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Podemos se jacta en sus informes de que sus denunciantes de corrupción «no serán represaliados»

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El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Foto: EFE
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El escándalo que rodea a Podemos por su presunta ‘caja B’ y la reacción pública del partido de Pablo Iglesias choca con el mensaje que la formación ha venido trasladando en cuanto a transparencia.

Podemos incurre de nuevo en sus contradicciones, al demostrar una doble vara de medir en aquellas cuestiones que les afectan. En sus memorias internas, la formación morada presume de su sistema de ‘denunciantes’ internos, empleados que pueden canalizar sus sospechas de irregularidades, y aseguran que nadie será represaliado por ello. La realidad es que el ex abogado José Manuel Calvente fue despedido tras indagar varias sospechas acerca de las finanzas y contratación del partido.

En la última memoria, correspondiente al año 2019 y publicada hace apenas unas semanas, Podemos asegura lo siguiente: «Se garantiza la confidencialidad del o de la denunciante garantizando que en ningún momento pueda ser represaliado o represaliada».

En diciembre del año pasado, Podemos despidió a dos abogados por, según denunciaron, «investigar graves irregularidades». Se trataba de José Manuel Calvente, delegado de Protección de Datos, y Mónica Carmona, oficial de cumplimiento normativo. Entonces, en una carta dirigida al Consejo Ciudadano Estatal, Carmona afirmaba la presunta existencia de «irregularidades financieras, laborales y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido». Denunciaba, además, el «acto de represalia y posibles coacciones» contra ella y Calvente. «Estábamos investigando graves irregularidades de Podemos», explicaba, «en la que se verían envueltos varios cargos internos y que conllevaría graves perjuicios para el partido».

Calvente llevó esas investigaciones a la Justicia y, en consecuencia, el juez ha imputado a Podemos como persona jurídica, además de a parte de su cúpula, que deberán explicar las presuntas irregularidades de la financiación.

En su denuncia, el abogado purgado advertía del temor a las represalias por destapar las irregularidades. En el escrito exponía que había «podido averiguar la identidad de algunas personas que son testigos de algunos de estos hechos y que han colaborado directa e indirectamente» con su investigación.

«Algunas de estas personas temen por su integridad personal ante la dimensión de los hechos que podría desvelar o directamente no quieren verse políticamente implicados en esos hechos por lo que su testimonio debería recabarse en una fase posterior por parte de la Autoridad», señalaba.

OKDIARIO publicó en exclusiva los vídeos de la declaración de Calvente ante el juez Juan José Escalonilla, el pasado 29 de julio. En dicha comparecencia, el ex coordinador legal de Podemos se ratificó en su denuncia y expuso una por una las irregularidades encontradas a través de sus indagaciones.

Su testimonio es contundente e incluye afirmaciones como: «Me acordaré toda la vida cuando Pablo Manuel Fernández me dijo que estaban metiendo mano en la caja de todos y eso no lo podíamos permitir».

Purgas 

En la declaración, Calvente ya hizo referencia a las purgas en el partido de aquellos que se mostraban críticos con sus prácticas.

«Todas las personas decentes del partido comienzan a ser purgadas por esta cuadrilla de gente que lo único que quiere es aprovecharse de sus cargos para abusar de este poder. Se han quedado cuatro que están controlado y protegiéndose a sí mismos», acusó en su declaración.

La investigación se centra en aclarar las posibles irregularidades cometidas por Podemos en cuanto a su financiación. En la denuncia, Calvente asegura que la ‘Caja de Solidaridad’ del partido estaba siendo utilizada como una ‘caja B’ para ocultar gastos opacos.

Esta caja fue creada en 2018 a iniciativa de Rafael Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos y los fondos económicos procedían de las donaciones mensuales de cargos públicos estatales del partido. Por tanto, según su Reglamento, este dinero debía destinarse a distintos fines sociales.

Sin embargo, el abogado detectó irregularidades al observar que esta caja estaba siendo utilizada por Rafael Mayoral para realizar pagos de forma indiscriminada y sin control legal alguno sobre los destinatarios, a supuestas entidades opacas y sin identificar. Entre estas entidades se encontraba una supuesta asociación denominada #404 Comunicación Popular que no está registrada.

Nueva sede

Otro de los asuntos que están bajo sospecha es la compra de la nueva sede del partido. Como publicó este periódico, Podemos no siguió el proceso ordinario en la compra. Rocío Val, gerente del partido ahora imputada, apartó, según Calvente, a la persona encargada de garantizar los procesos de licitación de las obras del edificio que el partido compró por más de 2 millones en abril de 2018. De esta manera, Val pudo manejar todo lo relacionado con las contrataciones.

Tal y como desveló OKDIARIO en exclusiva, Podemos publicó en su página web un disimulado anuncio de licitación para adjudicar las obras de la reforma de su nueva sede por un importe de 650.000 euros. El concurso, de «carácter urgente», tenía como fecha límite el 30 de mayo, día que OKDIARIO pudo constatar que las obras ya habían comenzado, sin que el proceso de licitación estuviera cerrado.

Neurona

Además, Calvente declaró ante el juez que los contratos que firmó la formación morada con la consultora Neurona Comunidad, vinculada al ex dirigente Juan Carlos Monedero, podrían haber sido «simulados». En su denuncia, de hecho, incorpora el borrador de dicho contrato, elaborado por encargo de la cúpula.

Calvente denunció que Neurona Comunidad se constituyó en Sevilla en marzo de 2019 «expresamente para contratar con Podemos los gastos de campaña electoral».

«Son trabajadores los que detectan estas irregularidades. Me dicen: ‘Oye, yo estoy haciendo cosas para Podemos y resulta que las está facturando Neurona. Está facturando un servicio ficticio. ¿Cómo es posible que cobre 300.000 euros por hacer seguimiento de campaña, que es una cosa como… humo?’. Porque para mí, es humo. Son cosas muy raras que nos hacen sospechar», alertó Calvente.

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