Podemos utiliza como abogado en la imputación por financiación ilegal a un asistente pagado por el Congreso

Podemos utiliza a un asistente de Irene Montero en el Congreso de los Diputado, Gorka Velle Bergado, como abogado del partido en la causa por financiación ilegal, delito electoral y falsedad documental que investiga el juez Juan José Escalonilla. Este asistente cobra de las arcas públicas y, sin embargo, es utilizado por el vicepresidente Pablo Iglesias para tratar asuntos internos de la formación como, por ejemplo, la defensa del propio partido que está imputado como persona jurídica en la causa.

Según consta en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la Cámara Baja, este letrado fue propuesto en junio de 2019 por la actual ministra de Igualdad para «el cargo de asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común».

En ese momento todavía no se había formado Gobierno y se estaba preparando la disolución de las Cortes para convocar las elecciones generales que se celebraron el 10 de noviembre de ese mismo año. Pero, pese a aquellas circunstancias, los dirigentes de Podemos ya estaban fichando ‘a dedo’ a personal de su confianza para que cobraran un sueldo público.

En la actual legislatura el grupo parlamentario de Podemos tiene el número máximo de asistentes que le corresponde por cada diputado: 38 personas ‘enchufadas’. Entre ellas se encuentra el secretario de Comunicación y Tecnologías de Información, el ex diputado Juan Manuel del Olmo, imputado en la causa que investiga la corrupción de Podemos en los Juzgados de Madrid.

Sueldo público

Un asistente cobra 2.027 euros mensuales. Pero existen diferentes categorías: asistente A (2.533 euros), asistente técnico (3.040) y asistente técnico A (3.547). El Congreso destina mensualmente más de medio millón de euros para el salario de este personal eventual.

Podemos aprovecha que el letrado Gorka Velle tiene un sueldo público, tras haberle colocado en el puesto, y utiliza los servicios de este abogado para tratar asuntos internos del propio partido. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que «no es habitual que se use a personal pagado con el presupuesto del Congreso para este tipo de asuntos, puesto que su trabajo es la defensa del grupo parlamentario en la Cámara para el que trabaja y no asuntos internos de los partidos políticos».

La función de este abogado –recalcan– no es solventar los problemas judiciales que puedan surgir internamente en el partido, dado que él no está contratado por Podemos sino por el Congreso. Tanto es así que la formación morada podría estar incurriendo en un delito de malversación al desviar fondos públicos para un asunto propio, explican.

La malversación consiste en un delito de apropiación indebida cometido por un funcionario o una autoridad. Por tanto, se comete cuando estos sujetos alteran el patrimonio público llevando a cabo las actividades que se castigan en el artículo 252 del Código Penal (infringir o excederse en el ejercicio de las actividades que les son encomendadas por la ley).

Por norma general, este delito se castiga con pena de prisión de 6 meses a 3 años. Si el perjuicio patrimonial no supera los 400 €, la pena será de multa de 1 a 3 meses.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el letrado Gorka Velle que ha declinado hacer comentarios sobre esta información, remitiendo a este periódico al equipo de Comunicación de Podemos.

Asesores en el Ministerio

El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero convocó en septiembre la provisión de hasta 17 nuevos puestos de libre designación entre personal funcionario. Dos de estos cargos pertenecen al círculo más cercano de la dirigente de Podemos en el Gobierno, es decir, a su Gabinete. De esta forma, sus asistentes se elevan ya de 13 a 15 con un coste superior al medio millón de euros para las arcas públicas.

Según sendas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los días 1 y 15 de septiembre, el departamento de Irene Montero ha iniciado el procedimiento para designar a otros 17 cargos ‘a dedo’ en dicho Ministerio. Uno de ellos es el puesto de secretario/a de la directora de Gabinete de Montero, que ostenta la abogada y miembro de la dirección de IU y del Partido Comunista de España (PCE) Amanda Meyer, hija del veterano ex eurodiputado Willy Meyer.