Las prioridades de Sánchez: propondrá un Pacto de Estado para censurar lo que considere ‘fake news’

Oficina del Dato
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Combatir la denominada «desinformación» es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno socialcomunista. A los intentos de Podemos para controlar a los medios y la creación del ‘Ministerio de la Verdad’ se une la intención de Pedro Sánchez de proponer a las fuerzas políticas todo un Pacto de Estado para asegurar «el derecho a la información» y «la garantía de una opinión pública libre».

Las sospechas acerca de la intencionalidad censora del Gobierno, excusándose en la lucha contra la «desinformación», han sido plasmadas por profesionales y asociaciones. La opacidad del Ejecutivo en estas labores levanta las críticas de la oposición. Y más aún teniendo en cuenta los ataques de Podemos a la libertad de prensa.

La ponencia política del PSOE, presentada este sábado, dedica un apartado a la «democracia y desinformación», en el que exponen que «la difusión de noticias falsas y la desinformación conllevan graves riesgos para nuestra democracia». Una afirmación que no encontraría discusión si no fuese por el reiterado empeño de los socios del Gobierno en tachar de ‘fake news’ aquellas informaciones sensibles para sus intereses.

Según se recoge en el documento, esas noticias «polarizan el debate político, tensionan artificialmente nuestra vida pública, y ponen también en peligro nuestro medioambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía». Un argumento para desplegar toda una estrategia con la que hacerles frente.

«La desinformación y la propagación de bulos son una de las mayores amenazas que penden sobre las democracias liberales, porque minan la confianza en las instituciones y en los consensos básicos en los que se basa la convivencia pacífica», prosiguen los socialistas.

«La confrontación más primaria»

A continuación, defienden que «nos hallamos ya no ante la libre y diversa interpretación de la realidad, sino ante la construcción de realidades paralelas que eliminan directamente la posibilidad del debate y el contraste de las ideas y abocan irremisiblemente a la confrontación más primaria».

Según el partido de Pedro Sánchez «la salvaguarda de valores como la convivencia (y la defensa de la propia democracia) requiere de medidas que atemperen y limiten las consecuencias negativas de la difusión masiva de desinformación».

Y ello, opinan, es imprescindible hacerlo desde un amplio consenso político entre las fuerzas democráticas y la propia sociedad civil organizada» porque «la simple sospecha de que las medidas pudieran ser “de parte” sería suficiente para que estas perdieran su efectividad».

Una afirmación con la que el PSOE responde veladamente a las críticas por su estrategia contra la desinformación. Por ello, proponen «impulsar en el Parlamento un Pacto de Estado contra la Desinformación, en coherencia y armonizado con el Plan Europeo de Acción por la Democracia, que nos permita llegar a consensos básicos en la defensa de nuestro sistema democrático, implicando en ello a la mayor parte de la población posible».

Entre las medidas que proponen impulsar figura, por ejemplo, «aumentar la transparencia en los procesos de evaluación y selección de las noticias que se difunden en línea» o exigir a los proveedores de servicios intermediarios en línea que informen «sobre el funcionamiento de los algoritmos que regulan el contenido que consumimos porque, en última instancia, están afectando al derecho de acceso a la información».

Asimismo, quieren incidir en el ámbito educativo porque, opinan, «el dotar a la ciudadanía de herramientas para el análisis crítico, es más eficaz que cualquier reforma punitiva». «Estos planes deberán impulsarse principalmente en el ámbito educativo, pero también dirigirse a generaciones más veteranas con deficiencias de adaptación a un entorno cada vez más digitalizado e inmediato», concluyen.

Ministerio de la Verdad

El procedimiento de lucha contra la «desinformación», que fue aprobado en noviembre del año pasado, ha recibido las críticas de la oposición y también de las asociaciones de la prensa por su opacidad y su posible vocación censora.

En la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se explicaba que «la información veraz y diversa» es «uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas». También se advertía de la amenaza que supondría «la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persigue influir en la sociedad con fines interesados y espurios».

La estrategia admite que uno de los propósitos es «examinar» la «libertad y pluralismo» de los medios de comunicación. Y en el mismo procedimiento se admite que habrá una «monitorización y vigilancia» de los medios. Un punto que generó suspicacias.

Los trabajos de esa Comisión están envueltos en el secretismo. Este periódico intentó recabar dicha información a través del Portal de Transparencia. Sin embargo, en una resolución de la Vicesecretaría general de la Presidencia del Gobierno, se aseguró que la Comisión «al ser un instrumento técnico y de carácter permanente, no levanta acta de sus reuniones».

Por otro lado, se destacó que «la documentación que se elabora en el Departamento de Seguridad Nacional no es de uso público, salvo que expresamente se declare como Información de Uso Público (distribución no limitada)».

Los ejemplos de los ataques a los medios por parte del Gobierno son numerosos y han recibido incluso el reproche por parte de EEUU.

El departamento de Estado estadounidense recogía en su reciente informe anual sobre derechos humanos que: «El 1 de marzo, el presidente Pedro Sánchez acusó a los medios ‘conservadores’ de ‘agitar a la sociedad’ cada vez que los conservadores pierden una elección. El mismo día, el segundo vicepresidente y secretario general del partido Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que la prensa crítica con el Gobierno había ‘ofendido la dignidad del periodismo’. También en marzo, Pablo Iglesias amenazó con enviar a prisión a un periodista por publicar información comprometedora sobre su partido, especialmente sobre su financiación. Los comentarios fueron inmediatamente condenados por la Asociación de la Prensa de Madrid».

Una alusión que denunciaba los ataques del ya ex dirigente de Podemos contra el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, por publicar informaciones incómodas para sus intereses.

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