El PP no reformará sus Estatutos para evitar que los imputados vayan en las listas

El Partido Popular no tiene previsto introducir ninguna modificación en sus Estatutos-que se debatirán en el congreso del 9 y 10 de febrero- para evitar que los imputados puedan ir en las listas electorales.

El partido defiende el momento de la apertura de juicio oral como el punto clave para tomar decisiones disciplinarias y por ello la mera imputación no será suficiente, como tampoco lo es para expulsar a un cargo interno.

La teoría del partido contraviene, no obstante, el acuerdo suscrito en agosto con Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy y que, en su punto 93 obliga a “la separación inmediata de cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción”. Los de Rivera han defendido además que los imputados no puedan ir en listas electorales.

Esta máxima no rige en los actuales Estatutos del PP, ni previsiblemente tampoco lo hará en los que salgan del congreso de febrero. La dirección popular defiende que, para que prevalezca la «presunción de inocencia», el momento idóneo para tomar medidas disciplinarias es la apertura de juicio.

El propio presidente del Gobierno ha apelado en numerosas ocasiones a la prudencia cuando no existe una acusación formal. De hecho, la muerte de Rita Barberá abrió en el seno del PP un intenso debate sobre la presunción de inocencia y la expulsión de políticos, no condenados.

Los populares aseguran, pese a ello, que el acuerdo con C’s-que afecta a cargos nacionales, diputados y senadores- se respetará.

Ello no implica que existan recelos sobre su literalidad exacta. En el PP se remiten a los pactos firmados por los de Rivera en distintos territorios para asegurar que en cada uno rige un criterio distinto sobre el momento en que un proceso por corrupción puede interferir en la vida política de un cargo o candidato.

De hecho, en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez ese momento era la apertura de un juicio oral, aunque para la investidura de Susana Díaz los de Rivera exigieron que el momento fuese la imputación misma.

«Casos mediáticos»

No obstante, en medios internos de Génova se precisa que estudiarán «caso a caso» cuando alguno de sus cargos o candidatos estén incursos en algún procedimiento judicial.

Los populares son conscientes de que los casos de corrupción que han afectado al partido en los últimos cuatro años les han pasado factura en las urnas, como la trama Gürtel, el caso Bárcenas, la operación Púnica o más recientemente el caso Taula que investiga al PP del Ayuntamiento de Valencia, y por eso pretenden evitar que los casos «de indudable repercusión mediática» puedan tener consecuencias.

«No nos harán los Estatutos»

En el PP insisten en separar el funcionamiento interno del partido de los compromisos firmados con Rivera, y, de la misma forma, la dirección tampoco es partidaria de que los próximos estatutos recojan la limitación de mandatos de los cargos a ocho años, o dos legislaturas. El pacto de investidura sí establece ese límite temporal para el ejercicio del presidente del Gobierno.

En Génova se recuerda que los de Rivera «no nos harán los Estatutos» e insisten en separarse de lo que consideran un acuerdo firmado solo para gobernar, lo que implica que descarten que, de forma obligatoria, los Estatutos recojan algunas de sus premisas.