El principal socio del PSOE en Galicia pidió a Sánchez excarcelar a golpistas y etarras en la pandemia

Si el PSOE-PSG quiere gobernar en Galicia, tendrá que hacerlo de la mano del BNG, un partido que acaba de pedir, en plena pandemia, la excarcelación de los presos golpistas y etarras con el pretexto del coronavirus. La escena se vivió el pasado mes de mayo, cuando todos los socios de Pedro Sánchez al completo exigieron al Gobierno que excarcelase a los presos golpistas y etarras aprovechando el coronavirus.

Desde EH Bildu, hasta Unidas Podemos, pasando por ERC, Junts, PNV, Más País, CUP, hasta Compromís, y BNG. Todos ellos firmaron un manifiesto conjunto en el que exigían al Gobierno socialcomunista «adoptar medidas alternativas a la privación de libertad para garantizar el derecho a la salud de las personas presas durante la emergencia sanitaria».

La medida alternativa estrella es la excarcelación, por supuesto, también para etarras y golpistas con algunas condiciones. Según la argumentación de comunistas, proetarras y separatistas, incluido, por supuesto, BNG, «la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19 está teniendo un impacto muy fuerte sobre las personas en prisión».

«Medidas específicas sobre las cárceles»

Los socios de Pedro Sánchez afirmaban que «en ese contexto, importantes organismos internacionales urgen a adoptar medidas específicas sobre las cárceles» y que, por lo tanto, era necesario adoptar medidas «alternativas a la privación de libertad, incluida la excarcelación de personas presas, así como garantizar la atención médica adecuada a las necesidades específicas, sobre todo a grupos vulnerables o de riesgo: grupos de edad avanzada y grupos con patologías previas».

El BNG, socio necesario del PSOE en Galicia en caso de querer y poder gobernar, se unía, de ese modo a las formaciones que lideran, entre otros, Pablo Iglesias, Arnaldo Otegi, Oriol Junqueras o Carles Puigdemont para solicitar «al Gobierno español [del que muchos de ellos son socios] que adoptase las siguientes medidas:

La primera, la «excarcelación de personas presas, en especial de quienes presenten especial vulnerabilidad ante el Covid-19, concretamente internos/as que presenten patologías previas serias, crónicas o agravadas por la edad -mayores de 65 años-, por conformar grupos de riesgo ante el contagio de la pandemia».

La segunda exigencia pasaba por adoptar medidas «sin excepcionalidad de ningún tipo derivado de la tipología gravedad del delito, para la excarcelación de personas presas que hayan cumplido» determinada parte de la condena, que «no presenten alto riesgo de reincidencia y/o presenten pronóstico favorable de reinserción social, con recursos familiares o de su entorno social próximo, para someterse al confinamiento en los mismos términos que el resto de la sociedad».

Los socios del Gobierno de Pedro Sánchez exigían, además, que «se garanticen la coordinación entre Sanidad, Justicia e Interior para generalizar medidas de protección, examen de síntomas preventivo y diagnóstico rápido de personas en prisión, derivando inmediatamente a centros hospitalarios de la red pública a quienes presenten síntomas o den positivo por enfermedad de Covid-19″.

También pedían que «se garantice el derecho a la información a las personas presas, ofreciendo conocimiento actualizado y accesible del desarrollo de la pandemia y de las medidas adoptadas, a nivel general y, en particular, dentro de las prisiones, para prevenir y contener su propagación».

«Comunicación no presencial»

Reclamaban asimismo, que «se extienda la comunicación no presencial entre internos y familiares, con gratuidad de llamadas telefónicas, y ampliándose el recurso a las videollamadas más allá de las actuales restricciones limitadas a circunstancias de enfermedad o urgencia familiar».

Por si eso fuera poco, «se deben dar los pasos necesarios para proceder al acercamiento generalizado a prisiones cercanas a sus domicilios de todos los presos que así lo soliciten, ya que supone un impedimento añadido para la normalización de las comunicaciones de los internos».

Los firmantes eran «Jaume Asens (Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común), Gabriel Rufián (Esquerra Republicana), Laura Borràs (Junts per Catalunya), Aitor Esteban (EAJ-PNV), Mertxe Aizpurua (Euskal Herria Bildu), Iñigo Errejón (Más País) Mireia Vehí  (CUP), Joan Baldoví (Compromís), y Néstor Rego ( BNG)».

Hay que recordar que el BNG fue igualmente uno de los salvadores de Pedro Sánchez en su investidura. Porque el inesperado ‘no’ de Ana Oramas a apoyar la investidura de Pedro Sánchez -pese a que su partido, Coalición Canaria, había anunciado la abstención- convirtió en decisivo el voto del único diputado del BNG. Los independentistas gallegos resolvieron ‘in extremis’ su postura ante la votación al candidato socialista, decantándose por un ‘sí’ que avalaba el Gobierno socialcomunista con aliados separatistas y proetarras.

Los del BNG fueron los últimos en pronunciarse tras una maratoniana jornada en la que Sánchez negoció el apoyo de los partidos a cambio de promesas en financiación e inversiones. Si el BNG hubiese rechazado la investidura, al candidato socialista no le habrían salido las cuentas.