El PP vota a favor de tramitar la proposición de ley del PSOE para disolver la Fundación Franco

El PP ha votado este martes en el Congreso a favor de tramitar la proposición de ley presentada por el PSOE para disolver la Fundación Francisco Franco y cualquier otra entidad que se considera que ensalza el franquismo o que humilla a sus víctimas. El PP ha sumado sus votos a los de la izquierda e independentistas, y Vox se ha quedado solo. Los de Abascal han votado en contra.

Esta votación ha tenido lugar en el Congreso sólo un día después de que trascendiera que el PP y Vox votaron a favor, «por error», de la conocida reforma legislativa que va a rebajar a decenas de etarras el cumplimiento efectivo de penas de prisión. Se calcula que serán 44 los beneficiados, entre ellos el sanguinario ex jefe de ETA Txapote.

Es el primer paso para sacar adelante la reforma de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, que afecta a uno de los derechos fundamentales protegidos constitucionalmente. Está recogido en el artículo 22, dentro del Título I de la Constitución, el que regula los derechos fundamentales y libertades públicas. Más en concreto, se inserta en el capítulo segundo de dicho Título, el que protege los derechos fundamentales y libertades públicas.

De ahí que la ley de Asociación que ahora quiere reformarse sea una ley orgánica. Y, por tanto, exige para su aprobación de una mayoría reforzada. Hace falta mayoría absoluta, no basta con la mayoría simple que es suficiente para la aprobación o reforma de una ley ordinaria.

El PP anunció que, cuando se tramite esta proposición de ley del Congreso, aportará enmiendas para reajustar el texto planteado por los socialistas. Entre los socios del PSOE, caso de los proetarras de Bildu, también han anunciado que presentarán enmiendas para que el alcance de esas cortapisas al derecho de asociación sean más amplias que las que contempla el texto promovido por el partido de Pedro Sánchez.

Derecho constitucional

La Constitución Española, en su artículo 22, proclama el derecho de asociación con el único tope de que las entidades no persigan «fines o utilicen medios tipificados como delito». Y establece que «las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada».

Hasta ahora, la Fundación Francisco Franco ha funcionado con normalidad sin que se entendiera que atentara contra esos límites que fija la Constitución ni la ley orgánica que desarrolla el derecho fundamental de asociación. El PSOE y sus socios comunistas e independentistas, sin embargo, defienden un endurecimiento de la ley en línea con las tesis que subyacen desde hace años en estas formaciones para hacer de la Guerra Civil y el franquismo una bandera política.

La Fiscalía de Sánchez

Dado lo establecido en la Constitución, cualquier reforma de ley orgánica deberá respetar en cualquier caso el control judicial a la hora de ordenar la disolución de una asociación. El Gobierno no puede hacerlo con una resolución administrativa.

De ahí que la proposición de ley que ha impulsado el PSOE en el Congreso no haya podido soslayar esa exigencia. Así, en línea con lo que impone la Constitución, se indica que la disolución deberá ser ordenada únicamente por la Justicia, si bien añade que será la Fiscalía la encargada del «ejercicio de la acción en este tipo de procesos». Y cabe recordar que el Gobierno colocó a la ex ministra y ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, al frente de la fiscalía de Memoria Democrática, lo que otorga al Ejecutivo de Sánchez de un privilegiado brazo ejecutor en este sentido.