Podemos y la Fiscalía querían prisión para el ciudadano que llamó «garrapata» y «chepas» a Iglesias

Podemos, Pablo Iglesias, Irene Montero y la Fiscalía peleaban por conseguir que llamar «garrapata» y «chepas» al líder morado y vicepresidente social sea constitutivo de pena de prisión. Así lo reclamaron en el juicio contra Miguel Ángel Frontera, el hombre que hizo sonar el himno de España ante el casoplón de Galapagar.

La querella de Pablo Iglesias describe algunos de los hechos denunciados contra Frontera: “Así, el día 7 de junio, sube un vídeo a la red social Twitter que lo titula: ‘Otro día más en casa de la Garrapata de Galapagar’”. El texto de la acusación añade que “antes, el día 5 sube otra publicación a Facebook de la que también se puede comprobar que la presión en la puerta de la vivienda de la querellante se lleva produciendo con anterioridad a esa fecha, con el consiguiente desplazamiento no permitido de su residencia en Brunete, dada la fase de la desescalada en la que se encontraba”.

La querella señala que “todas estas actuaciones que alteran el orden público, con marcado carácter de gamberrismo, intromisión y de lesión a los derechos de la familia de don Pablo Manuel Iglesias Turrión y el resto de sus vecinos, no pueden ser confundidas con el legítimo derecho de reunión, manifestación y expresión consagrados en nuestra Constitución Española”.

Traducido: que ahora los abogados de Iglesias y el mismo vicepresidente del Gobierno creen justo lo contrario que cuando ellos se dedicaban a hacer escraches al resto. O a promover las palizas a policías porque les producía “emoción”. O a afirmar que las instituciones debían ser tomadas “al asalto”.

El escrito de la acusación señala igualmente que “como demuestra el dossier que aportamos lo único que se dice es ‘Vamos a la gran cacerolada en el casoplón del Chepas’. Como demuestra, no es una protesta política sino una animadversión personal y de odio al vicepresidente del Gobierno de España y su familia”. Y como resumen de todo ello, el vicepresidente social de Pedro Sánchez considera que está siendo presa de acoso, coacción y todo un largo listado de delitos.

Frontera ya se ha defendido este martes ante las acusaciones realizadas por la pareja podemita y el juez ha dictado una orden de alejamiento contra él para que no vuelva a acercarse a las inmediaciones del casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero.

El papel de la Fiscalía de Delgado

Pablo Iglesias y la propia Fiscalía parecen haberse conjurado para que el hombre más famoso de todos los que protestaron ante su casoplón acabe en prisión: Miguel Ángel Frontera, la persona que hizo sonar el himno de España ante la mansión de Galapagar donde viven el vicepresidente social y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y que este martes se defiende de todo un largo listado de acusaciones por parte del vicepresidente y su mujer ministra, y de una denuncia presentada de oficio por la Fiscalía por injurias graves. Iglesias y Montero declararon este lunes que viven con «miedo» por las protestas del querellado.

El vicepresidente que tanto disfrutaba antes del “jarabe democrático” acaba, de hecho, de ampliar su querella contra Frontera para incluir nuevos delitos y sumar, de este modo, una mayor pena de prisión en caso de lograr condenarle. Entre los nuevos delitos que reclama se encuentra el de acoso, penado con hasta 2 años de cárcel, el de desobediencia, castigado con hasta 1 año de prisión, y el de coacciones, con hasta 3 años de cárcel.

Estas penas, añadidas a la que reclama la Fiscalía -que puede llegar hasta los dos años de prisión en el que caso de que se pruebe que ha dado publicidad a esas supuestas injurias- supondrían una prisión más que segura en caso de que Frontera pierda el caso judicial.

Sólo el delito de revelación de secretos -con penas de 1 a 4 años- hubiese sido suficiente para poder llevar a prisión a Frontera. Ese delito ahora ha sido rechazado judicialmente, aunque Iglesias ha ampliado la querella para intentar evitar que Frontera se libre de la cárcel. La unión del resto del delitos, evidentemente, asegura -en caso de confirmarse en sentencia- una entrada en prisión sin paliativos. Y todo ello ocurre con unas persona -Iglesias y Montero- que cuentan con uno de los mayores dispositivos de seguridad imaginables en España.

En total, el contingente de protección directa del casoplón de Iglesias está dotado de 20 agentes del Cuerpo Nacional de Policía. En concreto de la Unidad de Control de Protección -la UCP-. Todo el contingente se distribuye para cubrir los distintos turnos y garantizar una protección plena del perímetro de seguridad de Iglesias.

El plantel abarca la vigilancia estática del casoplón y de la parcela de Galapagar. E incluye la eliminación de la ya famosa garita en la que se había obligado a estar a la Guardia Civil en el exterior. La protección pasaba, de ese modo, a estar dispuesta en el interior de la parcela de Pablo Iglesias e Irene Montero. Y allí, también disponen los agentes de capacidad para grabar imágenes.

El control de la seguridad en las inmediaciones continúa en manos de la Guardia Civil, con lo que, de facto, la protección a Iglesias cuenta con dos cuerpos: uno interior y otro exterior.

Eso sí, en teoría, es la Policía la que coordina y avisa a la Guardia Civil en caso de percibir protestas exteriores que exijan de un mayor control o vigilancia. Además, un coche oficial con posibilidad de grabar imágenes esta apostado en las inmediaciones para poder realizar contravigilancia.

Todo un mecanismo que multiplica la protección de la pareja política que hace tiempo pedía el fin de la ley mordaza porque las protestas eran “jarabe democrático” y “libertad de expresión”. El mismo que ha exigido a Interior medidas reforzadas de protección y las ha obtenido.