El PP reclama al Gobierno que reduzca la burocracia para el personal de la seguridad privada

El Partido Popular (PP) ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a reducir las cargas burocráticas que impiden que haya más profesionales de seguridad privada. Denuncia que esta burocracia y tardanza en otorgar las licencias está provocando «una enorme escasez de estos profesionales».

Desde el sector empresarial se estima que este proceso de dilación abarca un plazo de entre cuatro y cinco meses desde que se inicia la tramitación en los servicios policiales, «afectando a unos 2.000 futuros profesionales del sector», precisa el PP, destacando que este número ha aumentado en un 20% en los últimos tres meses, «lo que evidencia que el problema, lejos de solucionarse, se agrava».

Por ello, elpide más recursos humanos y materiales para la Policía Nacional, que es la responsable de la emisión de las tarjetas de identidad profesional de seguridad privada, para así «garantizar la agilidad en este proceso».

En segundo lugar, reclama «restablecer, mediante desarrollo reglamentario, los requisitos que permitan la obtención de una autorización provisional para el ejercicio temporal de los cometidos profesionales de seguridad privada, definiendo en su caso, el periodo de vigencia o la posible exclusión de aquellos cometidos de especial criticidad o esencialidad que se consideren pertinentes».

Mejora retributiva para los agentes

Además, exige que «se reconozca y respalde» institucionalmente «el esfuerzo y la profesionalidad de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía», y vuelve a pedir la mejora de sus condiciones retributivas, «como forma de garantizar su dignidad profesional y su motivación en el desempeño del servicio público».

Se trata de una Proposición no de Ley (PNL), para su debate en la Comisión de Interior, que firman las diputadas Ester Muñoz, portavoz del PP, y Ana Vázquez, portavoz de Interior.

Imposibilidad de cubrir servicios

En la iniciativa destacan que la normativa de seguridad privada configura la habilitación del personal de seguridad como uno de los pilares esenciales del control administrativo sobre esta actividad, que complementa la seguridad pública. Se trata de un proceso administrativo que implica la acreditación de los requisitos de desempeño de cada profesión en el ámbito de la seguridad privada, donde el interés público exige los más altos niveles de rigor.

Señalan que a pesar de los elevados niveles de desempleo en la economía española en comparación con otros países de nuestro entorno, el mercado laboral presenta «una considerable dificultad para cubrir vacantes en determinados sectores y áreas geográficas». Un fenómeno que afecta a la construcción, agricultura, hostelería y transporte y que «es aún más evidente en el sector de la seguridad privada».

El PP afirma que el significativo tiempo que transcurre desde que un candidato muestra interés en formar parte del sector hasta que obtiene la tarjeta de identidad profesional, necesaria para acceder a un puesto de trabajo, «dificulta notablemente la atracción de talento».

Según explica, «esta dificultad de acceso persiste a pesar de los incrementos salariales pactados por los agentes sociales en el Convenio Colectivo Estatal, que ascienden a un 10,24% acumulativo en comparación con los términos vigentes en 2022».

Las diputadas Muñoz y Vázquez exponen en la iniciativa que el retraso en el proceso de obtención de la tarjeta de identidad profesional tiene «importantes consecuencias» para el interés público, manifestándose en «la imposibilidad de cubrir servicios crecientemente demandados, como han constatado diversos usuarios de estos servicios, incluidas muy diversas Administraciones Públicas».

Los candidatos desisten

Una realidad que provoca que «un número significativo de candidatos desista de iniciar el proceso de incorporación al sector, debido al considerable tiempo que debe transcurrir hasta la obtención de un puesto de trabajo, lo que también limita la capacidad de elección de candidatos idóneos por parte de las empresas de seguridad».

Afirma que este retraso burocrático «está condicionado, sin duda, por los escasos recursos humanos y materiales asignados a este procedimiento, especialmente por el muy limitado número de máquinas expendedoras de las tarjetas de identidad y del personal encargado de dicha tarea».

Autorización provisional

El PP apunta que la tarjeta de identidad no constituye un requisito condicionante para dicha habilitación, sino un trámite administrativo posterior. Por lo tanto, considera que mientras persista esta situación de falta de recursos, se debería regular la posibilidad de obtener una autorización provisional que permita el ejercicio temporal de las funciones profesionales.

Una medida que «podría implementarse sin menoscabar el carácter acreditativo y de identificación ante los ciudadanos que debe preservarse, justificando así una modulación de los supuestos y la validez temporal de dicha autorización», apuntan.

En este sentido, señalan que en otros ámbitos bajo la competencia del Ministerio del Interior, como el permiso de conducir, se ha establecido la obtención de una autorización temporal previa a la obtención del permiso físico. Una opción que «podría extrapolarse al sector de la seguridad privada, lo cual resultaría beneficioso para el interés público».