El PP a los barones: «Si no hay Presupuestos, deberéis cumplir un déficit del 0,3% en lugar del 0,7%»

Esfumadas las esperanzas de que Pedro Sánchez consienta in extremis un cambio de voto en la investidura, el PP busca otras vías para presionar al PSOE de la urgencia de formar gobierno. 

La baza con la que aún cuenta Rajoy son las cuentas públicas, la aprobación del techo de gasto y, sobre todo, su impacto en las distintas administraciones, algunas gobernadas por el PSOE.

El mensaje a los barones del PSOE, según fuentes del Ejecutivo, es claro: «Si no hay Presupuestos, deberéis cumplir con un déficit del 0,3% en lugar del 0,7% pactado con Bruselas». Los gobiernos autonómicos se verían asfixiados en caso de que, expirado el plazo para cumplir con las obligaciones de Bruselas, las autoridades comunitarias impusiesen su severo plan de ajuste, ahora aplazado. 

Los populares buscan alentar así una rebelión interna en el PSOE, por la que sean los barones los que acaben forzando de una vez por todas a Sánchez a la abstención. En la dirección del PP no se oculta cierto desánimo con el hecho de que los dirigentes autonómicos no expresen de puertas hacia dentro la misma rotundidad que manifiestan en sus declaraciones públicas, de cara a favorecer la investidura de su candidato. Por ello, se confía en que la advertencia de que se pueda ‘cortar el grifo’ actúe como resorte y convierta al PSOE en una olla a presión para Sánchez.

El argumento es claro: las comunidades se vieron este año favorecidas por la política de flexibilización de los objetivos de déficit planteada por el PP, pero, advierten los populares, este ‘balón de oxígeno’ podría pincharse si no se le presentan los deberes hechos a Bruselas. 

España tiene de plazo hasta el 15 de octubre para enviar a los organismos europeos un Plan Presupuestario de Ingresos y Gastos, a su vez basado en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2017. Para ello, se requiere de un Gobierno operativo. 

Los plazos, ya muy ajustados, obligan a aprobar de inmediato el techo de gasto y la nueva senda de déficit, paso previo para que el Consejo de Política Fiscal y Financiera establezca los límites para cada comunidad autónoma. De esos límites dependerán, como es lógico, las políticas de las distintas administraciones territoriales, desde las comunidades a los Ayuntamientos. 

El argumento del PP es que, en caso de llegar a la fecha límite sin esas cuentas, las comunidades podrían verse en serios apuros para cumplir con las exigencias de Bruselas y  obligadas a un severo ajuste, que dé al traste con las políticas sociales y otras promesas electorales.

No en vano, las autoridades comunitarias han venido insistiendo al Ejecutivo español de la necesidad de que las comunidades apliquen medidas de recorte más contundentes por el reiterado desfase presupuestario.

7.000 millones de ‘ahorro’ en ajustes

El Gobierno se vio este año en la encrucijada de escenificar ante Bruselas el cumplimiento de las responsabilidades y, al mismo tiempo, sofocar las críticas de los Ejecutivos autonómicos por las exigencias de ajuste.

Hacienda decidió trasladar entonces a las comunidades el margen de la actualización del objetivo de consolidación fiscal, del 2,8% pactado inicialmente con Bruselas al 3,6%, lo que permitió ampliar al 0,7% del PIB la reducción de los números rojos, en lugar del 0,3% previsto.

Gracias a estos cálculos, las comunidades pudieron reducir los recortes previstos a la mitad, de los 14.000 a los 7.000 millones de euros, y elevar los presupuestos destinados, entre otros, al gasto social. Las arcas autonómicas se vieron además favorecidas por otras aportaciones: casi 7.500 millones de ingresos por el incremento de los fondos de la financiación autonómica y dos décimas más de PIB por gastos no recurrentes, como las facturas de la hepatitis C. 

Entre las comunidades en su día más críticas con las medidas de ajuste están precisamente dos gobernadas por barones socialistas, Andalucía y Comunidad Valenciana. 

“No voy a recortar en colegios ni en dependientes”, fue el aviso de Susana Díaz a Montoro, antes de pactar el nuevo límite. Según el cálculo de la Junta, el déficit fue en 2015 del 0,81 por ciento, aunque Hacienda lo elevó al 1,13 por ciento, casi medio punto por encima del límite marcado. Ahora, avisa el PP, los ajustes podrían ser severos. 

Abstención «por responsabilidad»

Que el PSOE se encuentra fracturado por el voto de la investidura no es secreto para nadie. Pero en los últimos días, corre además un clamor entre barones críticos e incluso afines al secretario general: una abstención “por responsabilidad” y “sentido de Estado”. Un trámite, resumen, para cumplir con Bruselas y devolver la confianza internacional, aunque el ‘coste’ sea investir a un candidato del PP. 

En esta vía insisten, precisamente, los socialistas en gobiernos autonómicos, preocupados por la ausencia de presupuestos y cómo ello les puede repercutir en sus respectivos territorios y ante sus electorados. Los mismos que se declaran indignados porque Sánchez se haya blindado por una guardia de corps, eso sí, cada vez más mermada-César Luena o Antonio Hernando-pero que lo mantiene ajeno a la realidad de sus federaciones e instalado en un callejón sin salida. 

Tras un brevísimo encuentro con Rajoy en el Congreso-apenas media hora- Sánchez dinamitó este lunes cualquier posibilidad de favorecer el gobierno del PP. El líder socialista responsabilizó al mismo Rajoy de la posibilidad de unas nuevas elecciones “por su incapacidad de lograr una mayoría” en el Congreso.