El principal centro mundial contra la corrupción, sobre la amnistía: «Fomenta la cultura de la impunidad»

La polémica ley de amnistía que reclaman desde Junts para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez conlleva «grandes riesgos». Así lo entiende la organización independiente Transparency International, que ha analizado la concesión de amnistías a delitos de corrupción (como los que se produjeron al organizar el 1-O) y sus conclusiones no dejarían en buen lugar al Gobierno español en caso de que finalmente los conceda: «Fomenta la cultura de la impunidad».

Según Transparency International, las amnistías para delitos de corrupción son «una medida políticamente controvertida que pone en tela de juicio los principios de responsabilidad penal y rendición de cuentas». Así lo sostiene esta organización, una de las más destacadas en la lucha contra la corrupción a nivel mundial, en un informe monográfico que analiza la amnistía como herramienta política.

El documento, titulado El uso de la amnistía en delitos de corrupción, ha sido elaborado por un grupo de expertos del Centro de Recursos Anticorrupción y del CMI Michelsen Institute. Asume entre sus planteamientos que su uso «puede fomentar una cultura de impunidad».

Recuerda en su análisis, además, «la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción insta a los Estados a imponer sanciones que tengan en cuenta la gravedad del delito, incluida la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la ley».

Además, Transparency International recomienda limitar el uso de la amnistía a ciertos casos, entre los que no recomienda los de corrupción. «Su concesión en casos de corrupción ha sido excepcional y también está previsto principalmente para contextos de transiciones políticas cuando los nuevos gobiernos están dispuestos a empezar de nuevo y romper claramente con la situación».

Amnistías para «proteger a delincuentes»

«Las amnistías demasiado amplias crean un precedente y probablemente socavar la disuasión y el Estado de derecho, fomentando una cultura de impunidad en la que los posibles infractores simplemente asumen que las malas prácticas acabarán siendo ignoradas o amnistiadas», advierte el informe.

Incide también en que son «medidas que no son consistentes con el objetivo de disuasión, rendición de cuentas y responsabilidad penal», y que así serán percibidas por la sociedad en caso de su concesión.

El informe continúa con los avisos: «La concesión de amnistías puede socavar el Estado de Derecho al brindar protección a los delincuentes y al mismo tiempo privar a las víctimas del acceso a la justicia», y advierte sobre el «mal uso de las amnistías por parte de la élite política».

Además, recuerda que otro de los peligros de este tipo de medidas contempla que «podría haber un interés general entre los políticos de todos los ámbitos por promover (y abusar) del uso de amnistías generales para cubrir actos de corrupción pasados o presentes y preservar una cierta forma de status quo que beneficie a la élite».

Ranking de la corrupción

No es la primera vez que la España gobernada por Pedro Sánchez se lleva un revolcón de esta organización. El pasado mes de enero se conocía que España retrocedía en el principal ranking internacional sobre prevención y lucha contra la corrupción que elabora Transparency International.

El Gobierno de Pedro Sánchez perdía un punto y bajaba varias posiciones en esta escala, justo el año en que Moncloa sacó adelante su rebaja de penas a un delito de corrupción como es el de la malversación. Se situó, así, al mismo nivel que países como Botswana, Cabo Verde o San Vicente y Las Granadinas. Con 60 puntos sobre 100, el Ejecutivo de Sánchez se vio superado por países como Bután, Barbados o Emiratos Árabes Unidos.

Los analistas de la firma, además, advirtieron de que la bajada de puntuación experimentada desde 2020, cuando se configuró el actual Gobierno de coalición, son «una clara señal de riesgo y peligro».

De hecho, España queda por debajo de la media de la Unión Europea, que marca en 66 la puntuación total de la región. Ocupa el puesto 14 de los 27 estados miembros, pasando a situarse en la mitad inferior de una tabla regional que lidera Dinamarca y Finlandia.

No era la primera vez que ocurría: la firma suiza Global Risk Profile (GRP) reflejó en 2022 una caída del puesto 23 al 26 en materia de anticorrupción. Datos significativos para un presidente que articuló la moción de censura con la que llegó al poder en torno a la lucha contra la corrupción de la que acusaba al anterior Ejecutivo.