Podemos se ahorraba 30.000 € anuales por escolta al contratarles como chóferes incumpliendo la ley

La polémica de la escolta de Irene Montero no sólo ha destapado el trato “discriminatorio” de la líder de la formación morada con la trabajadora convertida en recadera, sino la situación “claramente ilegal” en la que Podemos la contrató tanto a ella como a varios de sus compañeros. Podemos diseñó un “modelo mixto” para dar de alta a los escoltas como chóferes -adscritos al Área Logística y de Transporte- y ahorrarse 30.000 euros anuales por cada uno de ellos.

Así se desprende de un informe interno confeccionado en 2016 por el entonces jefe de Seguridad de Podemos, Sergio Illanes, donde se detallaba vía mail, a la cúpula del partido, el modelo de financiación del departamento y las diferentes áreas que lo integran.

El documento, al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, refleja cómo los trabajadores contratados en Logística Transporte, eran «los chóferes» que hacían «las funciones de conducción” pero dejando la puerta abierta a que pudiesen “formarse como Escoltas”. En dicho caso, el partido les pagaría los cursos necesarios para obtener la titulación oficial -de la que carecían cuando fueron contratados- de manera que pudiesen quedar habilitados y realizar, por el mismo sueldo, una doble función.

«Si invertimos en formar a nuestro personal de Logística Transporte», en materia de seguridad privada, «ahorraremos a los presupuestos del partido, aproximadamente unos 30.000 euros anuales por trabajador», decía Illanes.

Para ello, se utilizaba lo que él mismo denominó un «modelo mixto» laboral que, además, permitía a Podemos»combinar» en el día a día a los policías oficiales asignados por el Ministerio del Interior con «los ‘Escoltas del partido’». Eso sí, estos últimos sólo podrían actuar como personal de seguridad acompañando a los primeros.

Más allá «del ahorro», argumentaba Illanes, «la importancia de la profesionalización de los compañeros de Logística Transporte, pasa por evitar problemas legales en las funciones que se desempeñan a diario» y que obligaba a la formación a contratarlos a través de una empresa especialista autorizada por Interior.

Podemos no cumplió el requisito. Tal es así que el propio Illanes advirtió a Montero y a otros dirigentes de Podemos, en reiteradas ocasiones, de que la situación de «clara ilegalidad» laboral en la que incurrían en la contratación de los escoltas era susceptible de sanciones que podían alcanzar los 600.000 euros.

A sueldo del partido

El hecho de que en el mismo informe del Departamento de Seguridad de Podemos se reconozca que los salarios de los chóferes-escoltas saldrían «del partido» muestra, una vez más, que Podemos incumplió los requisitos legales en materia de seguridad privada.

La ley vigente establece que la actividad de protección de personas, a título particular, “podrá ser desarrollada únicamente por escoltas privados integrados en empresas de seguridad”. Esto es, a través de especialistas proporcionados por empresas “inscritas para el ejercicio de dicha actividad” y que cuenten con la “autorización específica” del Ministerio del Interior para la contratación de servicios de protección.

Una exigencia incompatible con la fórmula diseñada por Podemos para adscribir los sueldos de la escolta de Montero y otros tres chóferes titulados en materia de seguridad -y contratados como personal del Área Logística y de Transporte- «al presupuesto del Departamento» dirigido por Sergio Illanes.

El propio Illanes insiste, al término del informe, en la «clara ilegalidad» de Podemos al recordar que “todas las contrataciones de personal de Seguridad Privada, salvo los directores de Seguridad», tendrían que hacerse a través «de una Empresa de Seguridad Privada, artículo 5.1.b) de la Ley 5/2014”.

Problema grave

El informe del jefe del departamento de seguridad confirma, una vez más, las irregularidades entorno al contrato de la escolta de Irene Montero y donde la trabajadora figura como personal del Área de Logística del Partido, en el grupo de «ayudantes no titulados».

Sin embargo, el propio Sergio Illanes reconocía en un correo remitido a la dirección de Podemos en noviembre de 2016 que «dado que las funciones que viene a desempeñar son las de Escolta», el hecho de que en su contrato -y en el de otros 3 compañeros- figurase una categoría profesional diferente generaba un «problema legal» grave, tanto para el partido como para ellos.

En dicho mail Illanes mostraba su preocupación por la “clara ilegalidad” en la que estaba incurriendo Podemos al contratar, al menos, a dos de sus escoltas como empleados del área de Logística y Transporte.

“Ya hemos escrito por varias vías y reiteradas veces al Consejo de Coordinación y al departamento de legal (el cual coincide con el criterio y los informes presentados)”, decía Illanes para lamentar que desde el órgano de dirección de Podemos se hubiese “omitido en repetidas ocasiones la deliberación y decisión sobre los compañeros de Logística y Transporte”. Entre ellos, la escolta de Montero.