El PSOE bloqueó un acuerdo para sancionar a los diputados que mienten en su curriculum

El PSOE bloqueó una propuesta del PP para que la Comisión del Estatuto del Diputado tuviese capacidad de verificación, lo que permitiría, por ejemplo, supervisar la veracidad de los datos que aportan en sus currículos o declaraciones de bienes y rentas y, en su caso, proceder a la sanción. La iniciativa, según fuentes ‘populares’, se hizo llegar al PSOE en la anterior legislatura y quedó paralizada por las reticencias de los socialistas. Hace mes y medio, el PP la retomó y se la trasladó al secretario general del grupo parlamentario, Rafael Simancas, aún sin respuesta.

El portavoz ‘popular’, Rafael Hernando, propuso este martes que los diputados que tengan falsedades en sus currículos no sólo puedan ser advertidos, sino también sancionados. Para ello tendría que procederse a una reforma del Reglamento del Congreso, que se antoja complicada por los múltiples desacuerdos entre los grupos.

El Reglamento parlamentario sólo recoge como ‘deberes’ de los diputados la asistencia a las sesiones plenarias, adecuar la conducta al mismo, respetar «el orden, la cortesía y la disciplina parlamentaria» y no divulgar las actuaciones que «según lo dispuesto en aquél, puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas».

Asimismo, los parlamentarios «no podrán invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional», tendrán obligación de formular una declaración de sus bienes patrimoniales y «deberán observar en todo momento las normas sobre incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la Ley Electoral».

Este último asunto, las incompatibilidades, que se debate en la Comisión del Estatuto de Diputado, tensa las relaciones del PSOE con el resto de grupos: los socialistas son los únicos que defienden una interpretación radical de las ocupaciones privadas de los diputados, de forma que sólo se les permita compaginar su escaño con actividades como la docencia ocasional, el ejercicio profesional puntual no remunerado, la creación literaria o la participación gratuita en programas y tertulias.

Esta circunstancia mantuvo bloqueado durante un año el primer informe del Congreso autorizando las actividades extraparlamentarias e impidió avanzar en otras cuestiones, como, precisamente, la verificación de la información aportada por los diputados.

El presidente de la comisión, el ‘popular’ Leopoldo Barreda, ya aprovechó una de las sesiones de este órgano para censurar a los socialistas por la falta de un acuerdo que impedía abordar nuevos retos, como «mejorar las declaraciones de actividades y las de bienes y rentas»,  aumentar la capacidad de supervisión, seguimiento y control de la comisión, establecer «el deber de que las declaraciones sean actualizadas, completas y veraces» o que se investiguen «omisiones, falsedades o incumplimientos» y, por supuesto «la determinación de las consecuencias y responsabilidades que procedan en esos casos». «Por no hablar de un código ético que sería la mejor respuesta al último informe Greco», concluyó Barreda, en referencia al análisis de corrupción que elabora el Consejo de Europa.