscar una fórmula para aliviar la devolución de la deuda que mantienen con el Estado -el conjunto de CCAA españolas ha recibido ayudas por más de 250.000 millones de euros-.
Y en ese punto necesitan pasar por reformas como la que les pretende ofrecer el Ministerio de Hacienda, basada en prorrogar la devolución de la deuda contraída con el Tesoro español durante décadas -tal y como ha adelantado OKDIARIO-. Y por eso, los principales barones del PSOE han trasladado ya sus presiones a su secretario general de cara a la negociación de la financiación autonómica.
Así, las peticiones de Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana en el Comité Técnico de la financiación regional -que evaluará las exigencias de cada territorio de cara al diseño del futuro modelo de reparto de fondos entre autonomías- han reclamado abiertamente un mecanismo de nivelación de ingresos entre todas las regiones españolas, lo que, de facto, combate el pacto entre Sánchez y el PSC para dar a Cataluña un mecanismo individualizado que le garantice más fondos y privilegios que al resto de territorios, y, además, mete presión a Pedro Sánchez para que acepte entrar en una negociación este mismo año.
Andalucía pide «equidad»
La comunidad autónoma presidida por Susana Díaz ha exigido, en concreto, y según los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO, que se garantice una “equidad/nivelación” y que, en caso de querer avanzar hacia un principio de ordinalidad, que se discuta políticamente. Para ello, Andalucía reclama recursos adicionales.
Susana Díaz reclama, además, un avance sensible hacia la “armonización tributaria”, lo que restaría capacidad normativa a cada región, combatiendo las rebajas fiscales de autonomías como la madrileña.
Asturias busca “definir una cartera de prestaciones común que el sistema debería garantizar”, de forma que “todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, tengan derecho a recibir los servicios y prestaciones en igualdad de condiciones, por lo que el reparto de recursos entre territorios ha de partir de un análisis del gasto en términos homogéneos y de los factores que lo determinan”.
La Comunidad Valenciana se centra más en las cifras. Reclama cubrir una supuesta “insuficiencia” que se situaría en 2015 entre 12.961 y 13.343 millones de euros, según sea el criterio utilizado, y una insuficiencia acumulada durante el periodo analizado estaría entre 159.000 y 165.000 millones de euros. Pide más cesión de impuestos y que todas las CCAA infrafinanciadas “deben alcanzar a aquellas mejor financiadas”.
Castilla-La Mancha, por su parte, pide más recursos para “garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos”. Y exige la “nivelación plena (la misma financiación por habitante ajustado) y se opone al principio de ordinalidad”. También pide armonizar impuestos como el ISD y el IP. Y, si no se alcanzase un acuerdo, “deberían devolverse las competencias normativas al Estado”. Extremadura exige igualmente una nivelación plena de todos los servicios, por lo que “no es admisible la nivelación parcial”.
Y todas estas peticiones sólo pueden pasar por aceptar el guante de Rajoy para impulsar ya la reforma de la financiación autonómica.