El PP pide al Supremo que anule nombramiento de Delgado como fiscal general

El PP ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que anule el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado al dudar de su idoneidad e imparcialidad para dirigir el Ministerio Público debido a la «inequívoca vinculación» con el Gobierno.

Tras conocer el nombramiento de la exministra de Justicia como fiscal general, los ‘populares’ ya anunció que recurrirían esta designación, pero el escrito de demanda, al que ha tenido acceso Europa Press, se presentó a finales del mes de julio.

En él, el PP solicita que se anule el real decreto por el que se nombró a Delgado al entender que no cumple con los criterios de idoneidad e imparcialidad exigibles para dirigir la Fiscalía debido a que en la anterior legislatura fue ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez.

A ello suma la «indiscutible militancia material/sustancial» en el PSOE, del que ha sido diputada hasta que dejó el escaño tras ser elegida como fiscal general, defendiendo «los postulados del partido sin matices».

Así, el partido liderado por Pablo Casado considera que el nombramiento de Delgado «rememora» la Ley Orgánica del Estado de 1967 del régimen franquista que otorgaba al fiscal general del Estado la función de «mero órgano de comunicación entre el Gobierno y la Administración de Justicia».

Por ello, cuestiona la designación de Delgado para este cargo, a quien califica como la «longa manus» del Gobierno, al entender que el Ejecutivo «ha renunciado a garantizar la independencia del titular de la Jefatura Superior del Ministerio Fiscal» con el fin de «situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación, como la Ley Orgánica del Estado, sin ocultamientos».

A lo largo de 79 páginas, la demanda presentada ante la Sala Tercera del Supremo recuerda que el pasado 14 de enero Delgado fue propuesta por el Consejo de Ministros como fiscal general del Estado, «tan sólo dos días después de ser cesada» como ministra de Justicia y «el mismo día en que entregaba simbólicamente a su sucesor la cartera del referido Ministerio».

Para el PP, que recalca que siete vocales del Consejo General del Poder Judicial cuestionaron la idoneidad de Delgado, la coincidencia de fechas supone el «mayor desprecio por nuestra Carta Magna y la imparcialidad del Ministerio Fiscal que la misma consagra en su artículo 124.2 la Constitución Española».

Para incidir en la falta de imparcialidad, recuerda las polémicas declaraciones del presidente del Gobierno sobre «de quién depende» la Fiscalía y asegura que Delgado «rezuma prejuicios, prevenciones y odios» contra los ‘populares’.

Según indica el escrito, es «pública y notoria la aversión» contra el partido de Casado y así se ha podido ver en sus distintas intervenciones como diputada del PSOE y como ministra. El PP sostiene que la «ausencia de objetividad es palmaria» y que por ello le genera «indefensión e intranquilidad».

Por otro lado, el escrito destaca que tampoco cumple el requisito de jurista de «reconocido prestigio», uno de los «elementos reglados específicos» para ser fiscal general del Estado. Según explica, Delgado «es jurista con más de 15 años de servicios efectivos en la carrera fiscal», si bien «su prestigio como jurista es ignoto».

El PP señala que el jurista que tiene prestigio es aquel que «genera respeto y confianza, no por su conducta personal o su situación social o su adscripción ideológica o por sus amistades, sino porque se ha ganado ese prestigio por su actividad jurídica de modo que es reconocido como tal en la sociedad y en particular, entre los juristas».

Sin embargo, en opinión de la formación política, el currículum de Delgado es «ramplón, de mínima entidad, de mínima cualificación más allá de exponer el cumplimiento efectivo», por lo que insta a los magistrados del Supremo a revisar este expediente para que comprueben lo dicho.

Por todo ello, los ‘populares’ consideran que el nombramiento de Delgado es un «ataque frontal y directo frente a la separación de poderes» y aseguran que el Ministerio Público «se degrada, se desnaturaliza, y se entierra». «Y la muerte de una Institución como el Ministerio Fiscal tal y como lo define la Constitución es también la muerte de la Constitución», concluyen.