El PSOE gobierna en 14 de los 25 ayuntamientos más endeudados y que menos han invertido contra el Covid

Catorce de los 25 ayuntamientos de España con problemas estructurales de sostenibilidad financiera que menos han invertido en medidas contra el Covid-19 están gobernados por el PSOE. Así lo refleja el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que mide las líneas principales de presupuestos de la comunidades autónomas y las corporaciones locales 2021.

Estos consistorios con alcaldes socialistas son, en Madrid, Alcorcón, Navalcarnero, Parla y Arganda del Rey; en Andalucía, Jerez de la Frontera, Sanlucar de Barrameda, Ayamonte, Isla Cristina, Jaén, Puerto del Real y Arcos de la Frontera; en Castilla y León, San Andrés del Rabanedo, y en la Comunidad Valenciana, Gandia  y Alboraya.

Completan los 25 Ayuntamientos con problemas económicos que menos han invertido en atajar la pandemia tres del Partido Popular, Algeciras, Aranjuez y Caravaca de la Cruz; dos de Ciudadanos, Granada y Valdemoro; dos de Izquierda Unida, Totana y Palacios y Villafranca; uno de Andalucía por Sí (AxSí), Barbate; uno de Podemos, Almonte; y dos independientes, La Línea de la Concepción y Los Barrios.

La media del gasto de estas corporaciones locales (CCLL) en coronavirus a lo largo del año pasado fue de 25 millones de euros, muy por debajo de los 438 millones de euros que invirtieron en la pandemia las grandes corporaciones, entre las que se encuentran Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.

La AIReF utiliza como parámetros para medir la situación de riesgo en las CCLL la deuda viva más el remanente de tesorería negativo entre los ingresos corrientes (IC), el saldo de operaciones corrientes entre el IC, la capacidad de financiación entre el IC y el periodo medio de pago (PMP).

De acuerdo con esos datos, los ayuntamientos que peor están de toda España son Jaén, Jerez de la Frontera y Parla, los tres con gobiernos del PSOE.

El caso de Alcorcón

Alcorcón es el segundo municipio de Madrid con problemas económicos, solo por detrás de Parla, que menos invirtió en Covid y el séptimo de toda España, un extremo que recordó el diputado del PP en la Asamblea de Madrid Carlos Izquierdo a su alcaldesa, Natalia de Andrés, el pasado viernes durante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el gobierno regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020.

Visiblemente molesta, la regidora alcorconera, compareciente en la comisión, pidió amparo al presidente, el socialista José Ángel Gómez, y aclaró a Izquierdo que se limitaría a responder a preguntas sobre las actuaciones de la Comunidad de Madrid en relación a sus acciones con las residencia de Alcorcón y no «a evaluar la gestión del Ayuntamiento de Alcorcón».

El Consistorio, junto con el de Leganés, demandó el pasado mes de octubre a la Comunidad de Madrid por la presunta falta de asistencia a los mayores de sus geriátricos durante la primera ola de la pandemia, cuando fallecieron 116 ancianos en Alcorcón y más de 200 en Leganés.

Las demandas, presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acusan a la Consejería de Sanidad de inactividad para salvar la vida de estos ancianos y del «precarísimo estado de la residencias en cuanto a medios humanos y materiales para afrontar la mayor crisis sanitaria de la historia moderna de España, con una letalidad crítica en las personas mayores».

Sin embargo, al mismo tiempo que denuncia a la Comunidad de Madrid por esta situación, la también secretaria general de los socialistas de Alcorcón considera que la actuación durante toda la pandemia tanto del exministro de Sanidad Salvador Illa, como del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha sido «excelente».

En concreto, interrogada por Izquierdo en la Comisión sobre qué valoración hacía de la gestión de Illa en la crisis sanitaria, de Andrés replicó que «igual que los catalanes -en referencia a su victoria en las elecciones en la comunidad del pasado 14 de febrero-, excelente», el mismo adjetivo que utilizó para definir la polémica actuación de Simón durante la pandemia.

Además, la alcaldesa aseguró que el 112 encomendó al servicio de bomberos de Alcorcón la retirada de cadáveres de las residencias de la región, algo que, según han confirmado a Madridiario fuentes de Emergencias de la Comunidad de Madrid, es falso.

Realmente fueron los bomberos de la Comunidad de Madrid y no los municipales los que se encargaron de esa labor. El PP de Alcorcón ha pedido este lunes la dimisión de la alcaldesa por, señalan, faltar a la verdad en una comisión parlamentaria, un delito contemplado en el Código Penal y que puede acarrear penas de prisión de seis meses a un año y multa de 12 a 24 meses.

Para la portavoz del Partido Popular de Alcorcón, Ana Gómez, «resulta repugnante» que la alcaldesa «utilice la muerte de los mayores para buscar un rédito político».

En declaraciones a OKDIARIO, Gómez critica que De Andrés «no ha hecho nada» para luchar contra la pandemia en Alcorcón y «se dedica a denunciar a la Comunidad de Madrid».