La Fiscalía también denuncia por injurias graves a la persona que hizo sonar el himno en el casoplón de Iglesias

La Fiscalía muestra la misma dureza que contra Miguel Frontera, la persona que hizo sonar el himno de España ante el casoplón de Pablo Iglesias en las protestas por la gestión del coronavirus, que el propio vicepresidente del Gobierno. El Ministerio Público pide de oficio castigar también a Frontera por injurias graves, lo que conlleva una pena tipificada en la normativa española por este delito de entre seis meses y dos años de prisión. Además, el líder de Podemos acaba de ampliar la querella por acoso y coacciones.

Este lunes, día de los Inocentes, precisamente presta declaración Pablo Iglesias por el caso de las protestas ante su casoplón. El vicepresidente no deberá pasar siquiera por el juzgado, pidió declarar de forma telemática y el juez se lo concedió.

El vicepresidente y la propia Fiscalía parecen haberse conjurado para que el hombre más famoso de todos los que protestaron ante su casoplón acabe en prisión. El acusado es Miguel Ángel Frontera, conocido por hacer sonar el himno de España ante la mansión de Galapagar donde viven el Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y ahora se defiende de un largo listado de acusaciones por parte del vicepresidente y su pareja ministra, y de una denuncia presentada de oficio por la Fiscalía por injurias graves.

El vicepresidente que tanto disfrutaba antes del “jarabe democrático” acaba de ampliar su querella contra Frontera para incluir nuevos delitos y sumar, de este modo, una mayor pena de prisión en caso de lograr condenarle. Entre los nuevos delitos que reclama se encuentra el de acoso, penado con hasta 2 años de cárcel, el de desobediencia, castigado con hasta 1 año de prisión, y el de coacciones, con hasta 3 años de cárcel.

Estas penas, añadidas a la que reclama la Fiscalía -que puede llegar hasta los dos años de prisión, en el que caso de que se pruebe que ha dado publicidad a esas supuestas injurias- supondrían una prisión más que segura en caso de que Frontera pierda el caso judicial.

Ampliación de la demanda

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Collado Villalba ha recogido ya la nueva exigencia de Iglesias y ha resuelto ya la concesión parcial de algunas de sus reclamaciones: “Se admite parcialmente la ampliación de la querella formulada por el Procurador de los Tribunales, en representación de D. Pablo Iglesias Turrión, contra D. Miguel Ángel Frontera Díaz, únicamente, por un presunto delito de coacciones del artículo 172 y ss. del Código Penal, un presunto delito de acoso del artículo 172 del Código Penal y un presunto delito de desobediencia a agentes de la autoridad del artículo 556 del Código Penal”.

Y eso que el deseo punitivo de Pablo Iglesias ha sido limitado, porque el vicepresidente pedía aún más. El líder morado y protagonista de escraches en el pasado reclama penas y delitos mayores. Por eso el Juzgado ha señalado que «se inadmite a trámite la ampliación de la querella […] respecto al delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal (por los nuevos hechos denunciado en el escrito de ampliación de querella), al delito de alteración del orden público del artículo 559 del Código Penal y al delito contra los recursos naturales y el medio ambiente del artículo 325 del Código Penal”.

De este modo, Iglesias y la Fiscalía -bajo órdenes de la fiscal general Dolores Delgado- parecen buscar un auténtico ensañamiento contra la persona que protestó ante el casoplón de Galapagar por la pésima gestión de la pandemia del Gobierno socialcomunista.

De hecho, este mismo lunes, el vicepresidente Iglesias y su mujer y ministra Montero, declaran por videoconferencia en el Juzgado para intentar llevar a prisión a Frontera.

El acusado ha protagonizado ya un interminable relato judicial, al que no quieren poner fin ni el vicepresidente Pablo Iglesias ni la ministra Montero, por haberse paseado por delante del casoplón, haber grabado imágenes y haber hecho sonar el himno de España. Una increíble historia teniendo en cuenta que las acusaciones están sustentadas por los mismas que pidieron durante años escraches masivos para buena parte de los políticos de centro derecha de España.

Una querella interminable

La acusación inicial, de hecho, era interminable: «El día 23 de julio de 2020 el Procurador de los Tribunales D. Esteban Muñoz Nieto, en representación de D. Pablo Manuel Iglesias Turrión, formuló una querella contra D. Miguel Ángel Frontera Díaz, por un delito de coacciones del artículo 172 y ss. del Código Penal, un delito de acoso del artículo 172 ter del Código Penal, un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal, un delito de desobediencia a la autoridad del artículo 556 del Código Penal, un delito de alteración del orden público del artículo 559 del Código Penal y un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente del artículo 325 del Código Penal».

Sólo el delito de revelación de secretos -con penas de 1 a 4 años- hubiese sido suficiente para poder llevar a prisión a Frontera. Ese delito ahora ha sido rechazado judicialmente, aunque Iglesias ha ampliado la querella para intentar evitar que Frontera se libre de la cárcel. La unión del resto del delitos, evidentemente, asegura -en caso de confirmarse en sentencia- una entrada en prisión sin paliativos.